<p>»Los indicios apuntan a que el Sr. Cerdán León, en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego, <strong>es la persona, de entre todas las investigadas, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo</strong>, y quien podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes».</p>
Puente niega móviles políticos en la prisión provisional del ex colaborador de Pedro Sánchez y sostiene que aún debe investigarse más la participación de Servinabar en los amaños
«Los indicios apuntan a que el Sr. Cerdán León, en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego, es la persona, de entre todas las investigadas, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo, y quien podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes».
Con este sencillo argumento ha denegado de nuevo el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente la libertad de Santos Cerdán, el ex número 3 del PSOE y colaborador principal del presidente Pedro Sánchez, quien está en prisión provisional desde el 30 de junio pasado.
Puente vuelve así a certificar, por segunda ocasión, que Cerdán debe seguir en prisión provisional en Soto del Real (Madrid) por su potencial capacidad para destruir pruebas. De fondo, la evidencia de que en los audios grabados durante años por Koldo García, estrecho colaborador del ex ministro José Luis Ábalos, se escucha a Cerdán ejerciendo ese papel de bisagra en la operativa de varios contratos presuntamente amañados.
El magistrado desbarata así los argumentos de la defensa del ex político, ejercida por el letrado Benet Salellas. Mientras en el recurso se sostenía por ejemplo que no está acreditada la presencia de Servinabar 2000, la firma de la que Cerdán poseería un 45% en virtud de contrato privado, en algunas de las adjudicaciones investigadas, Puente señala que la mercantil sí participó en otras adjudicaciones, «sin que existiera constancia del valor añadido» que pudiera aportar.
La defensa de Cerdán también ponía en duda la validez de los antedichos audios, por vincularlos a Rubén Villalba, el guardia civil investigado en el procedimiento, pero el juez lo despeja con facilidad: esos archivos que vinculan al ex político con los hechos investigados no proceden de Villaba, «sino de tres teléfonos de la marca Iphone, absolutamente ordinarios, de uso común y general, y de una grabadora».
Por último, la defensa de Cerdán señalaba el perjuicio que la prisión provisional de su representado causaría en «la suerte de las iniciativas del Gobierno en el Congreso», señalando presuntos móviles políticos en su situación, habida cuenta de que hubo de dimitir de todas sus responsabilidades. Cosa que, «sobra decirlo, no compete valorar en ningún sentido a este instructor», espeta Puente. Cerdán seguirá así, por el momento, en prisión provisional.
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