<p>El colapso del teléfono de <strong>Emergencias de la Generalitat </strong>del 112 es una de las pistas que sigue la jueza de Catarroja que investiga la dana. La magistrada <strong>Nuria Ruiz Tobarra </strong>cree que el aluvión de llamadas para pedir auxilio es una de las pruebas que permite tumbar la tesis del «apagón informativo» que esgrimen los dos investigados, la ex consejera <strong>Salomé Pradas</strong> y su ex <i>número dos</i>, <strong>Emilio Argüeso</strong>. </p>
El testigo asegura que nadie del Cecopi pidió información sobre la avalancha de llamadas al servicio de Emergencias
El colapso del teléfono de Emergencias de la Generalitat del 112 es una de las pistas que sigue la jueza de Catarroja que investiga la dana. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra cree que el aluvión de llamadas para pedir auxilio es una de las pruebas que permite tumbar la tesis del «apagón informativo» que esgrimen los dos investigados, la ex consejera Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.
Precisamente sobre Argüeso ha declarado como testigo este martes el jefe de explotación operativa del 112, que ha asegurado que el entonces secretario autonómico a las órdenes de Pradas visitó el 29 de octubre de 2024 la sala del 112 para recabar información con la que poder dar una respuesta a conocidos. No solo eso, porque este testigo ha llegado a decir que solicitó que se atendieran peticiones de auxilio de gente particular que se puso en contacto con él ante la imposibilidad de contactar con el 112.
Según este testigo, esa visita al centro del 112 por Argüeso se produjo en un estado de «nerviosismo y agitación». La propia Generalitat reconoció a la jueza que el día de la dana el 112 registró 19.821 llamadas, de las que 6.527 se produjeron a partir de las 17 horas, es decir, en las tres horas previas al envío del ES-Alert a las 20.11 horas.
Aun así, el jefe de explotación operativa del teléfono de Emergencias 112 ha declarado que los responsables del Cecopi no le pidieron información más allá de la atención a la entonces consejera Salomé Pradas a las 14 horas del 29 de octubre, un momento que se grabó en vídeo y que se ha incorporado a la causa.
Según fuentes judiciales conocedoras de la declaración, el testigo atendió también al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y al entonces secretario autonómico Emilio Argüeso. Cuando habló con Pradas, le transmitió su preocupación por las escorrentías que se podían acumular en el barranco del Poyo, sobre el que la Generalitat había declarado la alerta hidrológica a mediodía. Fue tras el descenso del caudal cuando el barranco quedó por la tarde sin vigilancia.
«No demandaron más información», ha explicado este testigo, quien ha subrayado que tampoco está entre sus funciones la de transmitir datos a la reunión del Cecopi en la que estaban todas las autoridades y responsables de la gestión de la emergencia.
Según su relato, entre las 8 y las 9 horas del 29 de octubre, las llamadas de emergencia guardaban relación con Utiel, pero a partir de las 10 se ampliaron a Chiva y Buñol. Tras una «estabilización» en el volumen de llamadas alrededor de las 13 horas, las peticiones de auxilio volvieron a dispararse a partir de las 14 horas, con avisos por desbordamientos en Manises.
La tarde del 29 de octubre, el servicio del 112 afrontó una demanda inabarcable de llamadas, según este testimonio, con tiempos muy largos de ocupación en cada llamada. A su juicio, no se produjo una caída del sistema del 112, sino un colapso, debido al elevado volumen de llamadas.
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