<p>El <a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>Partido Popular</a>, dominante en la Comisión del <a href=»https://www.elmundo.es/e/se/senado.html»>Senado</a> que investiga el <a href=»https://www.elmundo.es/espana/koldo-garcia.html»><i>caso Koldo</i></a>, ha puesto en marcha una auténtica radiografía de las tres empresas relacionadas directamente con el secretario de Organización del <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a>, <a href=»https://www.elmundo.es/espana/santos-cerdan.html»>Santos Cerdán</a>, hoy en <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/06/30/686248f2e85ece600b8b4584.html»>prisión preventiva</a>, ante la sospecha de que la trazabilidad del dinero público que en ellas se movía puede desembocar en la financiación del propio PSOE.</p>
Los ‘populares’ se centran en dos empresas, Servinabar y Alegure, entre el periodo 2018-2024, y en la sociedad cooperativa Noran
El Partido Popular, dominante en la Comisión del Senado que investiga el caso Koldo, ha puesto en marcha una auténtica radiografía de las tres empresas relacionadas directamente con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva, ante la sospecha de que la trazabilidad del dinero público que en ellas se movía puede desembocar en la financiación del propio PSOE.
Los populares han reclamado al Registro Mercantil Central y al Registro de Asociaciones del Gobierno vasco todo tipo de documentos -certificados, actas, escrituras, nombramientos, ceses, poderes, asociados, cuentas anuales, presupuestos aprobados y liquidados, balances, extractos bancarios, facturas, recibos, albaranes, contratos , nóminas, patrimonio, subvenciones, transmisiones de acciones o participaciones…- con la intención de seguir el rastro del dinero de dos empresas: Servinabar y Alegure, en el periodo 2018-2024 inclusive, y de la sociedad cooperativa Noran.
El PP, explica su portavoz en el Senado, Alicia García, trabaja con el convencimiento de que «por las empresas de Cerdán corría dinero público de contratos bajo sospecha en obras públicas». «Por eso», añade, «hemos pedido hasta el último papel de todas ellas y no vamos a dejar ni una línea ni un número sin analizar. En Navarra estuvo el sistema de corrupción que luego Koldo, Ábalos y Cerdán exportaron al Gobierno de Sánchez y queremos saber si eso acaba sólo en los bolsillos de los socialistas o también en el del PSOE».
En el caso de la empresa Servinabar, los populares disponen de documentación recabada en el Registro Central hasta el 31 de diciembre de 2021, último año en el que la empresa presentó cuentas. De esta forma, todos los números referidos a la obra del túnel de Belate, adjudicado en 2023 -75 millones de euros, incluyendo el último sobrecoste- siguen sin desmenuzarse. El partido da por hecho que Antxon Alonso, dueño de Servinabar, amigo íntimo de Cerdán, muñidor de contactos entre el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y los socialistas y en cuyo domicilio la Guardia Civil encontró bolsas con dinero negro y el documento según el cual Cerdán controlaba un 45% de la empresa, entregó en el Registro el pasado 5 de julio, cuatro días antes de declarar ante el Supremo, las cuentas de los ejercicios posteriores a 2021. Son estas las que el PP ahora reclama.
Los populares sospechan que desde Servinabar se realizaron transferencias a Noran Sociedad Cooperativa, creada justo después del cierre, en 2017, de Bancal de Rosas, la asociación que recaudó dinero de donantes anónimos para financiar las primarias de Pedro Sánchez. De Noran, advierten en el PP, sale dinero para Koldo y Antxon Alonso, dos de sus tres socios. El tercero se mantiene desconocido porque, al tratarse de una asociación registrada en el País Vasco, queda fuera del radar del Tribunal de Cuentas. Todos sus documentos se depositan en el Registro de Asociaciones del Gobierno vasco, al que también se ha dirigido el PP reclamando, para la comisión de investigación del Senado, una cantidad ingente de documentación.
De la misma manera, los senadores se han dirigido al Registro Mercantil Central pidiendo documentación de Alegure, creada en agosto de 2017, pero cuyas cuentas no son depositadas en Registro desde el 31 de diciembre de 2018, coincidiendo con la licitación y adjudicación del colegio público de Arbizu por 2,63 millones de euros. Antxon Alonso habría entregado en el Registro las cuentas desde 2017 el pasado 5 de julio, igual que las de Servinabar, es decir, cuatro días antes de su comparecencia ante el Supremo. En cualquier caso, ninguna de ellas podría ser consultada hasta no ser debidamente revisadas por el registro.
Desde el último depósito de cuentas en el Registro, tanto Servinabar como Alegure tienen vetada la contratación pública. La formalización de las cuentas es clave para que las empresas puedan acceder a licitaciones de carácter público.
La trazabilidad del dinero y las cuentas de este entramado empresarial así como el conocimiento de sus socios es clave, según los expertos en Derecho Mercantil del PP, para comprobar si existió o no financiación ilegal del PSOE.
Las pesquisas que pretenden llevar a cabo los populares se solaparán con las nuevas comparecencias solicitadas ante la Comisión que investiga el caso Koldo y sus derivadas. La primera y más notable, tras la de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, hace una semana, será la de la presidenta de la comunidad foral de Navarra, María Chivite, el próximo día 29.
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