<p>El Tribunal Constitucional (TC) prevé resolver en el primer trimestre de 2026 los recursos de amparo de los líderes del <i>procés </i>contra la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/04/10/67f77885fdddff085f8b45b6.html»>decisión </a>del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar el delito de malversación de caudales públicos, según informan fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO.</p>
Conde-Pumpido prevé tratar en Pleno a principios de año las demandas de los condenados y de los procesados, entre las que se encuentra el ex ‘president’
El Tribunal Constitucional (TC) prevé resolver en el primer trimestre de 2026 los recursos de amparo de los líderes del procés contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar el delito de malversación de caudales públicos, según informan fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO.
En concreto, en la corte de garantías hay dos tipos de demandas de amparos interpuestas por los dirigentes independentistas que protagonizaron el desafío separatista en el año 2017 y que han sido ya admitidas a trámite por la corte de garantías. Un primer grupo de recursos, presentados por ex miembros de la Generalitat de Cataluña que fueron condenados por el Supremo, indultados y amnistiados y, un segundo grupo, respecto de los procesados que nunca llegaron a ser juzgados, como es el caso del ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.
Fuentes del TC sostienen que no será previsiblemente hasta el primer trimestre de 2026 cuando se resuelvan los citados recursos de amparo debido a dos circunstancias distintas. En primer lugar, porque las recusaciones promovidas por Puigdemont han retrasado en «un mes» la admisión a trámite de los amparos de los procesados por el 1-O, lo que provoca que sea «muy difícil» poder tenerlos resueltos en un plazo menor de cuatro meses y, en segundo lugar, porque el próximo 13 de noviembre se dará a conocer el dictamen del abogado general de la Unión Europea sobre la amnistía en lo relativo en concreto al delito de malversación de caudales públicos. Y, en este caso, la cautela se ha impuesto en el Constitucional.
El informe del abogado general no es vinculante, si bien es cierto que se trata de un dictamen muy relevante de cara al fallo que pueda adoptar el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que en multitud de ocasiones constituye la antesala de la sentencia que luego dictará la corte europea. Dicho en otras palabras, el informe del abogado general suele marcar el sentido de la sentencia del TJUE. De ahí, que en el TC aguarden con prudencia al conocimiento del citado dictamen en un asunto de especial trascendencia como es la aplicación de la amnistía a Puigdemont; no en vano la Ley fue diseñada a la medida del prófugo. El informe del abogado general será analizado con lupa por el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.
Fuentes jurídicas explican que el recurso de cabecera en el caso de los amparos de los condenados por el 1-O corresponde al ex conseller Jordi Turull, cuya ponencia ha recaído en el magistrado del sector conservador José María Macías. Por su parte, el amparo de cabecera de los procesados por el desafío independentista es el del ex conseller Lluis Puig, siendo ponente del mismo el también miembro del bloque conservador del TC, el magistrado César Tolosa.
El calendario que prevé ejecutar el presidente Conde-Pumpido es que a comienzos del próximo año el tribunal pueda empezar a abordar en Pleno las demandas de los condenados y, posteriormente, la de los procesados, entre las que se encuentra la de Puigdemont.
Por otro lado, la semana pasada, al resolver el recurso que las Cortes de Aragón interpusieron contra la amnistía, el Constitucional ya avaló que se pueda amnistiar el delito de malversación de caudales públicas, aunque lo hizo de forma genérica.
Es decir, el Pleno, respecto del control del Constitucional sobre ese delito, no vio problema alguno en que pueda ser borrado por una amnistía. Sin embargo, el tribunal no entró en el detalle de en qué circunstancias casan o no con lo establecido en la Ley de Amnistía respecto del desvío de fondos públicos. Es decir, no se pronunció sobre la aplicabilidad del mismo, que es la clave para el ex presidente catalán.
Asimismo, la semana pasada, el Pleno del TC rechazó estimar la medida cautelarísima planteada por el líder del Junts. Puigdemont pidió el pasado mes de julio a la corte de garantías que suspendiera de manera inmediata la orden nacional de detención e ingreso en prisión que mantiene activa el instructor del procés, Pablo Llarena.
Sin embargo, el órgano que preside Conde-Pumpido no apreció la especial urgencia alegada por Puigdemont, rechazando la cautelarísima planteada por el dirigente independentista. Hubo cuatro magistrados que votaron en contra de la admisión a trámite de la demanda de amparo del prófugo.
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