<p>»Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», sostuvo <strong>Álvaro García Ortiz</strong> en una declaración institucional que pronunció el 16 de abril de 2024 en la <strong>Fiscalía General del Estado.</strong></p>
El fiscal general intentó frenar dos noticias de EL MUNDO con falsedades pero los hechos fueron confirmados y dejaron a García Ortiz en evidencia
«Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», sostuvo Álvaro García Ortiz en una declaración institucional que pronunció el 16 de abril de 2024 en la Fiscalía General del Estado.
Por aquel entonces, el Colegio de la Abogacía de Madrid y el empresario Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– se habían querellado contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos de Madrid Julián Salto por un delito de revelación de secretos. La causa, en diferentes momentos procesales y por parte de diferentes tribunales, acabó siendo archivada para ambos.
Cuando García Ortiz pronunció esas palabras había pasado más de un mes del momento de la filtración de los datos reservados de la pareja de Ayuso y 32 días desde que el periódico EL MUNDO publicó una información titulada: «El fiscal general dio orden de difundir la nota con las conversaciones secretas de la Fiscalía con el novio de Ayuso». En aquella noticia, se desvelaba que García Ortiz había dado instrucción directa de difundir ese comunicado de prensa a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y que el papel de la Fiscalía Superior se había limitado a cumplir la orden dada por el fiscal general.
Antes de publicar aquella información, este periódico contactó con la Fiscalía General del Estado y desde su gabinete de Comunicación no sólo se negaron a confirmar que la orden fue dada por García Ortiz sino que, además, repetían insistentemente que la nota era de la Fiscalía Provincial de Madrid -en el membrete del comunicado aparecía este departamento de la Fiscalía ya que Lastra se negó a usar el suyo, Fiscalía de la Comunidad de Madrid-. Pese al desmentido, EL MUNDO publicó aquella información que apuntó por primera vez al fiscal general en una acción que a la postre ha resultado ser delictiva. En la misma se recogió la versión dada por Fortuny.
La noticia salió primero en la web de EL MUNDO y al día siguiente, el 16 de marzo de 2024, como noticia principal en la portada de la edición en papel, donde además se informó de la negativa del Colegio de la Abogacía de Madrid a firmar un comunicado conjunto para zanjar la polémica, tal y como había propuesto García Ortiz.
El tiempo, varias exclusivas periodísticas que arrojaron luz sobre lo sucedido -la portada de EL MUNDO de 11 de mayo de 2024 titulada «Fiscalía General presionó 12 horas para difundir datos reservados del novio de Ayuso» contó lo sucedido en las horas clave de la filtración con la petición de los correos y la insistencia de Fortuny hasta sacar al fiscal Salto del fútbol; mientras la portada del 20 de junio informó de los whatsapp de García Ortiz dando la orden: «Es imperativo sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos ganan el relato»- y una posterior investigación judicial han puesto las cosas en su sitio.
No es que «como fiscal general del Estado» García Ortiz estuviese «informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado», es que capitaneó una operación política desde la Fiscalía General contra la pareja de la presidenta madrileña, temida adversaria del Gobierno de Pedro Sánchez. La nota no sólo no era de la Fiscalía Provincial de Madrid, tal y como se le dijo a este medio, sino que fue dictada por el mismísimo García Ortiz a su directora de Comunicación.
En aquella declaración institucional, el fiscal general aseguró además que «no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones» mientras añadía que «la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial». No ha concluido lo mismo el Tribunal Supremo al condenarlo por un delito una revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal y obligarle a indemnizar por daños morales a González Amador.
Además, a lo largo de este procedimiento, tanto en la instrucción como en el juicio, desde la Fiscalía General -lo declaró García Ortiz en instrucción y su mano derecha Diego Villafañe y la directora de Comunicación, Mar Hedo, también en la vista oral-, se aludió al caso del Tsunami Democrátic como un episodio traumático debido a que habían mentido a un medio de comunicación. Ese medio era a EL MUNDO, a quien el fiscal general aseguró que era «rotundamente falso» que existieran dos informes redactados sobre este caso, donde un fiscal del Supremo pasó de ver terrorismo en la actuación de Carles Puigdemont a no apreciarlo.
Pese a las mentiras de García Ortiz y a la amenaza de que acabaría demandándonos si lo publicábamos, este periódico sacó una primera información el 5 de febrero en su portada titulada «El fiscal del Supremo vio terrorismo en Puigdemont por Tsunami y cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general». La reacción de la Fiscalía General fue sacar otra nota de prensa para desmentirnos.
Un día después EL MUNDO publicó a toda página los dos informes redactados por el fiscal Álvaro Redondo con 72 horas de diferencia y donde se esfumaron los hasta cinco indicios de «terrorismo» contra Puigdemont que había previamente apreciado este fiscal. Ese mismo 6 de febrero, la Junta de fiscales del Supremo, por abrumadora mayoría, acordó abrir causa al ex presidente catalán por terrorismo.
Desde estos hechos han pasado 21 meses y, pese al «problema muy importante» que supuso este episodio porque «yo negué tajantemente la existencia de dos borradores» -así lo declaró García Ortiz ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado– nadie de la Fiscalía General ha pedido todavía disculpas a EL MUNDO por mentirnos.
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