<p>El instructor del <i>caso Koldo</i> en el Tribunal Supremo, el magistrado <strong>Leopoldo Puente</strong>, ha acordado este miércoles mantener en libertad al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE <strong>José Luis Ábalos,</strong> según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO. En la misma resolución, el juez muestra su «estupor» por el hecho de que, pese a la existencia de indicios de «muy graves delitos», Ábalos pueda continuar como diputado y sugiere un cambio en el Reglamento del Congreso para impedirlo.</p>
El magistrado Puente ve reforzados los indicios de delito y advierte de que el riesgo de fuga es «creciente» y podría llevar a endurecer más adelante las medidas cautelares contra el ex ‘número tres’ del PSOE
El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ha acordado este miércoles mantener en libertad al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO. En la misma resolución, el juez muestra su «estupor» por el hecho de que, pese a la existencia de indicios de «muy graves delitos», Ábalos pueda continuar como diputado y sugiere un cambio en el Reglamento del Congreso para impedirlo.
El magistrado considera que los indicios de delito, que ya se habían reforzado con el informe de la UCO que llevó a prisión a Santos Cerdán, han vuelto a incrementarse con el más reciente de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos, que da cuenta del trasiego de fondos en efectivo sin origen justificado por parte del investigado.
Este informe «ha incrementado su existencia y robustez de los mencionados indicios, poniendo de relieve que el investigado, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó sin embargo significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas», afirma.
Sin embargo, Puente descarta que concurran los riesgos de reiteración delictiva y de alteración de fuentes de prueba, dado lo avanzado de la investigación. Respecto al riesgo de fuga, indica que Ábalos «ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositadas en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas», así como de «ciertos contactos y vínculos internacionales».
Pero ese riesgo no es suficientemente «intenso» como para dictar la prisión provisional. Ese diagnóstico coincide -«hago aquí propios los razonamientos»- con el ofrecido por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Está de acuerdo también con el fiscal jefe en que, conforme los indicios de delito se van acumulando y se acerca el eventual juicio, el riesgo de fuga «resulta creciente». Por ello, abre la puerta «a la adopción de medidas cautelares más gravosas en lo porvenir».
Tras desechar un cambio de la situación procesal de Ábalos, el magistrado aborda la situación política del investigado: «Como coda final, este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse, en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión».
Ábalos se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar, después de haber sido citado para dar explicaciones sobre el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento revelaba «desembolsos» de 95.437 euros del ex número tres del PSOE que provendrían de «ingresos no declarados» por el actual diputado del Grupo Mixto. Una parte de esos ingresos procedían de Ferraz y fueron entregados en sobres con el membrete del partido.
Sobre el silencio de Ábalos, el juez concluye que «ha preferido acogerse a su derecho constitucional a no declarar, no aportando así explicación razonable alguna que pudiera justificar la existencia de aquellos ingresos por razones distintas de las que en este procedimiento se le atribuyen».
Sin esas explicaciones, el juez concluye que existen indicios «de singular contundencia» de que Ábalos ha cometido los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y posiblemente malversación de fondos públicos.
A diferencia de la Fiscalía, las acusaciones populares sí habían solicitado el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE. Bajo la dirección letrada unificada del Partido Popular, lo hacía en nombre de ocho de las nueve acusaciones populares (Adade se ha desmarcado del resto).
De forma subsidiaria, habían planteado al juez que acordase la prisión eludible bajo una fianza de 650.000 euros. Puente no lo ha considerado justificado: «Tampoco resultaría procedente el establecimiento de una fianza (mucho menos todavía en la importantísima cantidad económica solicitada) que, a juicio del instructor, en nada relevante contribuiría a mejor garantizar la observancia de los ya referidos fines legítimos (posibilidad de sustracción a la acción de la justicia o de destrucción, alteración u ocultación de las fuentes de prueba)».
En los 40 minutos que han durado la comparecencia y la vista para modificar las medidas cautelares, Ábalos ha alegado sufrir «indefensión» por tener que comparecer con un abogado, José Aníbal Álvarez, que ya no es el de su confianza. En esas circunstancias, ha afirmado, no había podido preparar su declaración.
El magistrado ha cortado al ex dirigente del PSOE para indicarle que debía ceñirse a informar de si iba a declarar o no. «Esto no es el Congreso», le ha dicho Puente, que ayer consideró un «fraude de ley» la petición de Ábalos de cambiar de defensa justo antes de su citación. «Fraude de ley sería dejar ahora mi acta de diputado», ha afirmado el ex ministro, según fuentes presentes en la declaración.
Durante la vistilla para mantener o endurecer las medidas cautelares, el fiscal jefe de Anticorrupción ha resaltado que los indicios de delito se han reforzado, pero que no hay motivos para modificar la situación procesal. Entre otras razones, porque Ábalos continúa siendo diputado, y por lo tanto mantiene un arraigo en España que aminora el riesgo de fuga. Ha añadido que ha comparecido en las cuatro ocasiones en que la Justicia le ha citado y que lleva desde febrero cumpliendo con las medidas cautelares impuestas.
El resultado de la comparecencia de este miércoles es que el imputado seguirá con la obligación de comparecer de forma quincenal en el juzgado más próximo de su domicilio, además continuar sin pasaporte y con la prohibición de abandonar el territorio nacional.
Ábalos, que estaba citado a las 10h, ha llegado solo al Supremo a las 9.15h en taxi, tras haber dejado su coche en el cercano Congreso de los Diputados. Su hasta ahora abogado ha llegado más tarde al Alto Tribunal. Ambos se han marchado también por separado. El letrado tendrá que regresar al Supremo mañana, de nuevo en nombre de Ábalos, para asistir a la comparecencia del investigado Koldo García.
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