<p>El <a href=»https://www.elmundo.es/e/co/consejo-general-del-poder-judicial.html»><strong>Consejo General del Poder Judicial</strong></a>ha ordenado al promotor de la Acción Disciplinaria incoar un expediente contra el magistrado <strong>Manuel Ruiz de Lara </strong>por sus mensajes en la red social X en los que aludía a <a href=»https://www.elmundo.es/e/be/begona-gomez-fernandez.html»><strong>Begoña Gómez</strong></a><strong>, </strong>mujer del presidente del Gobierno como «barbigoña» y acusaba al presidente <a href=»https://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html»><strong>Pedro Sánchez</strong></a> de «golpismo».</p>
El Poder Judicial considera que no existe jurisprudencia sobre el uso de redes sociales por parte de los jueces en activo.
El Consejo General del Poder Judicialha ordenado al promotor de la Acción Disciplinaria incoar un expediente contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara por sus mensajes en la red social X en los que aludía a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno como «barbigoña» y acusaba al presidente Pedro Sánchez de «golpismo».
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, propuso archivar la diligencia informativa que abrió hace nueve meses para valorar si procedía o no incoar un expediente disciplinario a este magistrado.
Sin embargo, la Comisión Permanente del CGPJ, que preside Isabel Perelló, dividida, ha instado a la iniciación de un expediente disciplinario al magistrado por una infracción prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que la jurisprudencia citada en la resolución de archivo (especialmente la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006, recurso 18/2003) no se refiere específicamente al uso de redes sociales por jueces y magistrados.
La Comisión Permanente ha considerado el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y que era la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que ha estimado conveniente derivar la decisión al órgano competente (la Comisión disciplinaria) para que se pronuncie.
La decisión del CGPJ también ha tenido en consideración los pronunciamientos de la Comisión de Ética Judicial sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia; así como la jurisprudencia que señala que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto.
Fuentes jurídicas explican que es competencia de la Comisión Disciplinaria y del Pleno del órgano des, que serían los que tendrían que pronunciarse en caso de que el expediente disciplinario que ahora comenzará a tramitarse finalice con una propuesta de sanción.
España
