<p>Uno de los principales pretextos del presidente del Gobierno,<strong> Pedro Sánchez</strong>, para no convocar elecciones es, como él mismo dice, la alternativa a tener Presupuestos que es «poder gestionar los fondos europeos», porque «a finales del año 2026 tendremos el último desembolso de los más de 160.000 millones de euros».</p>
Confía en flexibilidad de Bruselas para los cuatro pagos restantes por valor de 90.000 millones
Uno de los principales pretextos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no convocar elecciones es, como él mismo dice, la alternativa a tener Presupuestos que es «poder gestionar los fondos europeos», porque «a finales del año 2026 tendremos el último desembolso de los más de 160.000 millones de euros».
Sin embargo, al actual ritmo de reformas y ejecución no va a poder aprovecharlos y menos en minoría parlamentaria, lo que le dificulta aprobar las reformas a las que la Unión Europea le condiciona el dinero.
¿Qué hacer? El Gobierno prepara lo que llama otra «adenda al Plan de Recuperación», según confirman a EL MUNDO fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que declinan dar más detalles. Eso supone renegociar con la Comisión Europea -por cuarta vez desde 2021- los llamados «acuerdos operacionales» que es donde se establecen los hitos y objetivos que España debe cumplir. Esta renegociación es importante para poder embolsarse los más de 90.000 millones que aún no ha recibido de Bruselas (unos 25.000 en subvenciones y otros 67.000 en préstamos) antes del tercer trimestre de 2026.
María Jesús Montero es la encargada de firmar estos cambios con el comisario Valdis Dombrovskis y necesita esta cuarta adenda, porque el Gobierno sólo ha podido cumplir compromisos para merecer cinco de los nueve pagos acordados y de manera discutible. Ahora precisa tener listos todos los requisitos para recibir los otros cuatro para agosto de 2026. La ventaja es que hay varios estados miembros con gran retraso de ejecución, así que Moncloa intenta aprovechar la oportunidad ofrecida por la Comisión Europea el pasado junio para que los países que lo deseen, «simplifiquen la gestión de las últimas solicitudes de pagos». Se trata de agrupar peticiones y reducir los tramos, pero para eso, según Bruselas, las adendas «deben garantizar que todos los hitos y objetivos puedan implementarse antes del 31 de agosto de 2026».
Eso implica el casi utópico reto para el Gobierno de cumplir en menos de un año el 56% de los 594 hitos y objetivos que asumió España en el Plan de Recuperación de 2021, porque solo ha completado el 44%, según datos oficiales de la Comisión. Le quedarían más de 300. De ellos, están pendientes decisiones que no dependen solo del Ejecutivo como es la aprobación en el Parlamento de unas 20 leyes, según los últimos cambios publicados por Bruselas.
Las normas pendientes no son tan sensibles como las ya aprobadas de la reforma laboral o de pensiones, pero, tras la decisión de Junts la semana pasada de «no negociar nada más con el Gobierno», no hay garantía de aprobación de ninguna ley. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, dijo el viernes en RNE: «No vamos a ir a Suiza, ni al Congreso, ni a los despachos de Moncloa, no se va a negociar ni dialogar, con Junts no».
Moncloa alberga aún la esperanza de que Carles Puigdemont le apoye en medidas que puedan desencadenar fondos europeos, pero en ese caso hipotético, podría romper la baraja otro socio del maltrecho bloque de investidura como es Podemos.
Alberto Núñez Feijóo se queja de que Sánchez no le llama para consensuar ningún proyecto y, en todo caso, ya le hizo esta advertencia en noviembre de 2023: «Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque».
La ratonera para el Gobierno es creciente y apunta a un escenario de que ni haya Presupuestos ni posibilidad de optar a todos los fondos europeos con su minoría parlamentaria.
De hecho, las Cortes están plagadas de iniciativas legislativas en tramitación que alargan semana tras semana el plazo de enmiendas por falta de apoyos para aprobarlas. Entre ellas figuran leyes necesarias para conseguir nuevos pagos de los fondos como la Ley de Movilidad Sostenible -aún no cerrada tras superar un primer obstáculo-, la de Industria, la del Derecho de Defensa o la Ley del Cine. Otras están verdes como la regulación de los lobbies o la de reforma de Defensa de la Competencia.
España debería haber solicitado el sexto pago -el siguiente pendiente- hace ya dos años. Sánchez se jactaba en 2023, con fundamento, de que su Gobierno era el primero en conseguir el tercer pago de los fondos, pero aquel liderazgo es pasado. Italia, Portugal y Croacia van por delante y Grecia se acaba de unir al sorpasso al lograr amarrar ya el sexto pago.
Sánchez no renuncia aún ni a los préstamos a la espera de qué flexibilidad obtiene, pero lo que ya parece irrepetible es el histórico paquete de ayuda aprobado en 2020 y que acaba en 2026 a la vista de cómo ha funcionado en toda la UE. «¿Ha servido todo este dinero y esfuerzo para hacer la vida más fácil a empresas y pymes en la UE? La respuesta es que no de modo significativo», lamenta la consejera del Tribunal de Cuentas de la UE, Ivana Maletic. Todo apunta a que España y otros países no sólo los habrán aprovechado mal, sino que no cumplirán para poder recibir todos los que la UE les asignó.
La efeméride/ VA POR EL SEXTO ‘ENTRENADOR’
La presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, sigue su tendencia a cambiar de entrenador al ritmo de los clubes de fútbol más impulsivos y va ya a por el sexto desde que forzara hace siete años el cese de Dimas Gimeno. Santiago Bau, fichado en mayo de 2022 de Goldman Sachs, es ya el máximo ejecutivo «con efecto inmediato» tras precederlo Gimeno, Jesús Nuño de la Rosa, Víctor del Pozo, una ejecutiva colegiada y, hace apenas un año, Gastón Bottazzini. Desconcertante en un grupo tan importante para el país. Recalca esta relevancia el propio Bau, que suele decir que El Corte Inglés «está indisociablemente unido a España (…) Buscamos beneficio legítimamente, pero no querríamos un Corte Inglés que crece a costa de los españoles». Curtido en «la cultura del esfuerzo jesuita» debuta a sus 44 años en este exigente banquillo.
El personaje/TRAS ALMARAZ, A POR LAS REDES
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acaricia ya la prórroga de Almaraz y más con elecciones en Extremadura, donde ni el PSOE local defiende el cierre nuclear. Ha tenido que aparcar de acuerdo con el sector -de forma táctica- su petición de rebaja fiscal para seguir operando y ayuda así al PSOE a tragarse su acuerdo de gobierno con Sumar, que cerraba la puerta a la prórroga. En Iberdrola enmarcan esta batalla no tanto por negocio, sino por responsabilidad con el país, al igual que la inminente que va librar ahora el combativo presidente de la eléctrica con el resto del sector: lograr un marco regulatorio que haga más rentable invertir en la colapsada red eléctrica. Según su patronal Aelec, lo que se plantea ahora es «un desincentivo a la inversión en un momento en el que se requiere un gran despliegue de infraestructuras eléctricas».
Para seguir/DEJA LOS VÍDEOS EN SUSPENSO
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha suspendido una iniciativa que no entusiasmaba en la cúpula del Banco Central Europeo, la de comentar públicamente las decisiones de la institución el mismo día que lo hace la presidenta, Christine Lagarde. Es un día en que, en regla no escrita, los gobernadores nacionales dejan el protagonismo a Lagarde, pero Escrivá empezó tras su nombramiento la práctica de difundir vídeos explicando él mismo las decisiones de Fráncfort, pero la ha interrumpido ya esta semana. Coincide con que el gobernador asumió otro riesgo al conceder una entrevista la semana pasada en pleno período de silencio obligatorio en la semana previa a la reunión del BCE. Fuentes oficiales en Fráncfort declinan comentar tras recordar la regla del «quiet period». Debe medir sus pasos.
Actualidad Económica
