El Gobierno desvió al menos otros 8.500 millones de euros de partidas previstas con fondos europeos para destinarlos al pago de pensiones, ingreso mínimo vital, otros gastos sociales e incluso aportaciones a Correos. Así aflora en la relación de «expedientes de modificaciones presupuestarias» remitida por Hacienda al Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Son las realizadas, según el Ministerio, por la situación de prórroga de los Presupuestos de 2023 en vigor.
Dio de baja en ‘ingeniería financiera’ partidas asignadas a «transición industrial» o «cargadores eléctricos» con dinero europeo para activar gastos sociales
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El Gobierno desvió al menos otros 8.500 millones de euros de partidas previstas con fondos europeos para destinarlos al pago de pensiones, ingreso mínimo vital, otros gastos sociales e incluso aportaciones a Correos. Así aflora en la relación de «expedientes de modificaciones presupuestarias» remitida por Hacienda al Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Son las realizadas, según el Ministerio, por la situación de prórroga de los Presupuestos de 2023 en vigor.
Esta cifra se une a los 2.389 millones ya detectados por el Tribunal de Cuentas en 2024 y supone que la falta de presupuestos dispara el uso de esta ingeniería financiera con los fondos europeos y que sólo en dos años la reasignación suma 10.000 millones como mínimo. El Gobierno no aclara otros 3.000 millones adicionales para pensiones de funcionarios en 2025 que podrían haber sido financiados también por esta vía.
Se acelera así el uso de las transferencias de Bruselas para gastos corrientes aprovechando la dificultad y el retraso en la ejecución de los fondos. En 2025, el enjuague prácticamente cuadriplica el de 2024 que es el último fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. El Gobierno alega que no hay nada ilegal en esta técnica y que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) acordado con la UE se terminará cumpliendo en todo caso.
La ingeniería consiste en dar de alta un gasto corriente que necesita el Gobierno y, para que sea posible financiarlo en las cuentas prorrogadas, proceder a dar de baja otro asignado al llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE con el argumento de que no hacía falta gastarlo aún ese año.
Una gran partida resuelta con este apaño presupuestario es la decisión del Consejo de Ministros del 8 de julio de 2025 de reforzar con 2.984 millones el sistema de la Seguridad Social «en cumplimiento del Pacto de Toledo». «Es necesario incrementar la dotación de crédito existente para el ejercicio 2025 para hacer frente a las transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social», anunció el Gobierno sin desvelar, al carecer de Ley de Presupuestos, de qué partida echaba mano para ese dinero. Finalmente, lo que hizo la ministra de Hacienda de la época, María Jesús Montero, fue dar de baja partidas millonarias previstas con cargo al citado MRR.
Montero recurrió sobre todo a fondos europeos previstos para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para «incentivos a la instalación de puntos de recarga o a la adquisición de vehículos eléctricos», «el desarrollo de energías renovables innovadoras» o «el despliegue del almacenamiento energético».
Otro ejemplo es el acuerdo del Consejo de Ministros de ese mismo día por el que se acordó destinar 1.327,8 millones para «los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social». Esta inyección supuso dar de baja en la misma cuantía dos expedientes previstos para «Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial».
Un caso similar son los 1.300 millones aprobados también el pasado año para «la financiación del Ingreso Mínimo Vital». Montero retiró el grueso, 928 millones, también de la misma partida mencionada para la transición industrial, pero también arañó cerca de 100 millones del llamado Perte de Economía Circular y de fondos europeos para «competencias digitales transversales»previstos para comunidades autónomas. Incluso aplicó un tajo de 4,25 millones de un proyecto financiado por la UE para «la implementación de un sistema de predicción de la calidad de aire» en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Así pudo reunir los 1.300 millones que requería el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz.
Según el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda no ha justificado suficientemente la base legal para hacer estos enjuagues y, de acuerdo con varios de sus consejeros, es una irregularidad, porque la normativa no lo permite. La Ley de Prórroga de los Presupuestos de 2023, que son los últimos aprobados, impide mover partidas de fondos europeos fuera de las previstas para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es el que reparte más de 100.000 millones de fondos europeos a España. Eso lo defienden no sólo los consejeros a propuesta del PP, sino una nombrada en la cuota del PSOE, Isabel Rodríguez. El resto del bloque gubernamental afean el uso sin ser tan rotundos sobre su irregularidad.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, argumenta en sus alegaciones al Tribunal de Cuentas que es lícita esta operación, por considerar que la normativa «en ningún caso impide que esos créditos [previstos para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia] puedan ser financiadores de expedientes de modificaciones de crédito con destino a otros programas del Presupuesto del Estado». Pone como ejemplo que el uso para pagar pensiones de funcionarios jubilados en 2024 «correspondía a créditos sobrantes del Ministerio de Industria» que, a juicio de Hacienda, no necesitaba ese año para cumplir con la UE.
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