<p>Nuevo foco de tensión entre Washington y Moncloa. El Congreso de Estados Unidos ha pedido al Gobierno de <strong>Donald Trump</strong> revisar su intercambio de datos sensibles de inteligencia con España. El motivo es la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato para renovar los servidores donde se almacenan las escuchas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a <strong>Huawei</strong>, el coloso chino vetado en EEUU.</p>
Congresistas estadounidenses advierten a Washington de la adjudicación a la multinacional asiática por 12,3 millones de servidores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
Nuevo foco de tensión entre Washington y Moncloa. El Congreso de Estados Unidos ha pedido al Gobierno de Donald Trump revisar su intercambio de datos sensibles de inteligencia con España. El motivo es la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato para renovar los servidores donde se almacenan las escuchas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a Huawei, el coloso chino vetado en EEUU.
El importe de dicho contrato son 12,3 millones de euros, nada reseñable para los importes que se mueven en el ámbito de la defensa. Pero no es su envergadura lo que ha puesto en guardia a dos congresistas de EEUU. Temen que con esta adjudicación, China pueda llegar a tener acceso a información sensible de Estados Unidos. Y así se lo han trasladado a Tulsi Gabbard, el director de Inteligencia Nacional del país norteamericano, en una misiva del pasado 16 de julio.
En la carta, advierten de los lazos de Huawei con el Partido Comunista Chino (PCCh) y su sujeción a las leyes de inteligencia nacional del Gobierno de Xi Jinping «que obligan a proporcionar al partido acceso a cualquier información que este considere de interés». A ojos de los congresistas, el contrato del gigante tecnológico con la Guardia Civil española podría dar «acceso por la puerta trasera al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN, lo que les permitiría supervisar las investigaciones españolas sobre espías del Partido Comunista e innumerables otras actividades de inteligencia».
«Desde el primer Gobierno de Trump, Estados Unidos ha desplegado un esfuerzo conjunto para eliminar la amenaza que los equipos de Huawei representan para las redes, la infraestructura y la privacidad estadounidenses. Hasta que España siga el ejemplo, el Gobierno estadounidense debe garantizar que cualquier información compartida con el Gobierno español contenga detalles que no deban compartirse con el Partido Comunista Chino», concluye el documento.
En la memoria justificativa del contrato que ha desatado la polémica, Interior recuerda que la UCO tiene como principal misión investigar y perseguir asuntos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Hasta ahora, el resultado de estas investigaciones, desde audios hasta documentos o imágenes de los dispositivos incautados, se ha ido alojando en «un conjunto de cabinas de almacenamiento que se han ido adquiriendo paulatinamente a lo largo del tiempo». Estos sistemas se enfrentan ahora al final de su ciclo de vida y a una obsolescencia que, de acuerdo con el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
En su búsqueda de nuevos proveedores, Interior justificó la licitación y detalló el ámbito en el que se emplearían los nuevos equipos de la UCO. «Es necesario ampliarlas y adquirir nuevas (….) actualizar, mejorar y aumentar el volumen disponible de almacenamiento para dar servicio a las cada vez más amplias solicitudes de apoyo, tanto en cuanto al número de apoyos como en la cantidad de dispositivos incautados y su creciente capacidad de almacenamiento», describieron. El adjudicatario final del contrato fue Huawei.
«La UCO no es el CNI, es muy poco probable que alguno de los secretos que maneja la UCO suponga un riesgo para la soberanía nacional de Estados Unidos», aseguran fuentes expertas en ciberseguridad. Si bien reconocen que los países europeos, en general, «deberían potenciar las empresas comunitarias en vez de las chinas» en este tipo de contratos públicos, asumen que el contrato de Interior se ha hecho conforme a las leyes europeas vigentes. «El Gobierno de EEUU, en cualquier caso, no tiene autoridad para decirle a ningún país de Europa con qué empresas pueden operar», insisten.
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