<p class=»ue-c-article__paragraph»>«Sorprende la falta de solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas». Era marzo de 2023, y la entonces ministra de Transición Ecológica,<strong> Teresa Ribera</strong>, trataba de <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/03/15/6411e83021efa028308b459a.html»>apaciguar a golpe de tuit</a> la polémica desatada tras conocerse que el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, <strong>Enrique Ossorio</strong>, o la líder de Más Madrid, <strong>Mónica García</strong>, cobraban la ayuda a la energía conocida como bono social. Dos años antes, Ribera ya había sugerido que este exigía una reformar para limitarlo a «quienes realmente lo necesitan». A día de hoy, <strong>437.773 familias numerosas</strong> siguen percibiendo este escudo social sin ningún tipo de control económico. La mayoría de ellas se concentra en las autonomías más ricas, como Madrid, Baleares, Navarra o País Vasco.</p>
Más de 437.700 familias numerosas perciben el descuento energético sin ningún control económico, un modelo que el Gobierno prometió cambiar hace cuatro años
«Sorprende la falta de solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas». Era marzo de 2023, y la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trataba de apaciguar a golpe de tuit la polémica desatada tras conocerse que el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, o la líder de Más Madrid, Mónica García, cobraban la ayuda a la energía conocida como bono social. Dos años antes, Ribera ya había sugerido que este exigía una reformar para limitarlo a «quienes realmente lo necesitan». A día de hoy, 437.773 familias numerosas siguen percibiendo este escudo social sin ningún tipo de control económico. La mayoría de ellas se concentra en las autonomías más ricas, como Madrid, Baleares, Navarra o País Vasco.
A la rebaja de la luz (bono eléctrico) o de la calefacción (bono térmico) tienen derecho los hogares vulnerables. Este escudo social, cuyo coste varía mucho de un año para otro, lo financian el resto de consumidores a través de sus facturas, a modo de derrama. El coste del bono eléctrico rondó los 400 millones de euros en 2023 (unos 14 euros al año a asumir para cada consumidor). Bajó a 70 millones en 2024 (2,3 euros) y, previsiblemente, superará los 140 millones este año (4,65 euros).
El problema es que, en España, la condición de consumidor vulnerable puede acreditarse bien por criterios económicos (beneficiarios del SMI, rentas bajas o pensionistas con la pensión mínima), bien con un título de familia numerosa. Este esquema ha suscitado muchas críticas desde el mismo origen del bono social, que se remonta al 2009. Lo cierto es que el conjunto de los consumidores lleva desde entonces subvencionando la energía a familias numerosas a las que la Administración no aplica filtro alguno de ingresos ni patrimonio. En casi 20 años, ningún gobierno se ha atrevido a cambiar esto.
El mapa del bono eléctrico en España muestra agudos desequilibrios territoriales. Al cierre de mayo, último dato disponible, los registros del Ministerio de Transición Ecológica elevan a casi 1,7 millones de hogares los beneficiarios de esta ayuda. Del total de puntos de suministro subvencionados, el 25,8% son familias numerosas. El resto, 74,2%, corresponden a consumidores que, de un modo u otro, cumplen criterios de renta o circunstancias especiales (víctimas de terrorismo, violencia machista, discapacidad…). Pero hay autonomías donde esta proporción se rompe y las familias numerosas ganan peso en el reparto de ayudas frente a los hogares sin recursos.
Hay quince provincias con un volumen de familias numerosas subvencionadas por encima de la media nacional. En Baleares, Madrid, Girona y Navarra, estas acaparan más del 42% de los hogares con bono social. Con más del 35%, están Guadalajara, Guipúzcoa, Álava, Lleida, Tarragona y Barcelona. La mayoría de estas provincias ocupan los primeros puestos en la lista de territorios con mayor renta media por hogar, según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), y todas superan ampliamente el promedio nacional.
Si bien algunas de estas regiones también están entre los territorios más poblados del país, al anular el componente demográfico, llama la atención que muchas de las provincias donde más se subvenciona la luz a familias numerosas no son las que acumulan un mayor número de este tipo de unidades familiares en proporción a su población.
Soria, Albacete o Sevilla están entre las provincias con más familias numerosas por cada 1.000 habitantes, pero se mantienen por debajo del promedio nacional en ayudas eléctricas a este segmento. En el otro extremo, Baleares o Madrid lideran el reparto de ayudas a estas familias, pero ocupan el puesto 30 y 12 en número de hogares numerosos respecto a población total.
A consecuencia de su mayor reparto de ayudas entre las familias numerosas, estas regiones registran un menor volumen de beneficiarios del bono social eléctrico seleccionados por criterios de renta. Baleares, Madrid, Gerona, Navarra, Guadalajara y Guipúzcoa son las únicas regiones donde menos del 60% de los receptores del bono social han acreditado ser vulnerables por motivos económicos o circunstancias especiales.
Las promesas de Ribera de una reforma del bono social fueron un brindis al sol. Ahora, a Transición Ecológica se le ha abierto una ventana para retomarlas. El Ministerio que dirige Sara Aagesen está avanzando en la revisión de la Estrategia contra la Pobreza Energética.
Hace unos días se celebró su segunda jornada de trabajo. El objetivo de la hoja de ruta será garantizar la «equidad energética», pasando de las acciones «coyunturales» que se aprobaron por la crisis de Ucrania, a un marco de «medidas estructurales y sostenibles en el tiempo», explican desde el Ministerio. «Si se identifica que esa [reformar el bono social] es necesaria, se adoptará».
- ¿Qué pasará el 1 de julio? A partir del próximo mes, la rebaja en la factura de la luz para los beneficiarios del bono social eléctrico pasará, en el caso de los consumidores vulnerables, del 50% al 42,5%. Para los hogares vulnerables severos, bajará del 65% al 57,5%. «Las ayudas se reducen hasta un 15%, lo que supone un recorte medio de más de 10 euros por beneficiario en lo que queda de año, es decir, de julio a diciembre», detallan desde el comparador de tarifas Roams.
- ¿A qué se debe el recorte? En realidad no es tal. El Gobierno aumentó los descuentos asociados al bono social para aliviar el impacto de la crisis eléctrica de 2021 y 2022. En octubre de 2024, se inició una vuelta a la normalidad. Desde entonces, la rebaja se ha ido reduciendo gradualmente, alrededor de un 7,5% por trimestre. El importe final del bono social, el que quedará a partir del 1 de julio, es mayor a la protección que existía antes de la crisis. Será la enésima reforma que experimente la medida en sus 16 años de historia.
- ¿Por qué se ha reformado tantas veces? Las eléctricas han vivido una batalla judicial de más de una década contra distintos gobiernos por el bono social. La financiación del descuento recayó primero en las grandes empresas verticalmente integradas. Fue el primer modelo que estas tumbaron en sede judicial. Para mantener viva la medida, se apostó por cargar su coste en todas las comercializadoras, fórmula que el Tribunal Supremo volvió a tumbar en 2022. Desde entonces, se apostó por repartir la carga entre todas las empresas del sector. Lo cierto es que, en todos los casos, el coste del bono social se ha trasladado al recibo. Es decir, lo paga el consumidor.
- ¿Es una medida eficaz? En términos generales, y dejando a un lado la polémica de las familias numerosas, las provincias con más beneficiarios por cada 1.000 habitantes coinciden con las regiones con menos recursos. Son Badajoz, Cáceres o Jaén; territorios con mayores tasas de pobreza (tasa AROPE), recuerdan desde Roams. Con todo, según la CNMC, más del 22% de la población aún lo desconoce, lo que abre un debate sobre su eficacia y visibilidad.
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