<p class=»ue-c-article__paragraph»>Durante la etapa en la que<strong> Irene Montero</strong> fue ministra de Igualdad en funciones, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el servicio integral de las pulseras antimaltrato -bajo la condición de elaborar un plan para trasvasar la información relativa a los usuarios de este sistema de una empresa a otra- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de <strong>Vodafone</strong> y <strong>Securitas Seguridad</strong>* pese a haber calificado de «deficiente» y «poco preciso» el plan diseñado por los adjudicatarios.</p>
Adjudicó el contrato a Vodafone y Securitas pese a que el trasvase que proponían era «poco preciso»
Durante la etapa en la que Irene Montero fue ministra de Igualdad en funciones, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el servicio integral de las pulseras antimaltrato -bajo la condición de elaborar un plan para trasvasar la información relativa a los usuarios de este sistema de una empresa a otra- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Vodafone y Securitas Seguridad* pese a haber calificado de «deficiente» y «poco preciso» el plan diseñado por los adjudicatarios.
El juicio de valor firmado por un alto cargo de la Delegación suspendió con una puntuación de 3,6 sobre 10 el «Plan de transición de salida del servicio», el eje sobre el que pivotaría todo el traspaso del sistema de una empresa a otra. De aquellas disfunciones surgiría más tarde, entre junio y diciembre de 2024 según precisó ayer la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, la imposibilidad de recuperar información anterior a la fecha en que terminó aquella mudanza de datos, el 20 de marzo de 2024, denunciada en la Memoria Anual que la Fiscalía dirigida por el encausado Álvaro García Ortiz ha publicado.
«En cuanto a los trabajos para la transición presenta un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente», señala el documento publicado en la Plataforma de Contratación Pública. Precisamente, el pliego de prescripciones técnicas estipuló las condiciones necesarias para obtener el contrato -valorado en más de 41 millones de euros-, especificando que la «Fase de transición» debía realizarse «de tal forma que el servicio prestado no sufra ninguna merma de su calidad ni de disponibilidad», así como que la empresa adjudicataría sería «responsable de no perder el histórico de información».
En su valoración posterior al plan presentado por la empresa adjudicataria, se refleja que el plan diseñado era «poco preciso», y que «el detalle no es lo suficientemente extenso, aunque presenta una coherencia aceptable». Vodafone y Securitas presentaron un plan de contingencias que no era lo «suficientemente completo», y un calendario de «tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias» que no presentaba «un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario para acometer las tareas», señala el texto suscrito por la entonces subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, Macarena Gamir Linares, con su firma.
Concluye suspendiendo a la UTE en ese apartado, aunque se valoró con una puntuación de 23,9 sobre 30 el segundo, referente a la oferta técnica; un total de 27,5 sobre 40. Telefónica, adjudicataria del contrato desde 2009, no se presentó a la convocatoria, siendo la unión de las empresas privadas la única concurrente.
A esta valoración, manifiestamente insuficiente, se aferró el socio minoritario del Gobierno, Sumar, que registró en el Congreso a mediadios de diciembre de 2024 -tras denunciar disfunciones las encargadas del funcionamiento de la geolocalización del sistema- una pregunta escrita para interpelar al Gobierno sobre sus criterios en la adjudicación del contrato a una empresa cuyo plan de transición se evaluó como «deficiente». El Gobierno achacó la contratación al equipo de la era Montero: «La elaboración de los pliegos técnicos y administrativos del contrato tuvo lugar durante el año 2023».
Añadido al precedente de la ley del solo sí es sí, los fallos en las pulseras mancillan el nombre del Gobierno de Pedro Sánchez de cara a su nicho electoral más importante: las mujeres. El que siempre ha sido el feudo del PSOE ahora escora hacia la derecha a cuenta de escándalos que conciernen a Igualdad, como también sucedió cuando se revelaron los audios del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García, repartiéndose prostitutas.
Además, en esa misma respuesta se aclaró que el contrato entró en vigor el 8 de febrero de 2024. Según ha podido saber este diario, el Ministerio mantuvo una reunión en enero de ese mismo año con representantes del CGPJ en la que el departamento fue advertido de que la UTE de Vodafone y Securitas no se ajustaba a los pliegos técnicos: «Sistema y dispositivos de Vodafone no están listos para implementación: no cumple con solvencia técnica por traer tecnologías no probadas». Igualdad ha confirmado a EL MUNDO que estas reuniones se produjeron -son periódicas-, pero advierten de que el equipo de Redondo no tuvo margen de maniobra una vez los técnicos adjudicaron el contrato en octubre de 2023.
Según fuentes cercanas al operativo informático consultadas por este diario, se determinó un periodo de intercambio de información y ayuda entre Telefónica y Vodafone que «abarcó prácticamente desde febrero hasta mayo de 2024». «Se llegó a facilitar una guía sobre cómo realizar la migración», dado que el proceso «no es tan sencillo como copiar unos archivos», indica esta fuente, que da por sentado que fue entre Vodafone e Igualdad donde se produjeron los errores. De hecho, esta misma fuente apunta que el Igualdad llamó a Telefónica «varias veces» después del periodo de transición para pedir ayuda porque percibían que Vodafone no era capaz de hacer funcionar el sistema, lo que conllevó según Fiscalía «incidencias reiteradas».
En esta línea, Redondo precisó ayer ante los focos de La 2 que la cifra de afectados se sitúa en torno al 1%. En base a la información disponible en el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género , que contabiliza unos 4.700 dispositivos activos de media entre junio y diciembre, los casos afectados serían unos 47.
PRISIÓN. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Cartagena (Murcia) ordenó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar presuntamente a su mujer en El Algar (Murcia) el pasado martes. No existían denuncias previas por violencia de género.
1.322 VÍCTIMAS DESDE 2003. Tras el asesinato de El Algar, son 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025. Desde que se empezaron a recopilar estos datos, en 2003, 1.322 mujeres han muerto por asesinatos machistas.
*Fe de erratas: Securitas Seguridad es una entidad distinta y sin relación a Securitas Direct, como se indicó por error en la edición impresa de este artículo.
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