<p>El Pleno del <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-constitucional.html»>Tribunal Constitucional</a> ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad, impulsado por <a href=»https://www.elmundo.es/e/co/compromis.html»>Compromís</a> y que recabó la firma de cincuenta diputados del <a href=»https://www.elmundo.es/e/co/congreso-de-los-diputados.html»>Congreso</a>, en relación a diversos apartados de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa.</p>
«Esta ley se tiene que paralizar y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importante que va a juzgar las posibles ilegalidades de la normativa», advierte la formación valenciana
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad, impulsado por Compromís y que recabó la firma de cincuenta diputados del Congreso, en relación a diversos apartados de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa.
Este recurso fue presentado el pasado 25 de septiembre, por iniciativa de Compromís y con el apoyo de 50 diputados -mínimo requerido para la presentación de recurso desde el Congreso- de la propia coalición valencianista, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, por considerar que va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y varias leyes educativas de rango superior.
Desde Compromís, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Àgueda Mico, ha sostenido que, con la admisión a trámite de este recurso, se demuestra que «en cuantas más instituciones tengamos representación, más fuerza podemos hacer para impulsar acciones como esta».
«Sin haber unificado voluntades de varios grupos parlamentarios del Congreso, nunca hubiésemos podido impulsar este recurso, que consideramos una de las actuaciones más contundentes que podemos llevar a cabo para conseguir que una ley tan nefasta quede invalidada», ha asegurado Micó en un comunicado.
Por su parte, el portavoz de Educación de la coalición en Les Corts Valencianes, Gerard Fullana, se ha mostrado «muy satisfecho» por la admisión a trámite del recurso, pues, a su juicio, «significa que hay indicios claros de inconstitucionalidad en la Ley Educativa de Mazón«.
«Esta ley se tiene que paralizar y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importante que va a juzgar las posibles ilegalidades de la normativa», ha señalado Fullana. «Somos muy críticos con que Mazón haya acelerado uno de los elementos de esta ley a través de un trámite de urgencia, esta misma semana, con todo lo que está pasando y que lo haya hecho para desviar la atención de todas las graves responsabilidades que tiene en la catástrofe de la DANA», ha añadido la portavoz.
En este sentido, ha precisado que se trata de «la exposición pública para impulsar el referéndum de lengua que pretende que 800.000 familias valencianas, en unos casos, pierdan el programa educativo que querían y, en otros, matriculen a ciegas a sus hijos el próximo curso», una realidad que ha calificado como «un mecanismo trampa a las familias para que ‘elijan’ la legua en que quieren en que estudien sus hijos e hijas».
«El texto demuestra que es una pantomima burda, bajo la bandera de la libertad y, cuando lo lees con detenimiento, te encuentras con que lo único que se asegura es que ni una sola familia tendrá garantizada la elección de modelo educativo en el momento de la matrícula, es una estafa», ha censurado el diputado valencianista.
En esta línea, ha subrayado que la propuesta «convierte a las escuelas públicas en un caos absoluto», dado que «cada año se repetirán los referéndums y cada curso podrá tener modelos diferentes, imposibilitando la coordinación de ciclo o programas como Xarxa Llibres«.
Por el contrario, ha puntualizado Fullana, «en los centros concertados no se llevarán a cabo los referéndums ilegales y serán las direcciones de los centros las que decidirán los proyectos». «Las familias de los centros concertados serán las únicas que conocerán el proyecto educativo de centro antes de la matrícula de sus hijos e hijas», ha aseverado.
Desde la coalición valencianista han señalado que la nueva ley educativa «obliga a las familias valencianas que tienen que matricular a sus hijos para el próximo curso a no saber en qué lengua recibirán las clases» e «impide que el alumnado de áreas castellanoparlantes pueda aprender en valenciano y domine las dos lenguas oficiales».
«La ley del PP permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas», al tiempo que «existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley a través de siete sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana», han insistido desde Compromís.
Asimismo, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya rechazó una de las medidas incluidas en esta norma porque permitir que cada alumno pueda elegir la lengua en la que quieren hacer los exámenes «atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura».
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