<p>Si algo dejó al descubierto la dana del 29 de octubre fue que la planificación de obras para frenar el riesgo de inundaciones en los barrancos considerados de mayor riesgo se aparcó durante años. La <strong>Confederación Hidrográfica del Júcar</strong> (CHJ), organismo estatal dependiente del <strong>Ministerio para la Transición Ecológica</strong>, proyectó actuaciones como encauzamiento de barrancos que nunca han llegado a ejecutarse.</p>
La Generalitat y el organismo estatal en el punto de mira por su actuación en la dana encauzan su relación con la primera reunión entre sus dirigentes
Si algo dejó al descubierto la dana del 29 de octubre fue que la planificación de obras para frenar el riesgo de inundaciones en los barrancos considerados de mayor riesgo se aparcó durante años. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, proyectó actuaciones como encauzamiento de barrancos que nunca han llegado a ejecutarse.
El fatídico barranco del Poyo que atraviesa Paiporta -donde fallecieron 46 personas- es sólo un ejemplo, pero no el único. También el barranco de la Saleta -a su paso por Aldaia, con seis víctimas mortales- sigue a la espera de la ejecución de unas obras proyectadas en 2010.
Así lo denunció ayer en una entrevista en À Punt el propio alcalde de la localidad, el socialista Guillermo Luján, que lamentó que el desvío del barranco de la Saleta se paralizase durante el anterior gobierno de Ximo Puig. «Encalló por un informe de Medio Ambiente que no lo impedía, pero que planteaba cambios para no afectar a la huerta a la altura de Xirivella«, señaló.
La Ley de la Huerta de 2018 que aprobó el anterior Ejecutivo de izquierdas está tras el enésimo bloqueo, al igual que sucedió con las obras del barranco del Poyo, un extremo que han confirmado desde la propia CHJ. El organismo estatal justificó la última paralización de obras antirriadas en el Poyo o la Saleta por «falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales». Los problemas ambientales apuntaban, de hecho, a la incompatibilidad de las obras con la normativa valenciana de protección de la huerta.
Sobre la mesa hay en la actualidad un proyecto de «Acondicionamiento del Barranco de la Saleta. Tramo: Aldaia-Nuevo cauce del Turia» que, según fuentes de la CHJ, está en la «fase final de la tramitación ambiental simplificada», en curso desde agosto de 2022.
El informe del llamado Consell de l’Horta -un consorcio con personalidad jurídica propia para la gestión de la huerta de Valencia- concluía que «la actuación que se propone para dicho tramo debería reconsiderarse […] con el fin de hacerla compatible con la normativa territorial de aplicación cuyo objetivo es el mantenimiento, preservación y puesta en valor del lugar».
Desde la CHJ, por tanto, se insiste en que el proyecto de acondicionamiento de la Saleta «no se ha podido resolver hasta que se ha contado con informe favorable de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje de la Generalitat Valenciana con fecha 23 de julio de 2024».
Según la CHJ, el estudio de integración paisajística que se exige «está en redacción y tendrá que aprobarlo dicha Dirección General», con lo que la previsión es poder resolver este trámite «en los próximos meses» para poder licitar las obras en 2025. De hecho, el actual Gobierno valenciano está en pleno trámite para cambiar la Ley de la Huerta y acelerar el desbloqueo.
Según fuentes de la Generalitat, el objetivo es que un informe del Consell de l’Horta no pueda ser vinculante, pues esta entidad «no tiene que opinar de barrancos y obras estructurales». Desde el Ejecutivo autonómico se entiende que la ordenación del territorio debe quedar en manos de la Generalitat. El objetivo es «eliminar cualquier escollo que pueda ser una excusa para que el Gobierno no actúe en barrancos como el del Poyo o la Saleta».
La consigna es que «las actuaciones en barrancos son inaplazables». Y bajo esta premisa se reunieron este viernes por primera vez el vicepresidente segundo para la Reconstrucción de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo. La primera toma de contacto, por tanto, sirvió para limar asperezas y encauzar una relación que se había tensado tras la dana. Desde la Generalitat se apuntó precisamente a Polo por su inacción aquel día.
Aun así, fuentes de la Vicepresidencia Segunda valoraron la necesidad de «trabajar desde la coordinación institucional para que los proyectos necesarios para la reconstrucción y la minimización de riesgos ante inundaciones avancen lo más rápido posible». Desde la CHJ destacaron la «buena sintonía» con Gan Pampols y señalaron su «colaboración para agilizar los trámites burocráticos, administrativos y, sobre todo, ambientales, para todos los proyectos que tienen que ver con la disminución del riesgo de inundación en las cuencas afectadas».
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