<p>El <strong>Tribunal Constitucional </strong>ha confirmado la absolución de <strong>Miguel López</strong>, único acusado por el asesinato de su suegra <strong>María Carmen Martínez</strong>, viuda del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que fue tiroteada en el lavadero de coches del negocio familiar que él regentaba en diciembre de 2016. </p>
Contradice al Tribunal Supremo, que había ordenado repetir el juicio tras desvelar EL MUNDO que se destruyó un primer veredicto de culpabilidad
El Tribunal Constitucional ha confirmado la absolución de Miguel López, único acusado por el asesinato de su suegra María Carmen Martínez, viuda del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que fue tiroteada en el lavadero de coches del negocio familiar que él regentaba en diciembre de 2016.
Un jurado popular absolvió a López en 2019 pero tres años después, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio al considerar que la destrucción de un primer borrador del veredicto que desveló en exclusiva EL MUNDO causó indefensión a la acusación particular, que ejercía el único hijo varón de la víctima Vicente Sala.
Ahora, el Constitucional descarta que hubiera indefensión e indica que el letrado de la acusación particular pudo reclamar en su momento el borrador y no lo hizo. Por tanto, no se repetirá el juicio.
La noche del 8 de noviembre de 2019, la magistrada de Alicante que presidía el jurado reunió a las partes. Había veredicto. Al filo de las diez de la noche, doce horas de deliberación había veredicto. El fallo era de culpabilidad pero un defecto de forma apreciado por la magistrada hizo que se destruyera, tal como desveló este periódico.
La magistrada Francisca Bru, repasó las bases y observó que era necesario subsanar algunas deficiencias. En esas condiciones, advirtió, no podía redactar una sentencia por la insuficiencia de la motivación.
Sobre la mesa estaban 24 años de prisión, una pena lo suficientemente dura como para exigir una motivación más profunda. La juez devolvió el veredicto al jurado, que regresó al hotel a pasar la noche cuando sus integrantes pensaban que ya se marchaban a casa tras cuatro semanas de juicio y, en ese momento, más de 24 horas incomunicados.
Comenzó entonces una contrarreloj que se prolongó hasta el mediodía del domingo. La intensidad de las jornadas de incomunicación y de debate fueron haciendo mella en las seis mujeres y tres hombres que integraban el tribunal no profesional. Tanto, que el domingo por la mañana uno de ellos se vino abajo vencido por la potencia de la deliberación.
Fue una mujer. La presión le pudo. Comenzó a tener tarquicardias. No se encontraba en disposición de continuar y eso, según manifestó, le impedía imprimir objetividad a su postura. Una médico forense acudió al hotel y certificó su estado. Hubo que recurrir entonces a uno de los dos suplentes: un hombre. Se reanudó una deliberación que estaba ya en sus últimos compases y que era contraria a la del viernes. El cansancio y los nervios eran palpables. A mediodía, el tribunal del jurado cinceló su decisión. El veredicto fue «no culpable».
Cuando este periódico reveló que había habido un veredicto anterior y que se había destruido, la acusación particular recurrió ante el Tribunal Supremo, que ordenó la repetición del juicio. El tribunal que ha tomó esta decisión lo hizo con cuatro votos a favor y un voto particular. El Alto Tribunal consideró que el derecho de defensa del recurrente quedó irremediablemente dañado por la forma en la que se desarrolló la devolución del acta por la magistrada en una audiencia en la que se convocó a las partes y al jurado.
El fallo recogía que fue un desconocido quien disparó a Mari Carmen Martínez la tarde-noche del 9 de diciembre de 2016 en el lavadero de coches del concesionario familiar que regentaba su yerno. La sentencia supuso el triunfo de la tesis de la defensa sobre las de las acusaciones y las de la Policía, que siempre han mantenido que fue López quien tiroteó a la viuda de Sala porque quería apartarle del negocio y que tras acabar con su vida, salió precipitadamente del concesionario de coches hacia su casa.
Conocer a la familia Sala-Martínez a través de sus protagonistas habría sido algo impensable hace años por la adicción a la discreción de Mari Carmen Martínez y su marido Vicente Sala. Dos personas alérgicas a la ostentación -pese a que eran una de las fortunas del país- y a dar que hablar. Y bajo esta premisa crecieron sus cuatro hijos.
En el juicio, los testigo hicieron emerger el ferviente deseo que tenía el ex presidente de la CAM de mantener a la familia unida, física y emocionalmente, por encima de todo. Eso fue lo que le llevó a comprar a finales de la década de los 80 la impresionante finca familiar en la que, hasta la muerte de Mari Carmen, vivían todos en chalés independientes y con todo lujo de comodidades.
Con cada boda, Vicente Sala había sido generoso. Al margen del reparto de beneficios anual de sus empresas y de proveerlos de viviendas y otras comodidades, a ellas les regaló un Volvo a cada una. A sus yernos les dio la bienvenida a la familia con un puesto en sus empresas y un Porsche Cayenne igual que el que tenía su mujer y donde fue tiroteada.
En el año 1991, el ex presidente de la CAM, Mari Carmen Martínez y sus hijos con sus respectivas familias se mudaron a la finca. Un chalé independiente para cada uno. La obsesión de Vicente Sala por tenerlos cerca era patente. No quería que sus hijas se marcharan.
«El padre de Miguel tenía una empresa en Valencia y para que Fani y él no se trasladaran allí, le puso al frente de los negocios automovilísticos», declaró uno de los testigos ante el jurado. El carácter de Miguel, según la declaración de la tía Toñi, no era del todo fácil. «Mi cuñado tenía que tomarse un trankimazine cada vez que tenía que hablar con él de negocios porque Miguel no dejaba hablar a nadie».
Pese a todo, la consigna era la unión. Por eso también ordenó acomodar un impresionante comedor familiar en la mansión principal de la finca. Allí comían todos a diario: padres, hijos y nietos. Más de veinte personas. Las cenas también se daban allí.
Vicente Sala cambió las oficinas de sus empresas, ubicadas entonces en la carretera de Elche, a la finca familiar. La mansión se convirtió en la sede. Él, su mujer y la tía Toñi, cuando no estaba en Madrid, vivían en el primer piso. Las oficinas las ubicó en el segundo y en la planta baja el comedor familiar.
La línea que separaba el trabajo de la vida familiar era tan delgada que un empleado rememoraba en el juicio que incluso una vez llegó a ver a Mari Carmen en pijama en las escaleras.
La muerte de Vicente Sala en agosto de 2011 tras una fulminante enfermedad, supuso un antes y un después. La familia comenzó a resquebrajarse. La chispa se prendió cuando las tres hermanas intentaron ganar poder en Samar Internacional, dirigida con éxito por su hermano Vicente, quien tras el salto de su padre a la presidencia de la CAM le inyectó una apoteósica expansión internacional.
La compañía pasó de trabajar en la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete a abrir sedes en Latinoamérica, norte de África y Alemania. Mar, Tania y Fani Sala siempre reconocieron la valía de Vicente pero eso no era suficiente. Querían tener la misma capacidad de decisión que su hermano. Su madre se negaba. Veía peligrar -tal como relató el pasado miércoles Vicente Sala en el juicio- la seguridad económica de toda la familia. «Mis hermanas no tenían la formación adecuada», explicó, para dar un salto así. Cualquier decisión errónea comprometería el futuro económico familiar y la fallecida no estaba dispuesta a correr ese riesgo.
Comenzaron entonces las denuncias, los registros por parte de las hijas del cajón de las joyas de su madre para documentarlas ante notario, las malas caras y los desprecios de unos y de otros. Apenas se hablaban. No pasaban del «hola y adiós» de cortesía cuando se cruzaban en la finca, si es que eso sucedía.
Cuando Mari Carmen quiso blindar a su hijo y usó la acción de oro -una participación privilegiada que le cedió su marido y que la facultaba para tomar decisiones unilaterales- para apartar a sus hijas de la compañía todo explotó.
Ese movimiento supuso un volcán, un estallido de los instintos más primarios en la familia.
La situación era tan cruda que, tal como se ha constatado en las distintas sesiones del juicio, en enero de 2017 la viuda de Vicente Sala pensaba cambiar los estatutos de las empresas para poder traspasar la acción de oro a su hijo, ya que si no se modificaban no podía hacerlo, y darle todo el poder en el holding. Además, ya le había hecho heredero universal.
Los estatutos no se cambiaron porque un mes antes fue asesinada. Lejos de unir a los hermanos, el crimen de su madre los alejó para siempre. Veinticuatro horas después del asesinato, la Policía ya tenía a su sospechoso: Miguel López. Consideraban los agentes que el hecho de ver amenazado su sector de negocio –en el que cobraba 100.000 euros anuales y que Mari Carmen Martínez se planteó cerrar más de una vez por las pérdidas- y las malas relaciones con su suegra , entre otros indicios, le empujaron a matarla. Vicente Sala hijo y su tía abrazaron esa tesis.
Mar, Tania y Fani no. Ellas siempre han pensado que el asesino de su madre está fuera de la familia y se apoyan en la ausencia de pruebas directas en contra de Miguel.
Paradójicamente, el crimen de Mari Carmen Martínez acabó con la guerra familiar por el poder. Sus hijos llegaron a un acuerdo, no sin muchos sobresaltos, pero un acuerdo al fin y al cabo que cerraba el frente económico.
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