“Además te llevas un ordenador gratis, las ayudas están a punto de agotarse”, decía un anuncio en TikTok que han visto 1,4 millones de españoles. Una empresa puso, solo en esa red social, 8.343 variantes de esa publicación promocionada. Otras empresas usaban Instagram o Facebook para sus reclamos: “Me llevé un Mac como este, totalmente nuevo y sin pagar un solo euro”, explicaba una chica joven a cámara en uno de los anuncios. En otros, podía leerse: “Puedes conseguir el iPhone 17 Pro o un MacBook Air, totalmente gratis y legal. ¿Te suena a trampa? No lo es”.
Denuncias a intermediarias oscuras y cientos de quejas en foros muestran el descontrol del plan de ayudas públicas a la digitalización de autónomos y pymes, que ha repartido 3.400 millones a más de 850.000 beneficiarios
“Además te llevas un ordenador gratis, las ayudas están a punto de agotarse”, decía un anuncio en TikTok que han visto 1,4 millones de españoles. Una empresa puso, solo en esa red social, 8.343 variantes de esa publicación promocionada. Otras empresas usaban Instagram o Facebook para sus reclamos: “Me llevé un Mac como este, totalmente nuevo y sin pagar un solo euro”, explicaba una chica joven a cámara en uno de los anuncios. En otros, podía leerse: “Puedes conseguir el iPhone 17 Pro o un MacBook Air, totalmente gratis y legal. ¿Te suena a trampa? No lo es”.
Todo este festival de regalos sale en realidad de una cuantiosa subvención para autónomos y pymes llamada kit digital: hasta 1.000 euros para un ordenador y otros 2.000 para mejoras en webs o redes era su versión más popular. Un programa dotado con 3.400 millones de euros de fondos europeos que ha repartido 858.000 ayudas, pero que tiene varios agujeros usados por quienes buscan llevarse un pico por poco esfuerzo: intermediarios que usaban clientes fantasmas o duplicados, autónomos a los que los servicios que debían darles nunca llegaron o a los que se les dieron sin su conocimiento, ordenadores entregados gratis por la Administración y vendidos sin abrir en Wallapop.
No es posible cuantificar qué parte de la subvención millonaria se ha ido por el coladero, pero miles de afectados se quejan desde plataformas digitales de posibles timos. Red.es —el organismo que organizó el kit y que depende del Ministerio para la Transformación Digital— no ha querido responder a este periódico cuántas demandas tienen en su canal de quejas y los afectados no han percibido apenas mecanismos de control en el reparto de dinero público. No hay prevista una nueva convocatoria para 2026.
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Miles de pymes han visto cómo su digitalización mejoraba: “Es una buena idea porque he estado en varios países trabajando y nos llevan una ventaja brutal en maduración digital, no podemos quedarnos tan atrás”, dice Javier Martínez Ruiz, empresario de Albacete que creó un foro en Telegram llamado Afectados Kit Digital. “Pero a la gente no hay que venderle el regalo, hay que venderle el programa”, añade.
Junto al objetivo loable, cuando hay tanto dinero aparentemente disponible con condiciones tan abiertas, hay muchas maneras de llevarse un pico con poco esfuerzo. Así ha ocurrido: la complejidad de la burocracia y la picaresca han enturbiado los resultados de este programa. Hay una denuncia colectiva de ocho personas que espera en los juzgados y otras en comisarías, plataformas en Facebook de cientos de afectados porque los servicios que debían darles nunca llegaron o porque se hicieron rápido y mal con IA, y hasta hay ordenadores del kit digital a la venta en Wallapop: “Me lo regalaron por el kit digital, pero no me interesa, prefiero una torre”, dice uno de esos anuncios.
El kit digital ofrecía varios segmentos de subvenciones. La más popular era la menor: 3.000 euros a dividir entre 1.000 para un ordenador y 2.000 para algún servicio digital (una web mejor, una pasarela de pago, una mejor presencia en redes, mejores resultados en Google). Todo autónomo tenía derecho a pedirlo, aunque no lo necesitara o no lo quisiera: “Muchísima gente ha pedido el ordenador porque pensaba que al menos se llevaban algo”, dice Martínez Ruiz. “Nos pedían de todo y nosotros decíamos que no, que era dinero público”, añade.
Los autónomos interesados debían pedir estos servicios a los llamados agentes digitalizadores, que eran empresas autorizadas por el Gobierno para ofrecer los servicios informáticos del kit digital. El Gobierno puso unas condiciones y aprobó más de 11.000 agentes digitalizadores. Aquí empiezan los problemas de Yolanda Mejías y de muchos otros que no llegaban a la facturación anual requerida para ser agente o no tenían capacidad para afrontar toda la burocracia. Era un problema, a menudo infranqueable, porque el kit digital había hecho disminuir sus clientes: “Era imposible sobrevivir si no te metías en el kit digital. En un momento empecé a ver que mis clientes de siempre me pedían el kit. Si no lo hubiera ofrecido, se habrían ido con otro”, dice una empresaria que prefiere no dar su nombre.
En la descripción de un grupo de Facebook con 861 afectados por el kit, apuntan al mismo problema: “Este grupo se creó como un grupo de reivindicación y apoyo a pequeñas empresas, autónomos y freelance del sector de la digitalización que veían peligrar sus negocios por la brutal competencia desleal que trajo el kit digital, en el que grandes empresas y sin experiencia real acaparaban todo el mercado”.
Los intermediarios entran en juego
Así surgieron empresas nuevas como Ayuda Digitalización, creada en 2022, que se ofrecía de intermediaria para permitir que docenas o cientos de pequeñas empresas de informática pudieran participar de la subvención. Ayuda Digitalización ayudaba a gestionar el papeleo de la subvención, a cambio de una cuota mensual, con los clientes que le traían las empresas. Eso era útil.
Pero había más formas de ganar dinero con el kit digital. Una forma sencilla era encontrar más autónomos que no hubieran oído hablar del kit digital y animarles a que lo pidieran. Ahí es donde entran en juego los anuncios con audiencias millonarias en redes. Competían un puñado de empresas —muchas con sede en Canarias, para evitar el IVA—, con campañas centradas en ordenadores gratis y servicios regalados: dejar autónomos sin pedir la subvención era perder dinero.
Para esos intermediarios también era dejar dinero encima de la mesa que hubiera gente con aptitudes digitales que no vendiera sus servicios. Yolanda Mejías ponía en su perfil de Instagram que era experta en SEO —optimización en motores de búsqueda, por sus siglas en inglés—, el trabajo que permite colocar mejor una web en Google. Desde Ayuda Digitalización la llamaron para que aprovechara el kit digital y empezó a colaborar con ellos.
Ese gran intermediario vendía leads o clientes a los autónomos y pequeñas empresas, primero unos pocos, pero luego hacían paquetes más grandes. “Al principio sí que eran clientes de calidad y fue bien; pero luego hice una compra de 30, con tres de regalo, y fue horrible porque me daban clientes que o no eran reales, o eran ilocalizables o, directamente, no querían el kit digital. Y luego, no me los querían reponer con verdaderos clientes”, relata Mejías, quien sospecha que Ayuda Digitalización prometía más de lo que podía dar: no había tantos autónomos realmente interesados y les sobrevendían clientes.
“Te dan clientes que van rotando, que no los quiere nadie. Han llegado a tantísima gente que ya se les ha acabado el repertorio y te daban clientes que no estaban ni siquiera dados de alta”, dice Mejías, quien ha denunciado a Ayuda Digitalización y pide cerca de 30.000 euros en su denuncia. Ahora, ella ha registrado una demanda colectiva a la que esperan sumarse otros afectados. Este periódico ha hablado con otros tres afectados que prefieren no salir con sus nombres por temor a represalias. “Era el caramelito más jugoso, imagina que te dicen: ‘Te vendo un cliente por 200 euros y te va a reportar 2.000’. ¿Quién no compraría eso?”, dice otro de los empresarios afectados, que también ha denunciado por su parte a Ayuda Digitalización y espera además unirse a la demanda colectiva. “A mí lo que me deben son unos 2.000 euros, pero hay gente a la que la tiene muy pillada con muchísimo más dinero. Para un pequeño autónomo 10.000 euros igual es más de la mitad de un año, o se lo pagan o tiene que cerrar”, añade.
Los problemas con la gestión de Ayuda Digitalización van más allá y describen una entidad creada rápido para obtener dinero del kit digital y que no siempre ha podido cumplir sus expectativas: retrasos enormes en responder mensajes, falta de claridad con las comisiones y la velocidad de pago. Las quejas llevaban, por ejemplo, a acusaciones típicas de estos casos, como esconder las reseñas de Google Maps, presuntos cambios de sede o empleados que aparecen y desaparecen.
EL PAÍS ha hablado con una encargada de la empresa Ayuda Digitalización, que finalmente ha declinado aparecer con sus argumentos. Las pequeñas empresas debían adelantar 240 euros por cada cliente cuando empezaban a tramitarlo, meses antes de cobrar de la administración. “Como yo compré muchos clientes, una vez se me juntaron siete, así que tuve que pagarles 1.480 euros en un mes y luego estaba meses sin cobrar absolutamente nada. Era una ruina, llegó un momento en que ya no podía seguir”, dice Mejías.
Estos pequeños autónomos creen que el intermediario, Ayuda Digitalización, juega con su tamaño para confiar en que el caso judicial no vaya hasta el final: “No son ningún tiburón, pero se aprovechan de que van a por pequeños autónomos que saben que al final no van a hacer nada. Igual te han timado y qué vas a hacer. ¿Vas a perder no sé cuántos cientos o miles de euros para recuperar otros miles de euros?“, dice uno de los empresarios afectados.
Servicios de baja calidad y alto coste
Este es solo un ejemplo notable de los problemas asociados a kit digital. Pero hay más. Emma, una creadora de contenidos de Barcelona, recuerda cómo se animó a pedirlo: “Una amiga me dijo: ‘¿Sabes que a los autónomos les están dando ordenadores? Necesitas uno, debes presentarte’. Lo primero que le contesté fue algo así como: ‘No me líes porque estas cosas son muy complicadas, mucho papeleo”, explica. Pero lo hizo y su amiga le aconsejó una empresa que estaba en Canarias y que Emma prefiere no revelar para que le acaben el trabajo pendiente. No tenía necesidad de una web, pero sí que le iba bien una cuenta de Instagram para promocionar un proyecto. Habló con una chica de la empresa y le pasó un primer pack de imágenes para ir colgando: “Las imágenes que me pasaron eran pocas y estaban hechas con IA. Las hicieron muy rápido, todas muy marrones, parecidas”, dice.
Emma fue tirando con eso, pero en seguida vio que no era suficiente para lo que necesitaba. Mientras tanto, la empresa canaria había desaparecido. No contestaban a sus mensajes y pasaban las semanas. Si no cumplía con el proyecto, la administración le pediría devolver el ordenador. Al final le mandaron un mensaje escueto, pero sigue pendiente de la conclusión.
La situación de Emma es una de las quejas más extendidas. En la plataforma de afectados de Facebook hay docenas de personas quejándose por los servicios recibidos de empresas distintas, por la falta de atención o de esmero. Son servicios que en ningún caso costarían 2.000 euros, que es lo que paga la administración.
Los representantes fantasmas
Hay casos más flagrantes, que son las empresas que se han aprovechado de una figura llamada representante voluntario. La Administración dejó que la gente no solicitara sus kits por su cuenta, sino que recurriese a esa figura. Hay casos de gente que se ha erigido en representante voluntario de autónomos que no sabían qué firmaban. Así lo explica un afectado en Facebook: “Me contactó una empresa para el kit digital, asegurándome que se podía hacer para dos asociaciones que presido. Firmé digitalmente el documento de autorización de esa empresa como mi representante voluntario y desde entonces no he tenido noticias de ellos”, dice.
Esta es la jugada detectada entre los representantes voluntarios: si una empresa consigue la firma para serlo, es quien presenta la subvención en nombre del destinatario del kit; y, al ser concedida, hay casos detectados en los que esa empresa hace como que la ha ejecutado y se queda con el dinero, sin que el verdadero destinatario se entere de nada. Sin embargo, cuando al año siguiente llega la declaración del I.R.P.F., en sus datos fiscales consta que ha cobrado la subvención. Es imposible en estos momentos intuir el número de afectados por casos como estos, pues solo ahora los afectados están empezando a organizarse.
Si tienes más información sobre este caso, u otros parecidos, puedes escribir a jordipc@elpais.es
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