<p>El <strong>Gobierno </strong>ya ha recibido una versión preliminar del informe que encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para<strong> racionalizar el gasto público en bajas por enfermedad</strong>, que en 2025 <strong>se ha disparado un 14%</strong>, hasta los <strong>17.913 millones de euros</strong>, con datos hasta noviembre de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social. </p>
Esta institución ha detectado posibles mejoras en la eficacia y eficiencia del gasto público asociado a la Incapacidad Temporal
El Gobierno ya ha recibido una versión preliminar del informe que encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para racionalizar el gasto público en bajas por enfermedad, que en 2025 se ha disparado un 14%, hasta los 17.913 millones de euros, con datos hasta noviembre de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social.
En los últimos años, el gasto público destinado al abono de prestaciones por Incapacidad Temporal -las que reciben los trabajadores cuando incurren en contingencias comunes (enfermedades) o profesionales (derivadas del trabajo)- ha crecido exponencialmente. En 2008 se situaba en 7.534 millones de euros y fue bajando paulatinamente, a medida que se recrudecía la crisis en España, hasta alcanzar su mínimo en 2013, de 5.015 millones de euros. Hay que tener en cuenta que existe una correlación entre el ciclo económico y el absentismo, de forma que cuando la economía se contrae y hay despidos, los trabajadores tienden a acudir más a su puesto de trabajo, y viceversa.
Desde entonces, la incidencia de la IT no ha parado de crecer, primero a tasas del 10% anual en media y, desde 2019, con mucha más intensidad. Ese año se disparó un 27%, hasta los 9.527 millones de presupuesto anual; en 2020 creció otro 24,8%, hasta los 11.888 millones; y desde entonces ha seguido subiendo llegando a crecer en 2025 un 14%, hasta el récord de 17.900 millones.
Con estas cifras, supone ya el segundo gasto de más envergadura del presupuesto de la Seguridad Social, por detrás de las pensiones, y es motivo de gran preocupación para las empresas del país, especialmente por el impacto que tiene para su capacidad productiva la ausencia de los trabajadores.
Ante el fuerte aumento en el número de bajas médicas que se ha producido en los últimos siete años, el Gobierno decidió encargarle a la AIReF que dentro de la segunda fase de sus estudios Spending Review 2022-2026, de revisión del gasto público, analizara alternativas para hacer más eficiente esta partida.
La autoridad que preside Cristina Herrero ya ha terminado este trabajo, según ha podido saber EL MUNDO, y ha remitido su versión preliminar al Ministerio de Hacienda y al de Seguridad Social para que puedan presentar observaciones o hacer las aclaraciones que consideren oportunas.
La conclusión principal del informe es que hay «posibles mejoras» que el Gobierno podría abordar en la eficacia y eficiencia del gasto público destinado al pago de bajas médicas. La AIReF ha analizado cómo está diseñada la prestación, cómo ha evolucionado en los últimos años, qué factores determinan la Incapacidad Temporal y qué impacto han tenido las modificaciones normativas de los últimos años. Por ejemplo, en 2023 entró en vigor la posibilidad de que los trabajadores no tuvieran que entregar los partes de baja, confirmación y alta a la empresa, y que se tratamitaran telemáticamente entre la Seguridad Social y la compañía; se aprobó también ese año la prórroga automática de 180 días adicionales cuando se haya agotado el primer año sin alta médica; o en 2024 se creó una situación especial con derecho al cobro del 100% de la base reguladora que no requiere cotización previa; entre otras medidas.
La AIReF ha acompañado su estudio con una herramienta que permite consultar los principales indicadores de Incapacidad Temporal para distintos grupos de trabajadores y patologías, lo que permite conocer con más certeza quiénes son los que están recurriendo con más intensidad a la IT y por qué motivos.
Junto con este documento, la AIReF también ha remitido a los ministerios la evaluación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en sus primeros cinco años de vigencia y la de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
El primero mide si realmente el IMV ha servido para reducir el riesgo de pobreza, analiza si ha habido una mejora en cuanto al número de personas que teniendo derecho a la prestación no la solicitan y examina el nivel de eficacia en la tramitación de la prestación.
El segundo, por su parte, analiza la eficacia del gasto público destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo española, cuantifica su volumen en periodo 2021-2023, realiza una comparativa internacional con otros países donantes europeos y evalúa el grado de cumplimiento de los principios de eficacia y estudia un caso cocnreto: el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, a partir de la explotación de microdatos administrativos con alcance temporal entre 2016 y 2024.
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