<p>Circula en la política española, desde hace unos años, el chascarrillo de «haber sido <i>psoeizado</i>». Un juego de palabras que, en rigor, significa haber pactado con el <strong>PSOE</strong> y que los frutos del acuerdo no respondan a su literalidad. Sin usar esa expresión, pero con el mismo espíritu, <strong>Junts per Catalunya</strong> desdeñó durante la pasada legislatura la relación entre <strong>Esquerra Republicana</strong> y el Gobierno de <strong>Pedro Sánchez</strong> y acusó al partido de <strong>Oriol Junqueras</strong> de haber entregado un cheque en blanco a los socialistas, pese a lograr cesiones como los indultos a los líderes del <i>procés</i> encarcelados o la derogación del <strong>delito de sedición</strong> y la reforma del de malversación en el Código Penal. Ahora, son los propios <i>neoconvergentes</i> quienes quieren <a href=»https://www.elmundo.es/espana/encuestas/2025/09/14/68c69893fc6c83c8138b4586.html» target=»_blank»>evitar</a> ser víctimas del chiste de la abducción.</p>
El partido de Carles Puigdemont inició las amenazas al Gobierno de Pedro Sánchez el mismo día de su investidura
Circula en la política española, desde hace unos años, el chascarrillo de «haber sido psoeizado». Un juego de palabras que, en rigor, significa haber pactado con el PSOE y que los frutos del acuerdo no respondan a su literalidad. Sin usar esa expresión, pero con el mismo espíritu, Junts per Catalunya desdeñó durante la pasada legislatura la relación entre Esquerra Republicana y el Gobierno de Pedro Sánchez y acusó al partido de Oriol Junqueras de haber entregado un cheque en blanco a los socialistas, pese a lograr cesiones como los indultos a los líderes del procés encarcelados o la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación en el Código Penal. Ahora, son los propios neoconvergentes quienes quieren evitar ser víctimas del chiste de la abducción.
Los dos años de legislatura han acumulado varios encuentros y desencuentros, pactos en firme o acuerdos tras las cortinas y grados de cumplimiento desiguales y, en algunos casos, sin certeza de resolución al ser asuntos que no dependen exclusivamente del Ejecutivo, como el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, sin una mayoría que lo avale en el Congreso de los Diputados, o la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.
Las palabras que la portavoz de JxCat en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, pronunciaba a mediados de esta semana [«Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio»] no pueden tener ya otro desenlace que el divorcio, en los términos que la dirección establezca entre hoy y mañana, ya que una nueva amenaza que se quedara a medio camino restaría cualquier credibilidad al partido en lo que dure la legislatura. Y es que, en este camino hasta el ecuador, los amagos de ruptura han planeado ya en varias ocasiones.
El «acuerdo de Bruselas» que permitió la investidura en noviembre de 2023 ya había nacido con una negociación extenuante, después de que, en la campaña del 23-J, Carles Puigdemont asegurase que Sánchez no sería presidente con sus votos. Los términos de la amnistía y a quién debía cubrir o el «compromiso histórico» y el reconocimiento nacional hicieron tambalear el puente hacia el consenso entre ambos partidos, ya en noviembre cuando todo parecía casi atado, con un amago neoconvergente de dar carpetazo al diálogo con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y forzar la repetición electoral.
A Sánchez no le duró demasiado la tranquilidad y recibió el primer toque de atención por parte de Nogueras en pleno debate de investidura: «Con nosotros, no tiente a la suerte porque no le funcionará». Una advertencia que llegaba, además, pocas horas después de haber dejado en el aire el apoyo de los siete diputados de JxCat a la reelección del presidente. Desde el primer momento, Puigdemont quiso que quedase claro que no fomaban parte de «ningún bloque» en la política española y que la estabilidad del pacto dependería de «la negociación pieza a pieza», ya que no habían suscrito «ningún acuerdo de legislatura».
Dos meses después de ese inicio sobre arenas movedizas, los socialistas volvieron a salvar una pelota de partido después de que los independentistas hubieran amenazado con tumbar tres reales decretos del Gobierno. De aquella jornada del 10 de enero, precisamente, surgió el compromiso de la transferencia de las políticas migratorias. «Estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino de España», sentenció Nogueras. Una llamada de atención que, el secretario general, Jordi Turull, retomó en septiembre, tras constatar las dificultades con que podría topar la nueva cesión que habían arrancado a principios de año: «Si incumple el traspaso de la gestión migratoria, habrá consecuencias».
El pacto volvió a estar en un filo en diciembre y JxCat, que dijo que Sánchez no era «de fiar», llegó a registrar en el Congreso una proposición no de ley en que le instaba a someterse a una cuestión de confianza. El 24 de febrero, el secretario general neoconvergente anunció que la retiraban a petición del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, el mediador internacional de las reuniones mensuales en Suiza. Esa tregua, no obstante, duró poco verbalmente. «Si antes de junio no se han cumplido los acuerdos, no le vamos a seguir dando apoyo», advirtió Turull a Sánchez en abril.
Pasó algo más de tiempo que esa teórica «prórroga de seis semanas», pero, en agosto, fue ya Puigdemont el que tocó a rebato: «Este otoño, quizás ocurran cosas que no han pasado hasta ahora». Ni el papel del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en sustitución del encarcelado Cerdán, en la mesa bilateral de Suiza ni la reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en septiembre en Bruselas cambiaron las tornas.
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