<p>Cada una de las polémicas de la Fiscalía en los últimos años ha ido acompañada del nombre de quien era hasta ahora su máximo responsable, el todavía fiscal general del Estado, <strong>Álvaro García Ortiz</strong>. Este fiscal risueño, que llegó a la Fiscalía General de la mano de su antecesora en el cargo <strong>Dolores Delgado</strong>, ha acabado convirtiéndose en el primer fiscal general condenado de la historia democrática de España.</p>
Tras su condena deja la Fiscalía rota, desprestigiada y con varias fracturas internas irreversibles
Cada una de las polémicas de la Fiscalía en los últimos años ha ido acompañada del nombre de quien era hasta ahora su máximo responsable, el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este fiscal risueño, que llegó a la Fiscalía General de la mano de su antecesora en el cargo Dolores Delgado, ha acabado convirtiéndose en el primer fiscal general condenado de la historia democrática de España.
García Ortiz deja una Fiscalía rota, desprestigiada y donde las fracturas internas se han visibilizado en el juicio en el Tribunal Supremo por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso, que ha sacudido la carrera del fiscal general y le ha obligado este lunes a presentar su renuncia.
Durante sus años de mandato, García Ortiz no ha dejado un charco político sin pisar. Siempre remó a favor del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo de forma tan vehemente que su actuación por «ganar el relato» al equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha acabado apartando del cargo de fiscal general y probablemente de la carrera, ya que es previsible que pierda la condición de fiscal.
El ex presidente y ex portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) antes de desembarcar en Fortuny era conocido por ser el fiscal del caso Prestige, especializado en cuestiones medioambientales y forestales. Al nombrarlo Delgado jefe de la Secretaria Técnica, el poder de este fiscal de provincias, de carácter afable, se multiplicó hasta convertirse en un peso pesado en la Fiscalía General. Todas las cuestiones peliagudas pasaban por las manos de García. Encarnaba el poder en Fortuny.
En aquella estructura de la Fiscalía no se entendía a García Ortiz sin Delgado y percibían al primero como una extensión de la segunda. Delgado hizo de él un colaborador necesario en todas sus operaciones. No en vano este papel de ideólogo, y sobre todo de ejecutor fiel de las órdenes de Delgado, le granjeó enemistades en la sede de la Fiscalía General donde varios fiscales le apodaron Don Alvarone en símil con el gánster Al Capone.
Cuando ella dio un paso al lado en julio de 2022, por motivos de salud, lo postuló como su sucesor y el Gobierno de Pedro Sánchez lo nombró.
Como fiscal general ascendió a su predecesora a la máxima categoría de la carrera fiscal, nombrándola fiscal de Sala, concluyendo el Alto Tribunal que García Ortiz incurrió en «desviación de poder» con la primera de esas dos designaciones. Aun así, volvió a nombrar a Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Para estos nombramientos usó su poder de fiscal general, ya que los mismos contaron con la mayoría en contra del Consejo Fiscal. Poco le importó eso a García Ortiz. Por primera vez en democracia también, el Consejo General del Poder Judicial consideró a un jurista «inidóneo» para ejercer como fiscal general del Estado. Ese jurista era Álvaro García Ortiz.
Además, durante su mandato, impidió al Consejo Fiscal, órgano de representación directa de la carrera fiscal, pronunciarse sobre la Ley de Amnistía al procés, pese a las reiteradas peticiones que cursó el Senado.
Por otro lado, quiso obligar a los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– a que informasen a favor de amnistiar al prófugo Carles Puigdemont y el resto de líderes del 1-O que fueron condenados por el desafío independentista catalán de 2017. Ellos se negaron y los apartó del caso.
Asimismo, se enfrentó a la Fiscalía Superior de Cataluña por haber recurrido una aplicación de la amnistía y los corrigió casi de forma simultánea a que Junts echase en cara al PSOE la actuación del Ministerio Público.
También García Ortiz llegó a abroncar a los fiscales Anticorrupción cuando solicitaron la libertad de Víctor de Aldama, empresario imputado en el caso Koldo, por su colaboración con la Justicia. Por aquel entonces, el Ejecutivo tildaba a Víctor de Aldama de ser otro «pequeño Nicolás».
En su declaración ante el Tribunal Supremo, el fiscal general acabó su interrogatorio señalando que «la verdad no se filtra, la verdad se defiende». El Supremo ha dictaminado que, de forma insólita, la verdad es que el fiscal general del Estado, máximo garante del cumplimiento de la legalidad, cometió un delito.
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