<p>Las organizaciones agrarias españolas mantienen su «profundo rechazo» al acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur tras anunciar este viernes la presidenta de la Comisión Europea, <strong>Ursula von der Leyen</strong>, la entrada en vigor provisional de dicho pacto tras completar su ratificación los países de Argentina y Uruguay. El acuerdo, lamentan, supone un riesgo tanto para los productos nacionales como para los consumidores.</p>
La industria del aceite, el vino, las frutas o las hortalizas ven una ventana «de oportunidad» para un mercado común de 700 millones de personas
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Las organizaciones agrarias españolas mantienen su «profundo rechazo» al acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur tras anunciar este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la entrada en vigor provisional de dicho pacto tras completar su ratificación los países de Argentina y Uruguay. El acuerdo, lamentan, supone un riesgo tanto para los productos nacionales como para los consumidores.
Sólo determinados sectores, como el vino, el aceite, las carnes y la fruta, acogen con optimismo el intercambio comercial, pero siempre que se garantice la reciprocidad de los aranceles y el apoyo a los productos más afectados. Dicho acuerdo, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supondrá un mercado común de 700 millones de personas (el 10% de la población mundial y el 25% del PIB global).
Para la entrada en vigor de forma completa queda todavía la ratificación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, por lo que las organizaciones agrarias aseguran que seguirán presionando y concienciando para evitar una apertura de fronteras «con diferentes reglas para una parte», resume Pedro Barato, presidente de Asaja.
Los agricultores y ganaderos españoles alertan de un último informe elaborado por los propios auditores de la Comisión Europea -tras una inspección realizada entre el 14 y el 31 de octubre de 2025- en el que avisan sobre sobre el sistema brasileño de control de residuos hormonales en animales y productos de origen animal destinados a la exportación a la UE. «Lo que hace diferente esta denuncia a todas las anteriores es que no la formulamos los representantes de los agricultores y ganaderos sino que es la misma institución que ha negociado y presionado para aplicar este acuerdo es la que ha puesto por escrito que el sistema de control de la carne brasileña presentaba fallos estructurales graves. Eso no tiene precedentes», afirma el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
Padilla alerta que el propio Ministerio de Agricultura de Brasil admitió por escrito que su protocolo de certificación «presentaba el riesgo de avalar hembras tratadas con ésteres de estradiol sin que ese tratamiento quedara registrado, lo que permitía que carne producida con una hormona ilegal en Europa entrara en el circuito de exportación con todos los certificados en regla». Además, y entre otras cuestiones, las explotaciones ganaderas brasileñas no estaban obligadas a comunicar a las agencias certificadoras la compra de medicamentos que contienen estradiol ni a remitir las prescripciones veterinarias. Padilla insiste en que «si esto no es razón suficiente para paralizar la ratificación del acuerdo, nos preguntamos qué tiene que ocurrir para que la Comisión Europea deje de ignorar las serias amenazas para la seguridad alimentaria de los europeos«.
Para el agricultor Andrés Góngora, lo que permite la Comisión Europea es «una aberración en su teología neoliberal que pretende llevar a cabo». Con todo, asegura que vamos a seguir haciendo «todo lo posible para seguir frenando este acuerdo, que es dañino no solamente para el sector agrícola y ganadero, sino también para los consumidores porque se está poniendo en riesgo una alimentación sana y segura».
Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, considera que la entrada en vigor del acuerdo de forma provisional «era un escenario más que previsible» pese a que se elevó al Tribunal de Justicia Europea, y ha agregado que «lo positivo es que se hace con las cláusulas de salvaguardia que se aprobaron hace escasos días», que «no son ni mucho menos papel mojado». Asaja, en cambio, insiste en su oposición frontal: «Hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario. Volvemos a ser moneda de cambio, pero hay que tener una breve esperanza porque esto es simplemente una ratificación temporal», critica su responsable en Bruselas, José María Castilla.
Mientras, el coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés, ha lamentado la entrada en vigor «exprés» del acuerdo, «sin respetar ninguna legalidad», porque la Eurocámara no lo ha ratificado y por sus perjuicios «para los agricultores y para los consumidores». Además, esta organización exige la dimisión de Ursula von der Leyen «por saltarse las reglas y principios democráticos y vender los intereses de los productores europeos».
Rafael Pico Acevedo, director general de Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, ha reafirmado que su asociación defiende «el libre mercado» por lo que celebra la entrada en vigor del acuerdo que considerable favorable para el sector del aceite de oliva español. Eso sí, recuerda que mientras que los países de Mercosur no tendrán aranceles desde el primer momento, el aceite español sufrirá una desescalada arancelaria que no culminará del todo hasta dentro de 15 años. En cualquier caso, espera que el gran mercado de consumidores que se abre pueda ser aprovechado -y más en el contexto de incertidumbre internacional- por el sector español. Por su parte, el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, ha señalado que están «totalmente a favor» del acuerdo, especialmente en un momento de caída de consumo con la apertura a medio y largo plazo de un mercado como Brasil, que «puede ser importante para nuestros vinos».
Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), son partidarios de que esta aplicación provisional vaya acompañada de «mecanismos efectivos de seguimiento y salvaguardia que permitan evaluar su impacto real y corregir con mecanismos ágiles y de impacto posibles distorsiones» en el mercado una «oportunidad» que también aprecia la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), aunque insiste en la necesidad de respetar y cumplir reiterado las cláusulas de salvaguarda.
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