Martes 29 de abril de 2025, 24 horas tras el gran apagón. A un lado de la sala, el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, entre ellos, la máxima responsable de política energética, Sara Aagesen. Al otro, los más altos cargos de los «operadores privados», expresión que acuñó Pedro Sánchez y que, oportunamente,fijó el marco de la batalla que estaba a punto de disputarse: lo «privado».
Ni ceses ni dimisiones. En el primer aniversario del gran apagón, nadie ha asumido responsabilidades ni técnicas ni políticas
Martes 29 de abril de 2025, 24 horas tras el gran apagón. A un lado de la sala, el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, entre ellos, la máxima responsable de política energética, Sara Aagesen. Al otro, los más altos cargos de los «operadores privados», expresión que acuñó Pedro Sánchez y que, oportunamente,fijó el marco de la batalla que estaba a punto de disputarse: lo «privado».
Porque aquel día Moncloa sentó -literal y metafóricamente- en el mismo lado de la mesa al grupo malavenido de las grandes energéticas y Red Eléctrica, el operador del sistema. Sobre el papel este último es privado (el 80% de su capital está en manos ajenas al Estado), pero en la práctica es público: su principal accionista es la Sepi y su consejo de administración lo decide el Gobierno de turno.
Esa reunión marcó el inicio de una lucha interna en el sector eléctrico que aún sigue abierta. Probablemente, la más agresiva de su historia. Lo presagiaba la expresión de todos los presentes en aquel cónclave. Era el peor de los escenarios posibles: un cero nacional todavía de origen desconocido. Todos eran sospechosos.
Tras aquel encuentro, Sánchez abrió la caza de brujas. «Vamos a llegar hasta el final. Vamos a exigir responsabilidades a los operadores privados si es necesario y vamos a tomar medidas para que no se vuelva a producir». El líder del PSOE extendió así la sombra de la duda sobre las empresas del sector, inculida Red Eléctrica. Una semana más tarde, Sánchez verbalizó en el Congreso la intención de asumir «responsabilidades políticas». Esto es, ceses o dimisiones.
Hoy, 365 días después, no se ha cumplido. Nadie ha puesto su cargo a disposición, ni en el ámbito empresarial ni en el político, por el peor corte de suministro de la historia del país, que duró 12 horas y afectó a más de 50 millones de personas en España y Portugal. La falta de datos concluyentes, que Moncloa alegó entonces, ya no sirve de pretexto.
o que ocurrió está claro. Una desconexión en cascada de la generación eléctrica provocada por un desbocado y rápido aumento de la tensión en todo el sistema eléctrico. Es la conclusión de los tres informes oficiales -el europeo de Entso-e, el del comité de análisis de Moncloa y el de recomendaciones de la CNMC-. Todos técnicamente incuestionables. Todos de parte.
Porque en el panel europeo participó activamente la propia Red Eléctrica, juez y parte del caso. Y porque el apagón no solo ha puesto bajo la lupa a las empresas, también ha dejado al trasluz la falta de diligencia del Gobierno y la CNMC para adaptar la regulación a un mix energético más inestable por la incorporación masiva de renovables promovida directamente desde el Gobierno.
Como ninguno de los informes ha señalado culpables ni establecido correlaciones entre hechos y causas, cada cual los ha interpretado a conveniencia. Pero las conclusiones son claras: el sistema tenía herramientas para haber evitado el cero, falló el control de tensión y las maniobras que activó Red Eléctrica para aplacar las oscilaciones de frecuencia aceleraron la escalada de sobretensión que acabó tumbando el sistema.
Las conversaciones entre Red Eléctrica y los centros de control de Iberdrola y Endesa días y semanas antes del blackout evidencian que el sistema estaba al límite y que los técnicos del operador conocían el diagnóstico: las súbitas entradas y salidas de la fotovoltaica y la falta de potencia síncrona (nuclear, gas e hidroeléctrica). El modo reforzado, que Red Eléctrica aplica desde hace un año, pesa sobre el operador como una autoinculpación, pues ha cambiado por completo la forma de gestionar el sistema.
En los últimos días, la CNMC ha incoado un aluvión de expedientes sancionadores. Aparentemente, dispara a discreción, pero lo cierto es que jerarquiza culpas. Decenas de centrales, en su mayoría gestionadas por las grandes eléctricas privadas, han sido expedientadas por incumplimientos que se remontan hasta dos años antes del cero, «sin riesgo para el suministro». Al contrario, a Red Eléctrica le atribuyen incumplimientos de sus responsabilidades que sí pudieron poner en riesgo el sistema.
Ayer, la empresa que preside Beatriz Corredor difundió un documental de elaboración casera, 22 minutos de vídeo en los que altos cargos de la compañía, incluida la exministra socialista, ofrecen su versión de los hechos. La empresa lo anunció como una reconstrucción del día del apagón «en primera persona». Paradójicamente, una de las personas que intervienen es Concha Sánchez, directora de Operación, que el día del cero se encontraba de vacaciones en Nueva Zelanda.
El corto incide en el que ha sido el mantra del operador estatal el último año -«Red Eléctrica no falló el día del apagón»- y ahonda en el enfrentamiento con las energéticas privadas, principalmente contra Iberdrola, a la que Corredor vuelve a señalar veladamente en su reconstrucción de aquella reunión con el Gobierno.
«Esperamos en una sala previa. Allí uno de los ejecutivos de estas empresas, de una de las más grandes, comentó y señaló una planta propiedad de su empresa, específica, y señaló que ya se estaba hablando de esa planta como el origen del apagón. Yo le pregunté, ‘¿qué planta has dicho?’», dice la exministra en el vídeo. En el sector lo analizan como otra alusión a la fotovoltaica de Nuñez de Balboa, cuyo señalamiento llevó a Iberdrola a emprender acciones legales contra Corredor.
Aunque la resolución de los expedientes de la CNMC puede demorarse 18 meses, estos ya han dado munición a los abogados de cara a las demandas por los daños del cero. Este martes vence el plazo para reclamar por responsabilidad civil extracontractual, la vía que emplearán los mayores afectados, como la industria refinera. Solo en concepto de pequeñas reclamaciones (hogares, autónomos, pymes…), las aseguradoras habrían absorbido ya alrededor de 100 millones de euros en indemnizaciones.
Las empresas afectadas y el propio sector eléctrico se resigna ya a que el caso apagón derivará en un complejo cruce de demandas. También a que serán los jueces los que tendrán que señalar a los culpables. Aunque no es la primera vez que ocurre, ello significa que pasarán años antes de que España pueda cerrar el capítulo de la peor crisis eléctrica de su historia.
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