Vox está reclamando a sus cargos que defiendan con meridiana claridad el concepto de «prioridad nacional» que forma parte del pacto de investidura suscrito con el PP en Extremadura y que la formación de Santiago Abascal ambiciona extender al conjunto del Estado si acaba articulando una mayoría con los populares para gobernar España tras las próximas elecciones generales.
El partido de Abascal defiende en un documento interno remitido a sus cargos «que primero se ayude a los de casa» y que hay que «atender antes a la comunidad nacional»
Vox está reclamando a sus cargos que defiendan con meridiana claridad el concepto de «prioridad nacional» que forma parte del pacto de investidura suscrito con el PP en Extremadura y que la formación de Santiago Abascal ambiciona extender al conjunto del Estado si acaba articulando una mayoría con los populares para gobernar España tras las próximas elecciones generales.
En un argumentario interno que Vox ha remitido a sus dirigentes y al que ha tenido acceso EL MUNDO, los de Abascal piden a sus cuadros no caer en eufemismos al blandir como «legítima» la «prioridad nacional», que el partido vincula a «un principio elemental de responsabilidad política».
En el razonamiento enviado a los miembros de Vox, la formación de extrema derecha sostiene sin ambages que su política de «prioridad nacional» privilegia a los españoles por delante de los extranjeros afincados en el país. «En Vox defendemos el sentido común de una amplia mayoría de españoles y no hay nada más razonable que primero se ayude a los de casa a la hora de acceder a una vivienda pública o a cualquier tipo de ayuda o prestación pública», alega el argumentario del partido de Abascal, para encuadrar la «prioridad nacional» en una estrategia de nítido favorecimiento en la concesión de prestaciones públicas a los españoles.
«No se trata de arbitrariedad ni exclusión, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber primario de todo gobierno: atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional», abunda en su guion de consumo interno Vox.
Aunque no especifica quién conforma esa «comunidad nacional», del resto del argumentario puede inferirse que no lo integran inmigrantes, pues arranca aduciendo que «la inmigración masiva está dinamitando el Estado de Bienestar que ha sido construido por generaciones enteras de españoles que han trabajado de forma incansable para dejar un futuro mejor a las generaciones venideras».
El resto de las pautas consisten en la enumeración de datos para apuntalar la idea de que la inmigración está descontrolada en España y que los inmigrantes están absorbiendo demasiados recursos públicos a través de ayudas.
Así, afirma, por ejemplo, que «sólo en los últimos cinco años , España ha recibido cerca de tres millones de extranjeros y que en el último año han venido a España 1.200.000 personas, más que a Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas».
A continuación, llama a explicar que «en torno a dos millones de inmigrantes viven de prestaciones económicas del Estado» o que, «en 2024, los extranjeros recibieron el 28,71% del total de la ayuda del Ingreso Mínimo Vital».
El argumentario es, pues, mucho más explícito al relacionar la inmigración y el gasto público con la necesidad de modificar el sistema de concesión de prestaciones que el pacto de investidura del PP y Vox en Extremadura. En ese documento, se evita aludir directamente a los extranjeros, pues se afirma: «El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Los mismos requisitos se establecen para la concesión de vivienda pública, en la que se defiende una «exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler)».
El PP niega que en Extremadura ni en el conjunto del Estado vayan a concederse ayudas públicas en función «del pasaporte» e insiste en que sólo se incentivará la ayuda social e inmobiliaria a quienes tienen mayor «vinculación» con el territorio -en función de los años de empadronamiento y del «arraigo».
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