<p>La reciente investigación judicial al <strong>Director Adjunto Operativo </strong>(<strong>DAO</strong>) de la <a href=»https://www.elmundo.es/e/po/policia-nacional.html»>Policía Nacional </a>por presuntos delitos de extrema gravedad no es un episodio aislado. Es la consecuencia lógica de años de poder absoluto, de ausencia de controles y de una estructura en la que todo pasaba por una sola persona. Durante demasiado tiempo, dentro de la Policía se ha repetido el mismo mensaje: aquí nada se mueve si el DAO no lo ordena.</p>
La reciente investigación judicial al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policí
La reciente investigación judicial al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional por presuntos delitos de extrema gravedad no es un episodio aislado. Es la consecuencia lógica de años de poder absoluto, de ausencia de controles y de una estructura en la que todo pasaba por una sola persona. Durante demasiado tiempo, dentro de la Policía se ha repetido el mismo mensaje: aquí nada se mueve si el DAO no lo ordena.
Hoy algunos intentan dibujarlo como un mando discreto, humilde, trabajador silencioso. La realidad que hemos vivido miles de policías es muy distinta. No era una «hormiguita». Era el centro de todo. Un mando con un control férreo sobre cada decisión relevante, con un estilo autoritario y con una capacidad de influencia que iba mucho más allá de lo razonable en una institución del Estado.
Tras la sentencia del procès en octubre de 2019, en la llamada operación Ícaro, casi 300 policías nacionales resultaron heridos. Tres compañeros quedaron con lesiones de tal gravedad que tuvieron que ser jubilados. Aquello no fue un accidente inevitable. Fue el resultado de decisiones operativas que dependían de este DAO. Falta de medios suficientes, relevos inadecuados, ausencia de determinados vehículos antidisturbios que podían haber reducido el riesgo.
En aquellos días, nuestros compañeros se enfrentaron a una violencia extrema mientras la dirección del operativo, con el DAO al mando, tomaba decisiones que hoy siguen sin explicarse. Cuando se habla de responsabilidades, no se puede mirar hacia abajo. La cadena de mando tiene un vértice, y ese vértice tenía nombre y apellidos.
Mientras tanto, hemos asistido a una progresiva cesión de competencias en Cataluña sin una defensa firme de la Policía Nacional. Se ha hablado de transferencias en materia de inmigración, competencia exclusiva del Estado, y está sobre la mesa la posible cesión de la Jefatura Superior de Vía Laietana, símbolo histórico de la presencia del Cuerpo en Barcelona.
¿Dónde estaba la voz del máximo responsable operativo defendiendo nuestras competencias? El silencio también es una forma de decisión. Y cuando quien controla la estructura operativa no alza la voz ante decisiones que afectan al futuro del Cuerpo, está avalando con su inacción lo que ocurre.
Durante la pandemia, la Policía Nacional sostuvo el estado de alarma en la calle. Pero dentro, la gestión fue caótica. Faltaron equipos de protección en los primeros momentos críticos. Se transmitió públicamente que todo estaba bajo control mientras los agentes denunciaban carencias reales. Y cuando el responsable de Prevención de Riesgos Laborales pidió mascarillas y medidas adecuadas, fue apartado.
El DAO formaba parte del núcleo de poder que dirigía el Cuerpo. Nada relevante ocurría al margen de su conocimiento. Si alguien pretende ahora desvincularle de aquella gestión, está intentando reescribir la historia reciente de la Policía.
Año tras año, las medallas pensionadas se concedían bajo una estructura jerárquica donde la influencia de la cúpula era determinante. Mientras miles de policías arriesgaban su integridad en la calle, el reparto de reconocimientos sólo buscaba premiar y engordar la jubilación de los altos cargos cercanos al DAO.
El DAO concentró un poder desmedido durante años. Se convirtió en una figura casi intocable. Dentro del Cuerpo muchos lo describían como «Dios». No porque fuera invisible o humilde, sino porque todo pasaba por él. Controlaba destinos, estructuras, decisiones estratégicas. Quien diga ahora que era un mando discreto desconoce, o finge desconocer, cómo funcionaba realmente la cúpula operativa.
En la gestión de la DANA vimos nuevamente decisiones difíciles de comprender. Policías dispuestos a desplazarse para ayudar encontraron trabas. Y mientras miles de agentes siguen esperando una jubilación digna equiparada a la de otras policías, el Gobierno introdujo en un Real Decreto de ayudas urgentes una modificación legal para prolongar la vida laboral del propio DAO.
Tal era su peso que se modificó la norma para que pudiera seguir. Esa prórroga no es un detalle administrativo: es la prueba de hasta qué punto su figura era estratégica para el poder político. Mientras a los policías de base se les niega la jubilación anticipada, se blindaba al máximo mando operativo.
El nombre del DAO ha aparecido vinculado mediáticamente a episodios tan graves como el conocido caso Tito Berni, que ya supuso un golpe reputacional para las instituciones, el escándalo de Delcy en Barajas o los dispositivos de Ferraz. Más allá de las posibles responsabilidades judiciales concretas, lo que resulta innegable es que la acumulación de escándalos bajo la misma dirección ha erosionado la imagen pública del Cuerpo… y ahora, la investigación por presunta agresión sexual.
La Policía Nacional no es un despacho en Madrid. Son 70.000 hombres y mujeres que se juegan la vida. Son los compañeros que casi mueren en Barcelona. Son los que trabajaron sin mascarillas. Son los que ven cómo se cuestionan competencias históricas. Son los que observan cómo se suspenden decisiones operativas o incluso competiciones internacionales por criterios políticos mientras ellos dan la cara.
Cuando la cúpula actúa como si la institución fuera su cortijo, el daño no lo sufre quien está arriba. Lo sufre el agente que patrulla un barrio complicado y tiene que responder ante un ciudadano que ya no distingue entre el sacrificio del policía y los errores de sus jefes.
Hoy no hablamos de una persona concreta. Hablamos de un modelo de poder concentrado, opaco y sin contrapesos. Y ese modelo ha fracasado. Si queremos preservar la credibilidad de la Policía Nacional, hace falta algo más que comunicados tibios y defensas interesadas. Hace falta asumir responsabilidades.
Porque cuando alguien se comporta como si fuera imprescindible, termina creyéndose dueño de lo que nunca le perteneció: una institución que es de todos los españoles.
*Aarón Rivero es secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario de Policía.
España
