El pacto alcanzado entre PP y Vox para investir a María Guardiola y conformar un Gobierno de coalición en Extremadura tensa las costuras de la relación a nivel nacional entre ambos partidos y podría llegar a entorpecer las negociaciones en marcha en Aragón y Castilla y León para las investiduras respectivas de Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.
Lleva también al Pleno una moción que fuerza al PP a posicionarse sobre la «prioridad nacional» pactada en Extremadura / Acusa a algunos barones ‘populares’ de «boicotear» el pacto con Guardiola
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El pacto alcanzado entre PP y Vox para investir a María Guardiola y conformar un Gobierno de coalición en Extremadura tensa las costuras de la relación a nivel nacional entre ambos partidos y podría llegar a entorpecer las negociaciones en marcha en Aragón y Castilla y León para las investiduras respectivas de Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.
El controvertido principio de «prioridad nacional» que promueven los de Abascal, y que forma parte del pacto alcanzado en Extremadura, recaba el rechazo no sólo de algunos de los barones más importantes del PP -el andaluz, Juanma Moreno y la madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, sino también importantes recelos en la cúpula del partido.
El desencuentro, más allá de las declaraciones de unos y otros, se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Interior del Congreso, donde se debatía una iniciativa de los populares con vistas a agilizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea.
Vox ha mostrado su acuerdo con la iniciativa pero ha intentado ir mucho más allá planteando una enmienda amplia en la que recogían las propuestas clave de su política antiinmigración. Esto es: derogar de inmediato el reglamento de extranjería que ha aprobado el Gobierno para proceder a una regularización masiva; elevar a diez el número de años requeridos de presencia en España para poder acceder a la residencia de larga duración; impulsar la reemigración a sus países de origen de aquellos inmigrantes que reiteradamente vivan de las ayudas públicas; deportar a todos los que delincan y expulsar a quienes, aun teniendo la residencia, delincan o pretendan imponer el islamismo y poner fin a cualquier política que aliente más inmigración.
«En definitiva», como ha explicado el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, «plantear frente a la política de papeles para todos de Sánchez, un plan basado en la ley, el orden, las fronteras seguras y la prioridad nacional, es decir», ha recalcado, «los españoles, primero».
Los populares han rechazado de plano la enmienda de Vox por entender que la misma traspasaba los límites de una propuesta con la que pretenden evitar que «el descontrol en las expulsiones de inmigrantes que carecen de permiso de residencia en la UE erosione la convivencia». El PP alude en su proposición a las propias normas comunitarias que rigen para toda la Unión y que considera incumplidas por la laxitud del Gobierno a la hora de ejecutarlas. «Se trata», ha defendido su portavoz, «de reforzar el estado de Derecho y de cumplir la ley. Ni puertas abiertas al descontrol ni puertas blindadas».
La enmienda sometida a votación en la Comisión de Interior no es la única iniciativa que Vox trae al Congreso esta semana para forzar al PP nacional a pronunciarse sobre el «principio de prioridad nacional» que se ha pactado en Extremadura. El partido de Santiago Abascal somete a debate este martes al Pleno de la Cámara Baja una moción que insta al Gobierno a «garantizar la prioridad nacional», en general, y a hacerlo específicamente «en todos los frentes de la vivienda» y «en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas».
El partido más a la derecha del abanico obliga así a los populares a fijar postura, con su voto y en el debate, sobre lo pactado en Extremadura. Aunque, como ha sucedido en la Comisión de Interior, Vox incluye en su texto sobre «prioridad naiconal» otras cuestiones sobre política migratoria que podrían alejar al PP de apoyar la iniciativa. Por ejemplo, pide promover la «remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».
Ante las reticencias deslizadas por algunas voces populares respecto al pacto extremeño, ahora acompañadas por el voto negativo del PP en el Congreso a ese principio de «prioridad nacional», en Vox vuelven a poner a Génova en la diana de sus acusaciones. «En el PP tenemos una presidenta de Extremadura llegando a un acuerdo con Vox […], y el resto del PP boicoteando ese acuerdo», ha afeado este martes la portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, que ha vuelto a asegurar que Génova «se ha dedicado a poner trabas» en el camino hacia el pacto.
Así, Millán ha manifestado su confianza en que el «principio de prioridad nacional» se aplique en Extremadura tal y como queda recogido en el texto, pues ha señalado que esto se ha cerrado por un «entendimiento» entre Vox y el PP de María Guardiola. «No es que el PP se haya avenido a nuestra petición», ha defendido, ensalzando de nuevo la postura de la baronesa popular y acusando a otros líderes regionales del PP de cometer una «falta de respeto» con sus críticas al acuerdo.
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