<p>El debate sobre el uso de la energía nuclear no pierde de vista el reloj en España. Los tiempos fijados en el calendario de cierre programado sitúan que el primer reactor de la central nuclear extremeña de <strong>Almaraz</strong>, responsable del 7% de la energía de todo el país, se apagará en 2027, pero sus propietarias y buena parte de la sociedad extremeña entienden que su apagado responde más a cuestiones políticas que estratégicas, máxime después del apagón que sufrió el país el pasado abril, y luchan por dar a la central una segunda vida.</p>
Pide suprimir la fecha de cierre prevista «para poner a salvo los centenares de puestos de trabajo que dependen de ello y mantener en equilibrio energético español»
El debate sobre el uso de la energía nuclear no pierde de vista el reloj en España. Los tiempos fijados en el calendario de cierre programado sitúan que el primer reactor de la central nuclear extremeña de Almaraz, responsable del 7% de la energía de todo el país, se apagará en 2027, pero sus propietarias y buena parte de la sociedad extremeña entienden que su apagado responde más a cuestiones políticas que estratégicas, máxime después del apagón que sufrió el país el pasado abril, y luchan por dar a la central una segunda vida.
El Ministerio de Transición Ecológica ha dado esta semana muestras de que su posición contra el cierre es firme, pero no insensible al debate. El departamento que dirige Sara Aagesen tramita estos días la petición formal que le han cursado las eléctricas propietarias de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, para alargar la vida últil de la central extremeña. Será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que deba pronunciarse sobre la viabilidad de esta petición y, si le da el visto bueno en ese primer examen, la pelota volverá al tejado del Ministerio. El problema es que el proceso podría prolongarse más allá del llamado punto de no retorno, que las compañías sitúan en marzo de 2026, cuando debería tomarse una decisión definitiva para garantizar las compras de uranio y la planificación del siguiente ciclo operativo. Si no se alcanza ese plazo, la continuidad de la planta en 2027 sería inviable, aunque más tarde recibiera autorización.
En este contexto contrarreloj, el Grupo Popular quiere que la prórroga de Almaraz quede blindada por ley, o al menos que todos los grupos, incluidos los socios del Gobierno de coalición, tengan que pronunciarse al respecto de nuevo en el Congreso. Para lograrlo, el PP ha incluido, dentro de las 150 enmiendas que ha presentado a la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, y a las que ha tenido acceso EL MUNDO, una específica que promueve la eliminación de las fechas de cierre previstas para Almaraz (en sus dos reactores), así como para la central nuclear de Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).
«La radicalidad del Gobierno y su obsesión por el falso ecologismo ha llevado a que España tenga un sistema energético muy inestable. Algo que pudimos comprobar hace meses con un apagón del que el Gobierno sigue ocultando sus causas, y que todo apunta a que se debió a su dogmatismo energético», apunta a este periódico Alicia García, portavoz popular en la Cámara Alta.
Según el PP, las «premisas ideológicas» del actual Ejecutivo «quieren dejar fuera de juego a la energía nuclear aunque eso ponga en riesgo el equilibrio del sistema en España». «Desde la óptica técnica no hay ningún motivo para cerrar la central nuclear de Almaraz ni la central nuclear de Cofrentes. Por eso vamos a intentar blindar por ley que se pueda alargar la vida de ambas centrales nucleares y poner a salvo los centenares de puestos de trabajo que dependen de ello y mantener en equilibrio el sistema energético español», apunta García.
Las enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible (una ley que a punto estuvo de no superar su primer trámite en el Congreso hasta que el Gobierno limó asperezas con Podemos) se votarán este miércoles, día 5, y la mayoría absoluta del PP parece garantizar que el paquete presentado por su grupo saldrá adelante. De ser así, el Congreso deberá volver a pronunciarse sobre ellas, por lo que tanto el Ejecutivo como sus socios deberán manifestar si están a favor o en contra de alargar la vida útil de la central de Almaraz.
Entre las 150 enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible, además de la referida a las centrales nucleares, el PP plantea otras como la necesidad de que Renfe recupere el anterior sistema de indemnizaciones por retrasos en el AVE o que el modelo concesional actual de autobuses no se transfiera a las Comunidades Autónomas para mantener todas las rutas y paradas existentes.
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