<p><a href=»https://www.elmundo.es/espana/2020/07/17/5f1179a321efa01e1e8b45ab.html» target=»_blank»><strong>El caso Pujol</strong></a><strong>,</strong> la <i>macrocausa </i>de corrupción que afecta al<strong> ex presidente de la Generalitat</strong> y a toda su familia, llega hoy a juicio 11 años después de la carta de confesión sobre su fortuna oculta con la incógnita de qué acabará ocurriendo y si el ex mandatario<strong> (de 95 años) </strong>esquivará el banquillo<a href=»https://www.elmundo.es/cataluna/2025/11/21/692054bae9cf4a3d618b4575.html» target=»_blank»> debido a su actual estado de salud.</a></p>
La ‘macrocausa’ que cambió la política catalana llega a juicio en la Audiencia Nacional con la incógnita del ex ‘president’ y su estado de salud
El caso Pujol, la macrocausa de corrupción que afecta al ex presidente de la Generalitat y a toda su familia, llega hoy a juicio 11 años después de la carta de confesión sobre su fortuna oculta con la incógnita de qué acabará ocurriendo y si el ex mandatario (de 95 años) esquivará el banquillo debido a su actual estado de salud.
El penúltimo giro de guion de una de las causas más largas y complejas que se recuerdan lo ha protagonizado él mismo esta semana: la defensa de Jordi Pujol ha solicitado a la Audiencia Nacional que no sea juzgado en base a los informes de los forenses, que determinaron que «no está en condiciones» de afrontar el proceso por motivos de salud. El diagnóstico de los profesionales que lo examinaron concluye que el ex president sufre un «deterioro cognitivo moderado», por lo que no está «en condiciones» de comparecer en el juicio ni dispone de la «capacidad procesal» para defenderse. El tribunal, por su parte, lo ha citado para un reconocimiento por videoconferencia desde su domicilio justo antes del inicio del juicio -a primera hora- «con el fin de examinar su estado de salud» y decidir si está en condiciones o no de afrontarlo.
La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para Pujol, al que acusa de integrar -junto a su esposa Marta Ferrusola (ya fallecida) y sus siete hijos- una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, hasta amasar una fortuna que el clan ocultó en Andorra durante décadas.
El comunicado que Pujol emitió el 25 de julio de 2014 reconociendo haber tenido dinero en el extranjero sin regularizar, fue el punto de partida de la causa -ya judicializada tras una denuncia de Victoria Álvarez contra su ex pareja, el hijo mayor del clan- y provocó un tsunami en la política catalana con efectos todavía visibles en la actualidad. La confesión del ex president se produjo después de la información de EL MUNDO de movimientos de cuentas de los Pujol en bancos andorranos.
El ex presidente de la Generalitat aseguró en la carta que el dinero correspondía a una herencia que su padre, Florenci Pujol, legó a los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola (Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer) para cuando fuesen mayores de edad. El «error», según dijo en el escrito, fue no haber encontrado «el momento adecuado para regularizarla».
Un extremo, el de la herencia del abuelo Florenci como explicación a la fortuna amasada, que el juez instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechazó en su auto de procesamiento (2020) cuando puso fin a años de investigación en torno al clan Pujol: «Desde luego, existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente de Florenci Pujol Brugat». «Existen indicios en este caso de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
«Actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana», sostuvo la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, en el que constató que el ex president «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC».
En cuanto a las cifras vinculadas directamente al ex presidente, hay una fundamental: los 307 millones de pesetas con los que en el año 2000 abrió una cuenta en Andbank, que mantuvo hasta 2010 y que nació de un ingreso «en efectivo».
Ahora, la familia Pujol se enfrenta a acusaciones por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración de la ejecución. El calendario previsto del juicio en la Audiencia Nacional consta de 55 sesiones, con 254 testigos y se alarga hasta finales de abril.
El Ministerio Público solicita penas que van de ocho a 29 años de cárcel y multas millonarias para todo el clan. La más alta corresponde a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que pide un total de 29 años de prisión. En su caso, se le añaden cinco delitos fiscales (tres años por cada uno), un delito de falsedad documental (tres años) y un delito de frustración de la ejecución (otros dos años) por haberse desprendido de bienes con los que tenía que hacer frente a deudas.
Además, en el banquillo de los acusados se sentarán otra quincena de personas, como Mercè Gironès, ex esposa de Jordi Pujol Ferrusola, o los empresarios Luis Delso, Carles Sumarroca y Carles Villarrubí. Ferrusola quedó finalmente excluida del proceso judicial por sufrir alzhéimer desde 2018. En julio de 2024, la esposa de Pujol falleció con 89 años.
A nivel político, el caso Pujol ha sacudido por completo la sociedad catalana hasta el punto de coincidir con la extinción de la propia Convergència y con el momento álgido del proceso independentista. En paralelo, el ex president de la Generalitat pasó del ostracismo inicial al intento claro de rehabilitar su imagen por parte de ciertos sectores del nacionalismo. Esta estrategia quedó en evidencia especialmente tras la pandemia, cuando el fundador de Convergència empezó a acudir a actos públicos (incluso pidió el voto por Carles Puigdemont en 2024) y Junts reivindicó su legado. El socialista Salvador Illa lo recibió hace poco más de un año en el Palau de la Generalitat y ha manifestado su respeto institucional como antecesor en el cargo.
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