<p>Fiscal general y acusado en proceso penal. Si cualquiera de los 2.700 fiscales que integran la <strong>Carrera Fiscal</strong> en España se encontrase en una situación similar a la de <a href=»https://www.elmundo.es/espana/alvaro-garcia-ortiz.html»>Álvaro García Ortiz</a>, <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/09/09/68bfe1f9e85ecea4668b45a4.html»>encausado</a> por un delito de revelación de secretos, habría tenido que abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de una suspensión automática de funciones.</p>
La postura del fiscal general irrita a la Carrera Fiscal, que pide su dimisión inmediata
Fiscal general y acusado en proceso penal. Si cualquiera de los 2.700 fiscales que integran la Carrera Fiscal en España se encontrase en una situación similar a la de Álvaro García Ortiz, encausado por un delito de revelación de secretos, habría tenido que abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de una suspensión automática de funciones.
Sin embargo, García Ortiz, encargado de dirigir a la totalidad de miembros del Ministerio Fiscal, y persona en que recae la última palabra sobre la posición de la Fiscalía en todos los procedimientos judiciales en los que interviene este órgano en España, ha decidido continuar en el cargo.
Su entorno asegura que lo hace por el bien de la institución, para protegerla de injerencias externas, aunque dentro de la Carrera Fiscal le han pedido que dimita una y otra vez desde que fue imputado, en octubre de 2024. Un «vacío legal», subrayado por el instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en el auto de apertura de juicio oral que dictó el pasado martes, permite a Álvaro García Ortiz continuar en el cargo pese a su nueva condición de encausado.
Es una situación insólita que sume a la Fiscalía en un contrasentido, ya que la institución a la que la Constitución encomienda promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, está en manos del presunto autor de un delito. «Parece claro que el legislador no se imaginó que un fiscal general del Estado podía acabar investigado por el Tribunal Supremo, pero lo que ya sí que nunca se pudo prever es que en esa situación se aferraría al cargo y no dimitiría. Era absolutamente inimaginable», indica un fiscal de Sala en conversación con EL MUNDO, en alusión a la laguna legal que permite a García Ortiz continuar siendo fiscal general.
Más noticias«Es una indignidad que se aferre al cargo», critican fiscales
Deberá sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, por la filtración a la cadena Ser de un correo electrónico donde el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente, el empresario Alberto González Amador, había «ciertamente» cometido dos delitos contra la Hacienda pública. También será juzgado por ordenar enviar a los medios de comunicación una nota con todos los detalles del pacto de conformidad que la pareja de Ayuso estaba negociando con la Fiscalía de Madrid.
«Es una situación a la que jamás deberíamos de haber llegado. Un disparate que aboca a la Fiscalía a un desprestigio absoluto», sostiene otro fiscal de la máxima categoría.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado Hurtado tampoco pasó por alto la delicada situación en la que García Ortiz ha colocado al Ministerio Fiscal, aludiendo el instructor al término «desprestigio». Ni la intención que persiguió el encausado aquellos 13 y 14 de marzo de 2024: «Ganar el relato», frente a una adversaria política del Gobierno -Ayuso- y frente a un medio de comunicación, EL MUNDO, que había fiscalizado con ahínco su actuación desde que asumió el cargo de fiscal general.
Siete jueces del TS lo juzgarán previsiblemente en noviembre
Este periódico fue el primer medio de comunicación que informó de que la Fiscalía y González Amador estaban negociando un pacto de conformidad. En palabras del Supremo, quien propuso ese pacto era una «cuestión de escasa relevancia» jurídica, pese a la inusitada preocupación que generó en García Ortiz. La filtración de ese mail «pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad», subrayó el juez instructor sobre la presunta revelación cometida por el fiscal general.
La permanencia de García Ortiz en el cargo sitúa a la Fiscalía en una tesitura nunca antes vista, donde la teniente fiscal del Supremo acudirá al juicio -que previsiblemente se fijará en el mes de noviembre- no con la intención de perseguir el posible delito cometido por el investigado, sino más bien de buscar la absolución de su jefe directo. «Es una indignidad que se aferre al cargo. La institución está por encima del interés particular de la persona que la dirige», afirma otro fiscal del Sala, profundamente molesto con el abismo al que García Ortiz ha conducido a la institución.
Más allá de la controversia jurídica que esta causa ha suscitado en el propio Supremo -donde la confirmación del auto de procesamiento contó con un inusual voto particular del magistrado Andrés Palomo-, fuentes jurídicas subrayan la errática estrategia desarrollada por la defensa del fiscal general. Entre las equivocaciones, estas fuentes destacan que cuando prestó declaración como imputado arremetió contra el juez Hurtado, al que acusó de actuar de manera «predeterminada» partiendo de una «certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad». Lo sitúan en otro error cuando, tras ser imputado, se deshizo de su móvil y borró a conciencia las copias de seguridad de los terminales telefónicos y, además, eliminó la cuenta de correo personal donde con extremada urgencia pidió la noche del 13 de marzo a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que le enviara el correo del abogado del novio de Ayuso. «Nadie borra su inocencia», enfatizan.
Por último, García Ortiz encomendó su defensa a la Abogacía del Estado, es decir, a los servicios jurídicos del Gobierno, «en vez de buscarse a un buen penalista que le llevara el asunto». «Ha hecho una defensa política en vez de jurídica y ha adoptado la actitud de un delincuente común», resumen fuentes del caso.
Y a partir de ahora, ¿qué pasará? El destino procesal de García Ortiz está en manos de siete magistrados del Alto Tribunal: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer. Se trata de jueces de distintas sensibilidades que decidirán, tras la celebración de la vista oral, si el fiscal general es culpable o inocente.
El auto de apertura de juicio oral es firme, excepto en lo referente a la imposición de las medidas cautelares, en este caso, los 150.000 euros de fianza civil impuesta por el instructor. García Ortiz recurrirá la misma. También lo hará el empresario González Amador, quien reclamó al juez el doble de la cuantía fijada para el fiscal.
España
