<p class=»ue-c-article__paragraph»>«Entre bambalinas/Entre bastidores»: reservadamente, entre algunas personas y de modo que no trascienda a los demás. Ahí es donde se cuece todo en la política. Donde no llegan las cámaras ni micrófonos. Ahí, en ese agujero negro que persiguen periodistas y ciudadanos se cerró, según explican fuentes de <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/junts-per-catalunya.html»>Junts</a>, el pasado mes de marzo, el <a href=»https://www.elmundo.es/cataluna/2025/09/16/68c9967de85ece666f8b45d0.html»>acuerdo</a> para que las empresas de más de 250 empleados y que facturen más de 50 millones tengan que atender las reclamaciones de los clientes en las lenguas cooficiales si el requerimiento parte de un ciudadano que resida en comunidades con lengua propia. El partido de <strong>Carles Puigdemont</strong> se colgó la medalla, con la connivencia del Gobierno, de anunciar este martes que había conseguido «en el Congreso blindar el catalán en la atención al cliente» tras «acuerdo alcanzado con el Gobierno español». Una petición que habían hecho también socios de <strong>Pedro Sánchez</strong> como <a href=»https://www.elmundo.es/e/er/erc-esquerra-republicana.html»>ERC</a>, <a href=»https://www.elmundo.es/e/bi/bildu.html»>EH Bildu</a> o el <a href=»https://www.elmundo.es/espana/bng.html»>BNG</a>.</p>
El uso de las lenguas cooficiales en las empresas fue pedido por todos sus socios
«Entre bambalinas/Entre bastidores»: reservadamente, entre algunas personas y de modo que no trascienda a los demás. Ahí es donde se cuece todo en la política. Donde no llegan las cámaras ni micrófonos. Ahí, en ese agujero negro que persiguen periodistas y ciudadanos se cerró, según explican fuentes de Junts, el pasado mes de marzo, el acuerdo para que las empresas de más de 250 empleados y que facturen más de 50 millones tengan que atender las reclamaciones de los clientes en las lenguas cooficiales si el requerimiento parte de un ciudadano que resida en comunidades con lengua propia. El partido de Carles Puigdemont se colgó la medalla, con la connivencia del Gobierno, de anunciar este martes que había conseguido «en el Congreso blindar el catalán en la atención al cliente» tras «acuerdo alcanzado con el Gobierno español». Una petición que habían hecho también socios de Pedro Sánchez como ERC, EH Bildu o el BNG.
Según relatan fuentes conocedoras de la negociación, ambas partes sellaron este acuerdo en el mes de marzo -por parte del Gobierno el tema lo lleva el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo-, Junts registró sus enmiendas a la ley para lograr su objetivo el 9 de abril y no se ha desvelado hasta ahora porque se ha esperado a la percha propicia: el comienzo de la ponencia del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, esto es, el grupo de trabajo en el Congreso que debe dar forma al texto definitivo, aceptando o no los cambios pedidos.
«Junts son independentistas, pero no quiere decir que no puedas negociar con ellos y alcanzar acuerdos», defienden fuentes del Gobierno. Para el Ejecutivo este acuerdo para la prestación de la atención al cliente en lenguas cooficiales demuestra que pese a momentos de tensión en los que Puigdemont necesita dar un golpe en la mesa, en la relación con esta formación «se ha normalizado el desacuerdo». «No podemos estar de acuerdo en todo, pero no tenemos por qué llevarnos mal porque en el fondo nos interesa llevarnos bien. Habrá cosas que votarán en contra, pero eso no tiene que implicar una crisis que parezca que se rompe todo, sobre todo porque no tiene sentido si no van a hacer una moción de censura», es el resumen que hacen miembros del Gobierno consultados por EL MUNDO.
Junts tumbó la reducción de la jornada laboral y esta semana cercenó la proposición de ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción. Precisamente el PSOE y Junts se reúnen en Suiza, en el marco de las citas mensuales que mantienen, con incumplimientos que denuncian los independentistas -amnistía, el catalán en Europa…- y con el horizonte de la votación la próxima semana de la delegación de las competencias de inmigración para Cataluña.
Esta iniciativa, otro pacto Junts-Gobierno, está abocada al fracaso a día de hoy por el rechazo frontal de Podemos, que la considera una iniciativa «racista». «Nosotros hemos cumplido», sentencian fuentes gubernamentales, desligándose del fracaso y aduciendo que su compromiso era pactar y redactar una ley que llegara al Congreso. Esto es, que ahí llega su responsabilidad y que la de buscar los votos necesarios atañe al interesado, que es Junts. «Nosotros respondemos por nosotros y, si nos apuras, a veces por Sumar», dicen en el sector socialista del Ejecutivo.
«No vemos a Junts muy diferente a como estaban. Van tema a tema, así que hay que tener paciencia», dicen desde el núcleo duro de Sánchez. «La táctica es diálogo y seducción».
Y en ese marco, gestos como el de la atención al cliente en lenguas cooficiales. La medalla se la colgó Junts con una puesta en escena acaparando el protagonismo -nota de prensa y declaraciones en el Congreso-, ofreciendo su versión del pacto. La información era la que ellos proporcionaron en un primer momento. Los independentistas lograron instaurar el marco de que la obligación para las grandes empresas de prestar la atención al cliente en catalán y en el resto de lenguas cooficiales «será en toda España».
Desde el Gobierno matizan que hay que debatir la ponencia y ver a qué acuerdo y redacción se llega, pero que la base es si un cliente formaliza una reclamación desde un territorio con lengua cooficial a una empresa que cumpla los requisitos -250 empleados y que facturen más de 50 millones- y la hace en catalán, vasco y gallego, la compañía aunque no resida en estos territorios debe atender en esa lengua.
La medalla en la solapa que el Gobierno permitió a Junts colgarse molestó a sus socios. «Me alegra la capacidad de Junts para apropiarse de cosas», ironizó Gabriel Rufián, portavoz de ERC. «Es increíble lo de Junts», dicen desde los socios de Sánchez. Se quejan de que en los últimos meses «se ha estado negociando entre Consumo y los grupos para poder lograr un acuerdo común que sea introducido como una enmienda transaccional conjunta de todos los grupos». Se quejan de que «a día de hoy no tenemos constancia de ningún acuerdo cerrado con ningún grupo».
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, trató de calmar ayer ánimos al asegurar que la medida «está en negociación todavía con todos los grupos». «Hay acuerdo. Va a ir todo bien», sostienen otras fuentes del Gobierno.
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