<p>El Gobierno incumplirá el mandato constitucional de presentar anteproyecto de Presupuestos antes del 1 de octubre por tercer año consecutivo. No lo hizo en septiembre de 2023 -estaba en funciones- ni en 2024 y tampoco lo hará a tiempo en 2025. Fuentes gubernamentales confirman a EL MUNDO que en el mes de septiembre el intento de la vicepresidenta primera, <strong>María Jesús Montero</strong>, se centrará en el llamado techo de gasto, que el teórico paso previo del ciclo presupuestario que debió haber quedado cerrado el pasado julio.</p>
La Carta Magna obliga a presentar un proyecto en septiembre, pero Montero no tiene negociada ni la senda previa de estabilidad
El Gobierno incumplirá el mandato constitucional de presentar anteproyecto de Presupuestos antes del 1 de octubre por tercer año consecutivo. No lo hizo en septiembre de 2023 -estaba en funciones- ni en 2024 y tampoco lo hará a tiempo en 2025. Fuentes gubernamentales confirman a EL MUNDO que en el mes de septiembre el intento de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se centrará en el llamado techo de gasto, que el teórico paso previo del ciclo presupuestario que debió haber quedado cerrado el pasado julio.
El incumplimiento de calendario se produce, pese al artículo 134 de la Constitución, que establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».
Gobiernos de todo signo han incumplido el precepto constitucional desde 1978 y han presentado presupuestos fuera de plazo o aguantado con alguna prórroga, pero el socialista de coalición actual bate todos los récords en contra de esta obligación legal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que, al contrario que en los años anteriores, esta vez al menos presentará anteproyecto de Presupuestos para 2026 con independencia de que tenga o no previamente votos suficientes. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, aseguró este lunes en la Cadena Ser que no se sentará siquiera a negociar su apoyo mientras no alcance un acuerdo sobre la llamada financiación singular sobre la que presentará una propuesta en breve. Y el líder del PNV, Aitor Esteban, consideró en Radio Euskadi «casi imposible» que pueda haber Presupuestos aprobados en 2026.
En todo caso, la vicepresidenta tiene antes que fijar el límite de gasto en que basará el presupuesto -no podrá ser expansivo para cumplir las reglas europeas- y la llamada senda de estabilidad con reparto del déficit con las comunidades autónomas, lo que el pasado año le llevó a un choque con Junts que frustó su aprobación.
De momento, Montero espera que facilite la negociación con los independentistas el anteproyecto de condonación de deuda autonómica que lleva este martes al Consejo de Ministros. Se trata del perdón de 83.252 millones a las comunidades que quieran quita con 17.104 millones para Cataluña ya aceptados por Esquerra y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que han sido los motores de esta medida de gracia que favorece especialmente a esta comunidad, que es la más endeudada y con peor calificación internacional de solvencia.
Montero endulza el trago para la comunidad que aspira a gobernar inflando la parte de Andalucía hasta 18.791 millones, pero la Junta insiste en que no necesita tanto un alivio de deuda, sino un nuevo modelo de financiación que el Gobierno sigue sin poner sobre la mesa.
El plan de Montero ni siquiera cuenta con el apoyo cerrado de parte del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, calificó la operación socialista de «propuesta modesta» en declaraciones este lunes a TVE.
Según Díaz, Montero debe vincular la quita a que las comunidades que se acojan no perpetren lo que denomina «dumping fiscal». Es decir que, por ejemplo, la propia Junta andaluza o la Comunidad de Madrid no puedan beneficiarse de la condonación si siguen bajando impuestos. Fuentes de Hacienda declinaron este lunes responder a Díaz, que se quejó de que no obtiene respuesta de Montero a su petición. Para la candidata socialista a presidir Andalucía es delicado condicionar la quita a la Junta a que aumente la presión fiscal.
Por otra parte, Díaz -que cuenta con Compromís en la coalición de Sumar- reclama que la condonación se complete con un apoyo adicional a la Comunidad Valenciana, que calificó de «infrafinanciada». El reparto de Montero de la quita de deuda deja a la Generalitat Valenciana mucho peor parada que la de Cataluña, pese a que figura a la cabeza de las perjudicadas por el actual sistema de financiación. El Gobierno le alivia 11.210 millones, un 35% menos que a Cataluña.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, la quita se limita a 8.644 millones. Rocío Albert, la consejera de Economía de Isabel Díaz Ayuso, reiteró este lunes en que no va a negociar ninguna condonación con Hacienda y negó que pueda llamarse dumping fiscal a la autonomía tributaria prevista en la Constitución. «Todas las comunidades pueden hacerlo, pueden con los impuestos bajar o subir, de hecho nosotros bajamos los impuestos a los madrileños, y curiosamente recaudamos más, y sin embargo los catalanes, con ese supuesto dumping fiscal, lo que hacen es subir los impuestos a los catalanes y recaudan menos, con lo cual no tiene nada que ver y el problema de la condonación es exclusivamente la deuda que han ido acumulando muchas comunidades autónomas por haber hecho un gasto ineficaz de su presupuesto», declaró, según Europa Press.
En línea con otras comunidades gobernadas por el PP, Albert centra cualquier acuerdo en la reforma del modelo. «Necesitamos un nuevo sistema de financiación autonómica, no uno que lo único que hace es seguir al dictado del independentismo catalán. Por tanto, lo que tiene que hacer es dejar de hablar de la condonación, reunirnos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que por primera vez no lo reunió ni siquiera en el mes de julio, y ponernos encima de la mesa un nuevo modelo».
Montero está convencida de que los barones del PP terminarán aceptando la quita. El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, alimentó esa idea asegurando que intentará que sea mayor para su territorio, pero que, si no lo logra, se acogerá igualmente a la medida. «Si no cambia, aceptaré algo que es injusto y no igualitario ni solidario», afirmó Capellán.
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