El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva batería de medidas para aliviar la actual escalada de precios energéticos desatada por la guerra en Oriente Próximo. El nuevo plan de choque recupera la rebaja de 20 céntimos a la gasolina y el diésel ya desde octubre, y hasta el 31 de diciembre, una ayuda que se irá modulando en función de la inflación. Además, el Ejecutivo va a intervenir la tarifa regulada del gas y el butano.
El Consejo de Ministros aprueba su tercer plan de choque frente a la guerra en Oriente Próximo, que incluye amplios recortes fiscales y tope a la tarifa regulada de gas (TUR) y el butano
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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un nuevo plan de choque frente a la escalada de precios desatada por la guerra en Oriente Medio, que incluirá la intervención de la tarifa regulada del gas, a la que están acogidos 3,1 millones de hogares en España, y un tope al precio de la bombona de butano. La reunión, marcada por el decreto Maricarmen, ha arrancado con más de una hora de retraso por la negociación in extremis entre PSOE y Sumar para pactar una batería de medidas en materia de vivienda.
La vicepresidenta Sara Aagesen ha confirmado desde Bruselas ambas medidas, adelantadas hoy por el diario económico Cinco Días, que incorporará el real decreto de respuesta a la situación geopolítica, el tercero que Moncloa ha tenido que activar desde que comenzaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán a principios de año.
El Ejecutivo va a limitar al 15% la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural y pretende establecer un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano. En los últimos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha liderado una ronda de contactos con asociaciones del sector energético para valorar la situación en los mercados y la amenaza sobre la seguridad de suministro del bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, que ha restringido significativamente la oferta mundial de petróleo y gas. A ello se ha sumado estos días la amenaza de Donald Trump decortar las exportaciones de diésel a Europa, una medida que pondría a Europa en una situación crítica y que ya ha provocado la reacción de la Comisión Europea.
Más que un posible desabastecimiento, lo que preocupa y ocupa al Gobierno son los precios. Aagesen ha enmarcado las medidas de contención en la llegada del invierno, cuando bajan las temperaturas y se dispara el consumo de gas para calefacción. La TUR, que se revisa trimestralmente, apuntaba a un alza del 45% ya en el mes de octubre. El Gobierno ha fijado así un tope para que la subida no pueda superar el 15%.
Aagesen ha explicado que este tercer paquete incluirá «medidas que ya estuvieron dibujadas en la anterior situación de crisis, en este caso de Ucrania». En las últimas semanas, Sumar ha resucitado la llamada excepción ibérica, mecanismo que España aplicó, entre junio de 2022 y diciembre de 2023, para evitar que la escalada del gas contagiase los precios de la electricidad en los meses más crudos del shock energético. Consistió en limitar por ley el precio que cobraban las centrales de ciclo combinado, que emplean gas para generar la electricidad, a las que se compensaba a posteriori. Los ciclos eran la tecnología más cara del mercado diario (pool). Por eso, al intervenir sus ofertas, el Gobierno logró rebajar a su vez el precio marginal que cobran el resto de tecnologías, las llamadas inframarginales (nuclear, hidroeléctrica y renovables).
La excepción ibérica exigió una dura negociación con Bruselas, para evitar que la compensación al gas fuese considerada una ayuda de estado ilegal, pero mitigó notablemente el golpe de la escalada del gas en el bolsillo de los consumidores. Una de sus consecuencias directas es la minoración de los ingresos de las renovables, que cobran a precio de gas cuando los ciclos fijan el precio. Este efecto preocupa ahora al Gobierno, sobre todo cuando las fotovoltaicas ya hablan de rescate por su delicada situación financiera. Las grandes eléctricas también se oponen a la medida argumentando que incentiva el consumo de más gas para generar electricidad, cuando España camina en dirección contraria.
El equipo de Cuerpo ha llevado con especial cautela las últimas negociaciones. Si bien la inflación vuelve a abrirse paso en la economía, las limitaciones presupuestarias aprietan al Gobierno a apostar por «medidas quirúrgicas». Hasta ahora, Moncloa había recurrido a rebajas fiscales a los carburantes para aliviar el golpe sobre los conductores. Está por ver si el Ejecutivo vuelve a recurrir a ese escudo fiscal, sobre todo, después de que Bruselas se haya pronunciado repetidamente en contra de bajar impuestos a los carburantes.
Aagesen ha aprovechado su intervención en Bruselas para calmar las aguas. En relación a las tensiones en el mercado de diésel, la vicepresidenta ha recordado que, a día de hoy, no existen restricciones a la exportación de este combustible en Europa. Si bien ha instado a «mantener la vigilancia», también ha subrayado que España afronta la situación en mejor posición que otros socios gracias a sus ocho refinerías y a una dependencia de importaciones inferior al 1%.
En cualquier caso, la ministra ecológica ha vuelto a insistir en un impuesto europeo a la industria de los combustibles fósiles. «Nos gustaría ver un gravamen permanente a los sectores del petróleo y del gas para contar con recursos suficientes que permitan reforzar las actuaciones y medidas de resiliencia [frente al cambio climático] en Europa», ha reclamado.
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