<p>Los españoles viven hoy con el runrún de que en los partidos «hay financiación ilegal». El <strong>82,9%</strong> de los ciudadanos sospecha que las formaciones políticas obtienen fondos de manera irregular, y esta opinión es mayoritaria sin importar el sexo, la edad, el nivel socioeconómico o, incluso, la tendencia ideológica de cada uno. La encuesta de <strong>Sigma Dos </strong>para <strong>EL MUNDO</strong> revela que hay consenso entre los españoles en esta cuestión, aunque sin aclarar a qué partido mira cada ciudadano cuando cuestiona la limpieza de sus cuentas.</p>
El 82,9% de los ciudadanos sospecha que las formaciones políticas obtienen fondos de manera irregular
Los españoles viven hoy con el runrún de que en los partidos «hay financiación ilegal». El 82,9% de los ciudadanos sospecha que las formaciones políticas obtienen fondos de manera irregular, y esta opinión es mayoritaria sin importar el sexo, la edad, el nivel socioeconómico o, incluso, la tendencia ideológica de cada uno. La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO revela que hay consenso entre los españoles en esta cuestión, aunque sin aclarar a qué partido mira cada ciudadano cuando cuestiona la limpieza de sus cuentas.
Las últimas novedades del caso Koldo han virado la conversación pública, de nuevo, hacia la sospecha de una posible caja B. Si un día fue en Génova, ahora la duda se cierne sobre Ferraz. En este contexto, resulta significativo que el 69,5% de los votantes socialistas secunde la opinión de que en los partidos «hay financiación irregular». Al ser preguntados en concreto sobre si esta sospecha se aplica al PSOE tras las últimas informaciones conocidas, quienes en 2023 apostaron por Pedro Sánchez se muestran divididos. El 42,7% confía en el partido y cree que los sobres con efectivo que José Luis Ábalos y Koldo García recibieron de Ferraz no son indicio de irregularidad. Pero, para el 39% de votantes socialistas, esos sobres sí «podrían ser de una posible financiación ilegal del PSOE», según la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO. El 18,3% no sabe o prefiere no contestar.
La UCO constató, en un informe revelado a principios de octubre, que el PSOE pagó ciertas cantidades en metálico a los hoy imputados en el caso Koldo. Si bien algunos de estos pagos coincidían con los declarados por el partido, el Instituto Armado apuntó a que hay otros de los que no constaba «respaldo documental ni información alguna». El partido ha venido sosteniendo que todo se hizo de forma legal y que estos abonos «tienen sus comprobantes de gastos y están justificados», pero las explicaciones dadas por los socialistas solo parecen convencer a la mitad de sus votantes.
A juicio de la otra mitad, sin embargo, los indicios son suficientes para mantener viva la sospecha de una financiación ilegal en elPSOE. La encuesta se llevó a cabo entre el 22 y el 29 de octubre, una vez Ábalos y Koldo García ya habían comparecido en el Supremo por este asunto -guardaron silencio- y mientras testificaban en el Alto Tribunal el ex gerente y una trabajadora del PSOE. No se conocía aún, por contra, la decisión del magistrado del Supremo de enviar a la Audiencia Nacional la información de la que dispone sobre los pagos en metálico, a fin de que, si considera que procede, los investigue. El juez ve indicios de delito, y la mitad de votantes socialistas también desconfía de la legalidad de estas retribuciones.
Esta opinión es mayoritaria entre quienes apostaron por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en las urnas de 2023: el 91,8% de los electores del PP y el 93,6% de los de Vox creen que los sobres apuntan a una posible financiación irregular del PSOE. Por contra, los afines a Sumar confían en la legalidad de los socialistas incluso más que sus propios votantes, pues solo el 33,5% de los que cogieron la papeleta de Yolanda Díaz ve indicios de irregularidad -frente al 39% de quienes eligieron a Sánchez-. En el global, son más los que sí sospechan: el 65,6% de los españoles ve posible que tras los sobres se esconda una financiación al margen de la ley.
En consonancia, la ciudadanía mantiene hoy viva la duda sobre la existencia de irregularidades en las cuentas de los partidos, en el más amplio sentido del concepto. Según la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, solo el 7,2% de los españoles confía en que las formaciones políticas -en general- se financian legalmente. Este porcentaje se eleva ligeramente hasta el 16,6% entre los votantes del PSOE y el 12,5% entre los de Sumar, pero cae al 1,2% y toca suelo –0%– entre los afines a PP y Vox, respectivamente. A las sospechas despertadas a raíz del caso Koldo se suman los casos de corrupción pasada que ahora vuelven a la memoria -como la caja B del PP- y las informaciones que siembran también la duda sobre otras formaciones políticas -el Tribunal de Cuentas ha impuesto tres sanciones a Vox por financiación irregular, aunque el Supremo anuló una de ellas-. Con esto, la desconfianza en los partidos es compartida entre todos los ciudadanos, aunque algo más acentuada entre los electores de la derecha y un poco menos entre los jóvenes.
El escepticismo generalizado que muestran los españoles respecto a la financiación de los partidos va de la mano, también, de la percepción que tienen del panorama político actual. Solo el 10,8% de los encuestados cree que la situación a este respecto es «muy buena» (1,4%) o «buena» (9,4%), mientras que para el 73,8% la coyuntura política de hoy es «mala» (30,1%) o «muy mala» (43,7%). Aunque son más pesimistas los votantes de la derecha -el 92% cree que la situación es negativa-, esta postura es igualmente mayoritaria entre los afines a PSOE y Sumar: el 54,7% y el 51,2%, respectivamente, ve «mala» o «muy mala» la situación política y, en ambos casos, otro 25% adopta una posición intermedia -«ni buena ni mala»-, con lo que los optimistas no llegan a uno de cada cuatro. Es compartida la percepción de que el panorama político es malo sin que la edad o el nivel socioeconómico influyan demasiado.
Y, así, también es generalizada la sensación de que lo que sucede en los parlamentos y con los partidos «está afectando de forma negativa» al estado de ánimo de los ciudadanos. El 59,3% de españoles dice que le está perjudicando, cuando hace un año este porcentaje era del 43,9%, y solo el 1,6% cree que le está beneficiando. Para el 39%, es indiferente.
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