El Congreso ha tumbado, con 177 votos frente a 171, las dos enmiendas de totalidad a la propuesta de refoma de la Constitución presentada por el Gobierno para «blindar» el derecho al aborto introduciéndolo como punto añadido al artículo 43 de la Carta Magna. De esta forma, la iniciativa entra en la rueda de tramitación de la Cámara pero está condenada a decaer cuando llegue a su votación final.
PP y Vox acusan al Gobierno de querer cambiar la Carta Magna «en fraude de ley», con «fines propagandísticos» y para alentar «la supervivencia de Sánchez». La reforma requeriría del apoyo de 210 diputados, imposible de alcanzar sin los ‘populares’
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El Congreso ha tumbado, con 177 votos frente a 171, las dos enmiendas de totalidad a la propuesta de refoma de la Constitución presentada por el Gobierno para «blindar» el derecho al aborto introduciéndolo como punto añadido al artículo 43 de la Carta Magna. De esta forma, la iniciativa entra en la rueda de tramitación de la Cámara pero está condenada a decaer cuando llegue a su votación final.
En España el derecho a la interrupción del embarazo está plenamente garantizado por la ley, pero el Ejecutivo insiste en que el acceso al mismo no es igual en todo el país y que en buena parte de España -la ministra de Igualdad ha hecho hincapié en los casos de Andalucía y Madrid– la sanidad pública «deniega el derecho» y las afectadas «han de acudir a la sanidad privada o viajar al extranjero» Para Ana Redondo, la reforma de la Constitución es «imprescindible».
Las dos enmiendas de totalidad de PP y Vox coincidían en un punto clave: acusar al Gobierno de promover un cambio en la Carta Magna en «fraude de ley» puesto que, arguyen, pretende legislar sobre un derecho fundamental por la puerta de atrás en lugar de hacerlo por la vía agravada que la Constitución reserva para los mismos y que contempla la disolución de las Cámaras, la celebración de elecciones y la convocatoria de un referéndum sobre lo que se pretende cambiar. En el curso del debate, ambos partidos han insistido en que el aborto está reconocido en España y Vox, por su parte y a diferencia de los populares, ha recalcado que está a favor de una ley de supuestos, más restrictiva que la que existe en la actualidad.
El PNV también ha apuntado en el mismo sentido, acusando al Gobierno de «oportunismo político» e intentar buscar «confrontación», aunque ha optado por votar en contra de las enmiendas de devolución. Junts, igualmente, ha destacado que la propuesta gubernamental es «humo» y un «puro espectáculo electoralista», pero también ellos han rechazado las enmiendas. Y ERC ha afirmado compartir el análisis jurídico que ha hecho de la propuesta el PP, pero igualmente se ha opuesto a las enmiendas como «gesto simbólico». Su diputada Pilar Vallugera ha insistido en que el derecho está plenamente reconocido en España y que es al Gobierno, tomando medidas, incluida la aplicación del artículo 155, a quien corresponde garantizar que se aplique en los hospitales públicos de todas las autonomías.
Aunque hoy la propuesta gubernamental ha superado el listón que le permite entrar en tramitación parlamentaria, está condenada a decaer. Las reformas de la Constitución, incluso las que como esta no afectan a un título especialmente protegido, requieren el voto a favor de tres quintos del Congreso, esto es, 210 apoyos, una cifra imposible de conseguir sin el respaldo del PP.
Las dos formaciones enmendantes han acusado al Gobierno de haber abierto un debate sobre el aborto exclusivamente con «fines propagandísticos», una suerte de cortina de humo para «rescatar a un Gobierno en caída libre». En definitiva, un instrumento «en favor de los intereses y la supervivencia política de Pedro Sánchez«.
La reforma incorpora un apartado al artículo 43 de la Carta Magna -no blindado- que insiste en la garantía que deben dar los poderes públicos a las mujeres que deseen abortar proporcionándole todos los medios necesarios. «Se trata de proteger el ejercicio del derecho con todas las garantías», ha recalcado Redondo quien ha afirmado que «no sería honesto hurtar al Parlamento el debate de ideas», algo que sucedería en el caso de que alguna de las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox hubieran sido aceptadas.
Los populares han insistido en que los socialistas «nunca han sido feministas de verdad» y, en este sentido, han recordado el descalabro jurídico que se produjo con otro intento de ley defectuosa como fue la del «Sí es Sí» y ha ello han añadido la ley trans y el problema de las pulseras antimaltrato defectuosas. «La Constitución», ha dicho la representante del PP, Silvia Franco, «no puede reformarse por un procedimiento de urgencia en trece días y sin consenso y menos con su amenaza de que quien se niegue a sus planteamientos es contrario a los derechos de las mujeres». «Esto es una estafa», ha recalcado.
La socialista Cristina Narbona ha replicado que el «único fraude» es el de PP y Vox, a quienes ha acusado de «añorar una España franquista» en la que el aborto estaba penado con cárcel. «Hoy hablamos», ha dicho, «de democracia, igualdad y libertad» y ha recalcado que un futuro en manos de PP y Vox será «de retroceso».
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