<p class=»ue-c-article__paragraph»>La letra pequeña del pacto con <strong>Junts </strong>que ha permitido al Gobierno de <a href=»https://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html»>Pedro Sánchez</a> sacar adelante parte del <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/01/28/6798b9f021efa0f4458b456e.html»>decreto ómnibus</a> supondrá en la práctica un duro golpe para las autonomías. Porque la exigencia del partido de <a href=»https://www.elmundo.es/e/ca/carles-puigdemont.html»>Carles Puigdemont</a> de dejar fuera del nuevo decreto el punto relativo a la financiación autonómica provocará un agujero en las cuentas regionales. Hasta el punto de que la <strong>Generalitat Valenciana</strong>, con la losa del coste de la reconstrucción de la dana sobre sus hombros, recibirá por parte del <strong>Estado </strong>en febrero 201 millones menos de los prometidos para este año.</p>
El nuevo decreto deja fuera la actualización de la financiación autonómica, con lo que las transferencias del Estado a las comunidades volverán en febrero a los niveles de 2023
La letra pequeña del pacto con Junts que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante parte del decreto ómnibus supondrá en la práctica un duro golpe para las autonomías. Porque la exigencia del partido de Carles Puigdemont de dejar fuera del nuevo decreto el punto relativo a la financiación autonómica provocará un agujero en las cuentas regionales. Hasta el punto de que la Generalitat Valenciana, con la losa del coste de la reconstrucción de la dana sobre sus hombros, recibirá por parte del Estado en febrero 201 millones menos de los prometidos para este año.
La valenciana no es la única comunidad que sale perjudicada, pero sí el caso más extremo teniendo en cuenta el endeudamiento que ya arrastraba por la infrafinanciación de un sistema caducado. Las tensiones de tesorería se han visto agravadas si cabe aún más por la factura de la dana, pues el Gobierno de Carlos Mazón ha tenido que abonar hasta la fecha 1.600 millones en contratos para obras de emergencia y 891 millones en ayudas directas. El ejercicio de 2024 se cerró con 3.000 millones de déficit.
Con este telón de fondo, se esperaba como agua de mayo la actualización de las entregas a cuenta, es decir, las transferencias mensuales que se reciben del Estado en aplicación del sistema de financiación autonómico. Si nada lo remedia, en febrero volverán a los niveles de 2023, por lo que también el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado una actualización «de la forma más urgente posible» y el de Andalucía, un decreto específico.
El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero prometió a las comunidades el pasado mes de julio unas entregas a cuenta en 2025 de récord. En concreto, 147.412 millones de euros, un 9,5% más que en 2024. Ahora bien, para ello el Gobierno debería poder aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que, a día de hoy, están lejos de ser una realidad.
La falta de unas cuentas para 2025 llevó al Ejecutivo de Sánchez a colar en el decreto ómnibus la prórroga de las entregas a cuenta, de forma que este año las comunidades pudieran ingresar al menos las mismas cantidades que han venido recibiendo en 2024. Al decaer esta parte del decreto, la referencia vuelven a ser las cifras de 2023.
En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, si las entregas a cuenta proyectadas para 2025 ascendían a un total de 13.974 millones (1.164,5 millones cada mes), las de 2023 no pasaron de los 11.562 millones (963 millones mensuales). De ahí que cada mes las arcas valencianas vayan a dejar de ingresar 201 millones menos respecto a los prometidos. Sin la prórroga del decreto ómnibus, en febrero ya serán 94 millones menos que en 2024. A juicio de la consejera de Hacienda, Ruth Merino, esto convierte a los valencianos en «rehenes de la extrema debilidad parlamentaria» del Gobierno.
En esta línea, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha expresado su «malestar» con el nuevo decreto porque a Castilla-La Mancha le corresponderían 571 millones, mientras que el murciano Fernando López Miras ha reclamado la aprobación «inmediata» de las entregas a cuenta con 655 millones para su región.
El Gobierno de Juanma Moreno, por su parte, ha reclamado a Pedro Sánchez que apruebe la actualización a través de un decreto específico y que lo haga cuanto antes, dado que Andalucía deja de recibir cada mes en torno a 185 millones de euros por el retraso de esa actualización. La brecha entre lo anunciado y prometido por el Ministerio de Hacienda y lo que recibe Andalucía podría llegar a ser de un total de 2.234 millones.
Ya el año pasado esa actualización se produjo con demora. El decreto no se aprobó hasta el mes de junio y no se pagó a las comunidades los atrasos hasta septiembre, lo que obligó a Andalucía a «adelantar» de sus propios fondos esos recursos. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el desfase llegó a ser de unos 900 millones.
Andalucía puede actualmente asumir esos retrasos porque «ha hecho un esfuerzo de eficiencia y eficacia en la gestión» y cuenta con una tesorería «saneada». «Pero no es justo ni legal que el Gobierno chantajee a la oposición para que apoye sus propuestas con recursos que pertenecen a los andaluces», ha afirmado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que lamenta que el Gobierno tenga retenido ese dinero de los andaluces «por su incapacidad para alcanzar acuerdos y aprobar un presupuesto».
Las cantidades que deben recibir las comunidades han aumentado en el último año porque se ha incrementado la recaudación por el cobro de tributos. Hasta noviembre de 2024, según los datos del propio Ministerio ofrecidos por la Junta, se recaudó un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. De ahí que haya más fondos para repartir entre las comunidades autónomas.
«Necesitamos este dinero cuanto antes», insisten también desde la Consejería de Hacienda del Gobierno balear. «No contemplamos en ningún caso que no se actualicen las entregas a cuenta. Sánchez tiene que encontrar la mayoría para hacerlo, puesto que estos anticipos corresponden a los impuestos que han pagado los ciudadanos a través del IRPF», según han recordado fuentes del departamento que dirige Antoni Costa.
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