<p>El propio documento oficial del Ministerio de Hacienda que presenta la norma aprobada por el Consejo de Ministros contradice en el punto clave de la quita de deuda autonómica la versión facilitada por el presidente del Gobierno, <strong>Pedro Sánchez</strong>, y la vicepresidenta primera, <strong>María Jesús Montero</strong>, según el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.</p>
Tanto el texto para el anteproyecto de ley como la Autoridad Fiscal niegan que el ahorro de intereses dé margen para gastar más
El propio documento oficial del Ministerio de Hacienda que presenta la norma aprobada por el Consejo de Ministros contradice en el punto clave de la quita de deuda autonómica la versión facilitada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, según el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Sánchez y Montero aseguran que las comunidades que acojan a la condonación podrán usar para gasto social los 6.700 millones de ahorro de intereses que calculan que entraña la operación, pero no es legalmente posible. Sánchez defendió en RTVE en la noche del lunes que la condonación de 83.252 millones que genera esos ahorros de intereses responde a sus compromisos políticos [con Esquerra Republicana en este caso] pero también a que «da margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales por ejemplo, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y por tanto podrán destinarlo a educación, becas, sanidad…».
Sin embargo, el documento de Hacienda que explica el llamado Anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común asegura que en la quita «se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral [premiando al que despilfarra] con «la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto». No puede, por tanto, usarse el ahorro de intereses para construir hospitales. El texto fue elaborado el pasado mayo, pero Montero no expuso cambios al explicar la norma este martes.
Montero reiteró en rueda de prensa el martes lo apuntado por Sánchez, pese a que el citado documento del Ministerio con el que explica el anteproyecto para su consulta pública apunta a la versión contraria. Fuentes de Hacienda señalaron a este diario que esa redacción de que la ley impide emplear esos ahorros para más gasto ha de interpretarse como que las comunidades están sujetas a las reglas de déficit, pero no como que se impide realmente tal empleo del dinero.
La restricción de uso es también la interpretación legal de la institución competente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Fuentes de este organismo aseguran a este diario que su presidenta mantiene lo que expresó el pasado febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y es que «el ahorro [de intereses]no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas». El organismo independiente estatal guardián de las cuentas públicas desmiente así al presidente del gobierno y a la ministra de Hacienda en actuación insólita del Gobierno con tal de convencer de que su operación no es meramente política con los independentistas.
Consejeros de Hacienda autonómicos del PP consultados ven claro que, a la vista del texto oficial y la rotunda posición de la AIReF, sólo podría cumplirse lo que defiende Sánchez con una reforma de la Ley de Estabilidad de 2012. Pero el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria para cambiar una ley orgánica de ese calibre.
El uso limitado del dinero se une a que la condonación no es tal para los ciudadanos, que siguen asumiendo la misma deuda, pero ahora directamente en el Estado y no a través de su comunidad. Lo que sí hace la quita es mejorar la foto contable de las comunidades más endeudadas pero no infrafinanciadas -Cataluña- para que puedan salir a los mercados.
Otra trampa del anteproyecto es que es de tramitación y entrada en vigor más que incierta. Según Montero, que gana tiempo mientras intenta su muy difícil candidatura a presidir el año que viene la Junta andaluza, es posible que el Consejo de Ministros elabore ya un proyecto de ley a final de año con los observaciones recogidas estas próximas semanas en la consulta pública.
¿Cuándo entrará realmente en vigor la quita si es que entra?. La vicepresidenta apuesta por el «primer trimestre de 2026» tras una eventual aprobación en Las Cortes. De momento, ni siquiera tiene el apoyo de su socio de coalición, Sumar, que exige, entre otras modificaciones, retirar la condonación a las comunidades que bajen impuestos, pero la propia Montero recalcó este martes que no puede cercenar de tal modo la autonomía política y financiera autonómica y que ya ha tenido en cuenta a las que rebajan presión fiscal en el reparto de la quita, recortando a, por ejemplo, la comunidad de Madrid. Ésta recibiría, si aceptara la condonación finalmente, la mitad de la quita que la Generalitat de Cataluña.
Nace así la quita sin apoyo de la mayoría de las CCAA, la AIReF, agencias de rating y con contradicciones del tamaño de la deuda
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