<p>El Pleno del <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-constitucional.html»><strong>Tribunal Constitucional</strong></a> ha anulado el acuerdo de la<strong> Mesa del Parlament</strong> que el pasado mes de febrero admitió a trámite una Iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar la independencia de Cataluña.</p>
El Pleno ha estimado la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el acuerdo de la Mesa del Parlament que el pasado mes de febrero admitió a trámite una Iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar la independencia de Cataluña.
El Pleno ha estimado la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, declara nulo e inconstitucional el citado acuerdo por ser contrario al ordenamiento constitucional, según informan fuentes jurídicas. Ha votado en contra el magistrado progresista Ramón Sáez.
Se descarta, en primer lugar, el alegato del letrado del Parlamento de Cataluña sobre la inidoneidad del acuerdo impugnado para ser objeto del procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas regulado en el artículo 161.2 de la Constitución y en el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El tribunal considera que, de acuerdo con la doctrina constitucional aplicable, el acuerdo parlamentario cumple con las condiciones exigibles a las resoluciones que pueden impugnarse por esa vía. Ello es así por cuanto los efectos que despliega el acuerdo de admisión de la iniciativa legislativa popular tienen relevancia ad extra de la Cámara y al margen de la tramitación parlamentaria de la iniciativa.
El Constitucional considera que, con esa admisión, se inicia un procedimiento que se desarrolla extramuros del Parlamento y en el que se ven implicados sujetos, órganos e instituciones ajenos a la Cámara: tanto los ciudadanos que ejercen la iniciativa legislativa popular y la comisión promotora que ejerce la representación de las personas firmantes de la iniciativa, como los órganos o entes administrativos que han de ejercer competencias respecto del procedimiento de recogida de firmas.
Además, el TC explica que ese acuerdo parlamentario posee naturaleza jurídica, y es manifestación de la voluntad institucional de la Comunidad Autónoma, porque procede de órganos capaces de expresar la voluntad de esta y no se presenta como un acto de trámite en el procedimiento, y tiene capacidad para producir efectos jurídicos. Esos efectos se despliegan sobre la comisión promotora, que queda habilitada para ejercer cuantas facultades le atribuye la ley para la recogida de firmas, pero también sobre los ciudadanos, que pueden suscribir la iniciativa, y sobre distintas entidades y poderes públicos (ayuntamientos, Instituto de Estadística de Cataluña, Delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral), en particular sobre el Parlamento de Cataluña, en los términos que detalla la sentencia.
Además, la sentencia concluye que el acuerdo del Parlament es contrario al ordenamiento constitucional, al apreciar que la iniciativa legislativa popular de la que trae causa el acuerdo impugnado incorpora de manera indubitada una propuesta de reforma constitucional que persigue la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
En consecuencia, la Mesa del Parlamento de Cataluña venía obligada a inadmitir la iniciativa para evitar que la Comunidad Autónoma de Cataluña, al margen del procedimiento de reforma constitucional, pueda adoptar una disposición normativa que atenta frontalmente contra el principio de unidad, proclamado en el artículo 2 de la Constitución.
La indebida admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular que nos ocupa pone en cuestión los límites expresos, estrictamente formales o de procedimiento, a los que está sometida la revisión constitucional, al tiempo que habilita el ejercicio del derecho fundamental de participación directa en los asuntos públicos sobre el ámbito material propio de las modificaciones constitucionales, donde solo se prevé esa participación directa para el conjunto del pueblo español a través del referéndum de ratificación.
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