<p>»La normativa no tiene efectos sobre la competencia», «no afecta a las cargas administrativas de las empresas» ni «a los presupuestos de las Administraciones Públicas». Así lo defiende el Gobierno de <a href=»https://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html»>Pedro Sánchez</a> en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la regularización exprés aprobada este martes en el <strong>Consejo de Ministros</strong> tras el <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2026/01/26/69779954e85ece783b8b459f.html»>pacto</a> del Ejecutivo con Podemos. A pesar de esas tres observaciones, concluye en su análisis de impacto económico que «se espera» uno «positivo» en virtud de «la afiliación a la seguridad social» y la «incorporación al mercado laboral de las personas extranjeras», pero no menciona la competencia entre los sueldos medio bajos en empleos de baja cualificación, cuya oferta aumentará.</p>
Eleva a audiencia pública la propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería con la que despeja las incógnitas sobre los antecedentes o la tramitación del asilo
Audio generado con IA
«La normativa no tiene efectos sobre la competencia», «no afecta a las cargas administrativas de las empresas» ni «a los presupuestos de las Administraciones Públicas». Así lo defiende el Gobierno de Pedro Sánchez en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la regularización exprés aprobada este martes en el Consejo de Ministros tras el pacto del Ejecutivo con Podemos. A pesar de esas tres observaciones, concluye en su análisis de impacto económico que «se espera» uno «positivo» en virtud de «la afiliación a la seguridad social» y la «incorporación al mercado laboral de las personas extranjeras», pero no menciona la competencia entre los sueldos medio bajos en empleos de baja cualificación, cuya oferta aumentará.
El documento, elevado a audiencia pública junto a la propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería, sí puntualiza que, «por razón de su trascendencia económica«, el proyecto normativo se someterá a examen por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El Gobierno calcula que esta regularización beneficie a más de medio millón de personas, por lo que el volumen de solicitudes será grande. Según la memoria, la tramitación de las solicitudes va a corresponder a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería. Para evitar que este servicio se sature, la ministra portavoz y responsable del ramo, Elma Saiz, explicó en rueda de prensa este martes que el procedimiento podría completarse de vía telemática y también en oficinas de la seguridad social, delegaciones y subdelegaciones.
Por otra parte la memoria subraya que la norma «se incluye dentro del ordenamiento jurídico actual en materia de extranjería», en línea con el derecho de la Unión Europea. La realidad es que esta medida choca con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento europeo en 2024, pero que no entrará en vigor hasta junio del presente año.
El texto que propone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones despeja las incógnitas que afloraron después de las declaraciones que hicieron la secretaria política y la secretaria general de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, acerca del acuerdo.
Así, con respecto a los antecedentes penales «relevantes»de los que habló Montero este lunes, el proyecto normativo propone que tanto las personas solicitantes de asilo como las que no lo son deberán «carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España». En caso de ser cancelables, se procederá a su cancelación.
También deberán acreditar no representar una amenaza para «el orden público, seguridad o salud pública», «no tener prohibida la entrada» en nuestro país y «no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido». Tampoco será admisible su solicitud si se encuentran dentro del plazo de compromiso de no retorno a España.
Con «carácter excepcional», si transcurre un mes sin que el solicitante logre obtener el certificado de antecedentes penales de la autoridad correspondiente, «el Gobierno podrá recabar la información necesaria» de donde corresponda. Si no lo logra, el interesado será informado de ello y tendrá que presentar una «declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales». En ese caso se entenderá que «el interesado carece de antecedentes».
Además, en el caso específico de los solicitantes de asilo, el texto propone que «la presentación de la solicitud [de regularización extraordinaria] supondrá la paralización con suspensión de cualquier plazo que esté pendiente de cualquier otra solicitud de protección internacional».
España
