<p>En una semana convulsa en lo político, con la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/11/27/6928048be4d4d871208b459d.html»>importante derrota del Ejecutivo en el Congreso</a> con su <strong>senda de déficit</strong> y el <strong>techo de gasto</strong> y con el coste de la entrada a prisión sin fianza de <strong>José Luis Ábalos</strong>, el Gobierno ha decidido poner el foco en lo económico y sacar pecho de dos importantes hitos que afectan a los ingresos de aproximadamente 13 millones de votantes: los pensionistas y los funcionarios.</p>
La subida al 2,7% de las pensiones costará al menos 5.700 millones en 2026 y el alza a los empleados públicos costará otros 8.000 sólo hasta el año que viene
En una semana convulsa en lo político, con la importante derrota del Ejecutivo en el Congreso con su senda de déficit y el techo de gasto y con el coste de la entrada a prisión sin fianza de José Luis Ábalos, el Gobierno ha decidido poner el foco en lo económico y sacar pecho de dos importantes hitos que afectan a los ingresos de aproximadamente 13 millones de votantes: los pensionistas y los funcionarios.
En apenas dos días se han despejado las incógnitas que se cernían sobre estos dos colectivos. En primer lugar, los salarios de 3,5 millones de empleados públicos, cuya revalorización permanecía atascada desde principios de año, se desbloqueó el jueves con la firma de un acuerdo que los elevará hasta un 11,4% en los próximos cuatro años. Y en segundo lugar, este viernes trascendió la cuantía de la subida que tendrán el año que viene 9,4 millones de pensionistas, con un alza del 2,7%, a partir del comportamiento que han tenido los precios este año.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se involucró personalmente el jueves en la firma sobre el sueldo de los funcionarios con los sindicatos UGT y Csif: «Con este acuerdo ganan todos los trabajadores y trabajadoras, gana la ciudadanía y, por tanto, creo que gana el país. Hoy es una gran noticia para nuestro país», destacó el presidente tras la rúbrica del acuerdo entre los representantes de los trabajadores públicos y el ministro de Función Pública, Óscar López.
Casi en paralelo a esta firma se dirimía en el Tribunal Supremo el ingreso en prisión sin fianza del ex secretario general del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Sánchez decidió participar en la firma del acuerdo salarial para los funcionarios pese a que CCOO no quiso sumarse y lo consideró «precipitado» por los intereses del Ejecutivo.
«El Gobierno ha precipitado los tiempos del final de la negociación», advirtió ayer su secretario general de COO, Unai Sordo. El sindicato ha convocado para el próximo martes a su consejo confederal, su máximo órgano directivo, para definir su «decisión definitiva» sobre la senda de subidas planteada por el Gobierno.
El acuerdo, sin embargo, ya se ha firmado. Comprende una subida gradual hasta 2028 de hasta un 11,4%: la senda de subida será de un 2,5% este año, del 1,5% (+0,5% si supera ese 1,5% del IPC) en 2026; de un 4,5% en 2027 y de un 2% en 2028. Para este año, la subida del 2,5% se abonará como una superpaga extra en diciembre, junto a la extra de Navidad.
El compromiso adquirido por el Ejecutivo con los funcionarios comprende una subida superior a los 22.500 millones. Sólo entre la subida de este año y la siguiente, se desembolsarán unos 8.000 millones; o más si se cumple el mencionado condicionante del IPC.
Poco ha tenido que ver el Ejecutivo respecto al timing de la revalorización de las pensiones al 2,7% que se conoció ayer. Desde que se aprobó su indexación al coste de la vida, tras el mandato del Pacto de Toledo, la subida que tendrán las pensiones contributivas se calcula nada más conocerse el dato de IPC de noviembre. El INE publicó este viernes el dato adelantado, que arroja un 3% interanual (una décima menos que en octubre), con lo que la media anual dibuja un alza del 2,66%, que se redondeará en un 2,7% de subida para 2026.
Este dato del 2,7% aún puede variar ya que el INE debe confirmar o ajustar el IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre. En cualquier caso, esta revalorización afectará a las 10,4 millones de pensiones contributivas —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares— que perciben 9,4 millones de pesionistas (un millón cobra más de una pensión), siendo el grueso de ellas, con 6,5 millones de beneficiarios, las de jubilación. Si se confirma el 2,7%, la subida tendrá un coste, al menos, de 5.700 millones en 2026.
Esta revalorización de las pensiones contributivas para 2026 del 2,7% supone un ligero descenso respecto a la revalorización que se produjo en 2025 (2,8%), y es sensiblemente más baja que la registrada en 2024 (3,8%) y en 2023 (8,5%), ejercicios marcados por una mayor presión inflacionaria.
Según cálculos del Ministerio de Inclusión, subir un 2,7% las pensiones contributivas supondrá unos 572 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación. En el conjunto del sistema, el aumento anual medio será de 498 euros.
De acuerdo con los datos del departamento que dirige Elma Saiz, la pensión media del sistema se situó en 1.316,7 euros mensuales en noviembre, un 4,4% más que un año antes. La pensión media de jubilación, la más numerosa —percibida por unos 6,5 millones de personas—, alcanzó los 1.511,5 euros mensuales, tras crecer un 4,3% interanual. Ese mismo mes se abonó la paga extraordinaria, que en el caso de la jubilación tuvo un importe medio de 1.492 euros, según recordó la Seguridad Social.
La ministra Saiz ha subrayado que la actualización de las pensiones conforme al IPC «consolida una medida fundamental» y garantiza que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo el próximo año. En sus palabras, la revalorización anual «es un compromiso irrevocable del Gobierno y un derecho reconocido por la Constitución, no un privilegio ni un regalo». Añadió que el objetivo es reforzar un sistema que considera «ejemplar entre las grandes economías de nuestro entorno».
El anuncio coincide con la advertencia lanzada esta semana por la OCDE sobre la sostenibilidad futura del sistema español. La organización estima que el coste asociado al envejecimiento de la población española aumentará en 5,2 puntos del PIB de aquí a 2050 —unos 93.000 millones de euros—, un ritmo que los ingresos públicos no acompañarán. Por ello, insta al Ejecutivo a abordar una reforma en profundidad del sistema de pensiones si quiere garantizar su viabilidad a medio y largo plazo.
Actualidad Económica
