<p>El empresario <strong>Antxon Alonso</strong>, quien ha respondido este lunes en el <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html»>Tribunal Supremo</a> únicamente a las preguntas de su defensa en el marco del <a href=»https://www.elmundo.es/espana/koldo-garcia.html»><i>caso Koldo</i></a>, ha negado cualquier actuación delictiva relacionada con el pago de comisiones ilegales por amaños en adjudicaciones de obra pública. «Jamás» cometió irregularidades en relación con las obras en las que participó, aseguró.</p>
Sólo ha contestado a las preguntas de su defensa y el juez le ha prohibido abandonar el territorio nacional
El empresario Antxon Alonso, quien ha respondido este lunes en el Tribunal Supremo únicamente a las preguntas de su defensa en el marco del caso Koldo, ha negado cualquier actuación delictiva relacionada con el pago de comisiones ilegales por amaños en adjudicaciones de obra pública. «Jamás» cometió irregularidades en relación con las obras en las que participó, aseguró.
Alonso era el dueño de Servinabar, una pequeña empresa, con nula experiencia en el negocio de la construcción, que comenzó a resultar adjudicataria de importantes obras en Navarra como la de Mina Muga, en el municipio de Sangüesa, o el pabellón de Navarra Arena, en Pamplona.
Al término de su comparecencia, que fuentes jurídicas califican como «una entrevista con su abogada», la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le retire el pasaporte, se le prohíba abandonar el territorio nacional y tenga que comparecer de forma quincenal en el juzgado. Por su parte, en un auto notificado este lunes, el magistrado Leopoldo Puente ha impuesto al imputado todas las cautelares solicitadas por el fiscal.
Según informan fuentes presentes en la declaración, durante su comparecencia, el empresario Alonso ha admitido su amistad -la ha calificado como una «relación personal»- con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque ha negado ser su socio en la mercantil Servinabar y ha señalado que Mina Muga era «un proyecto cien por cien privado».
En el registro de su domicilio, llevado a cabo por la UCO el pasado 10 de junio, los agentes encontraron un contrato privado de compraventa por el que Antxon Alonso cedía 1.350 participaciones sociales (de las 3.000 en las que se estructura la mercantil) a Santos Cerdán. Sobre este extremo, Alonso ha señalado que se trataba de un documento privado, sin valor alguno, y que sólo él era el dueño de Servinabar. Asimismo, destacó que conservaba el contrato porque a él «le gusta guardar sus papeles». Añadió, en la misma línea que lo declarado por Cerdán hace justo una semana en el Supremo, que esta escritura se realizó cuando el ex número 3 del PSOE valoró dejar la política en el año 2016.
En el auto de medidas cautelares impuestas al empresario, investigado por delitos de organización criminal y cohecho activo, se expone que «es verdad, desde luego, que tanto don Santos Cerdán como el propio don Joseba Antxon Alonso han asegurado en sus respectivas declaraciones en esta causa especial que decidieron después verbalmente resolver el contrato, sin elevarlo a público y sin que, en definitiva, llegara a ejecutarse, señalando, incluso, que se trataba de un mero borrador con la idea de, tal vez, presentarlo después en la correspondiente notaría para elevarlo a público (pese a lo cual, ese pretendido borrador se encontraba, sin embargo, fechado y firmado). No impresiona el documento privado como una simple manifestación, más o menos improvisada, de voluntad de la que después las partes se separaran transcurrido apenas un fin de semana».
Asimismo, Leopoldo Puente añade que «no se explica tampoco fácilmente el motivo por el cual Joseba Antxon, buen amigo de Santos según se proclama, conservaba el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio».
Por otro lado, durante su comparecencia, Alonso ha admitido pagar un sueldo al ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, antaño hombre de total confianza de Santos Cerdán, Koldo García. Ha señalado que éste hizo varias gestiones en la adjudicación de las obras de Mina Muga.
Del sumario de esta causa de corrupción se desprende que, el empresario Antxon Alonso también fue socio de Koldo García, a través de la sociedad cooperativa Noran Coop.
Según el empresario, fue Santos Cerdán quien le comentó que Koldo «necesitaba trabajo» y que llegó a un acuerdo con él para constituir entonces Noran Coop, quedando de mutuo acuerdo en que él le presentaría negocios y proyectos y a cambio le paga mensualmente.
Antxon Alonso sostiene que esa relación duró nueve meses y se produjo cuando Koldo García que no tenía cargo público alguno y, por lo tanto, «capacidad de influir».
En el sumario consta que esta mercantil fue constituida el 26 de junio de 2015, en el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación minera de Mina Muga, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar.
También ha declarado ante el magistrado Puente el ex directivo de Acciona Fernando Merino, el ex director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, quien ha negado tener capacidad para decidir que la multinacional concursase en UTE con Servinabar cuando la trama corrupta comenzó a operar en la comunidad foral; años antes de penetrar en el Ministerio de Transportes que encabezaba Ábalos. «No, lo hizo mi superior», remachó.
Sobre su relación con Servinabar, Merino ha explicado que «tanto en Navarra como en el País Vasco una empresa nacional no tiene opciones», por lo que es «práctica habitual» relacionarse con sociedades locales. «Como Servinabar ya trabajaba en la mina -en referencia a Mina Muga- , era normal que para obtener adjudicaciones implique una empresa de la zona», precisó.
El juez ha impuesto a Merino -que sí ha respondido a Puente y al representante de la acusación pública, el fiscal jefe Alejandro Luzón– las mismas medidas cautelares que para Alonso.
En el auto, el instructor destaca la existencia de «indicios bastantes» para poder considerar que Fernando Merino «podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con los investigados Koldo García y José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que, siempre con el carácter provisional que resultan propios del momento procesal en el que nos encontramos, pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo».
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