<p>Un instrumento clave pactado con la Comisión Europea para sostener las cuentas públicas son los llamados<i> spending review</i>, los exámenes a cómo se ha utilizado el dinero público para depurar errores y ganar eficiencia. S<strong>in embargo, el Gobierno está retrasando el lanzamiento de exámenes de gastos del calibre de los en torno a 100.000 millones en avales</strong> repartidos por la pandemia, las políticas de empleo y el uso de los fondos estructurales europeos tradicionales.</p>
Los avales del Instituto de Crédito, la políticas de empleo y el uso de fondos estructurales debían haber sido encargados hace cuatro meses para cumplir con Bruselas, según Herrero
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Un instrumento clave pactado con la Comisión Europea para sostener las cuentas públicas son los llamados spending review, los exámenes a cómo se ha utilizado el dinero público para depurar errores y ganar eficiencia. Sin embargo, el Gobierno está retrasando el lanzamiento de exámenes de gastos del calibre de los en torno a 100.000 millones en avales repartidos por la pandemia, las políticas de empleo y el uso de los fondos estructurales europeos tradicionales.
Así lo deslizó este martes la ex presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, en el Senado y ha podido confirmar EL MUNDO.
En los compromisos contraídos por el Gobierno en el Plan de Recuperación que concluye este año figura, para recibir los últimos pagos de fondos europeos, esta llamada Tercera Fase, pero ya no se va a poder hacer de forma solvente, porque María Jesús Montero ha dejado el Ministerio competente sin hacer el encargo.
«Lo que ocurre es que se nos tenía que haber encargado en diciembre del año pasado la tercera fase del segundo spending review y no se ha hecho todavía. Si se quiere cumplir con las instituciones europeas y en diciembre la AIReF tiene que dar un resultado, poco va a poder evaluar si todavía no se lo han encargado y, por, lo, tanto, todavía no ha podido recopilar la información», respondió Herrero a una pregunta del senador del PP, Gerardo Camps.
La presidenta saliente recalcó que «en esa última fase entraba la evaluación de los avales ICO (…) Sinceramente, no creo que vaya a dar tiempo», sentenció con su experiencia de doce años en la AIReF.
El Banco de España mantiene bajo vigilancia por ser dudoso cobro más de 8.200 millones de euros de avales del ICO, lo que supone un 9% de los que se repartieron finalmente. No se trata de un porcentaje superior a las previsiones, pero una revisión a fondo de la distribución como la que podría hacer la AIReF si tuviera tiempo, esclarecería cómo se hizo realmente aquel enorme esfuerzo de dinero público en la pandemia. Su inclusión fue, además, un empeño de Herrero, porque, aunque no estaba inicialmente en el programa gubernamental, ella lo incluyó en el plan de acción de la AIReF que fue aprobado por el Ejecutivo. Lo que no ha ocurrido después es que el Ministerio responsable, Hacienda, no ha iniciado el diálogo con la AIReF para diseñar el encargo efectivo de este examen.
Además, esa Tercera Fase es necesaria para otro compromiso del Gobierno con la UE, la posibilidad de ampliar de cuatro a siete años el llamado Plan Fiscal y Estructural. Bruselas acepta extender el plazo para cumplir las reglas fiscales y suavizar así la senda, siempre que haya ejercicios de revisión del gasto Spending Review.
El testimonio de Herrero, en sede parlamentaria, sobre la imposibilidad de abordar ya esta Tercera Fase con solvencia para que esté concluida a tiempo a final de año pone en problemas a su sucesora, Inés Olóndriz. Ésta acaba de tomar posesión tras ser alto cargo del Ministerio de Hacienda y si termina haciendo el examen en el plazo apretado que le permita finalmente el Gobierno, la credibilidad del ejercicio quedaría en cuestión.
Además, son otros dos instrumentos los que deben ser examinados. Las políticas de empleo en España y el llamado Marco Financiero Plurianual 2014-2020, que incluye los llamados fondos estructurales tradicionales, desde los agrícolas al Feder o al Fondo Social Europeo.
A este retraso hay que unir la queja de la ex presidenta de la AIReF por la opacidad del Ministerio de Hacienda y de Economía, que se resisten desde hace doce años a firmar un convenio de colaboración de intercambio de datos con esta institución independiente para que pueda cumplir su misión supervisora. «Ha sido imposible», dice Herrero.
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