El pasado 15 de octubre, el mismo día en que EL MUNDO reveló correos que acreditan la existencia de ‘enchufes’ teledirigidos desde la cúpula de Grupo Tragsa, la empresa pública activó un protocolo interno para blindar su estrategia jurídica en los juzgados. El presidente de la compañía, Jesús Casas, la había firmado con nocturnidad, pocas horas antes de que la información viese la luz. Bajo el título de Coordinación y colaboración en la tramitación de los procedimientos judiciales penales, el documento de 16 páginas va mucho más allá de un protocolo rutinario. Entre otras cosas, obliga a la plantilla a pedir instrucciones internas antes de entregar documentación sensible a jueces o fiscales, y supedita el amparo legal de la alta dirección a la aprobación del propio Casas.
Jesús Casas firmó con nocturnidad una norma que obliga a los empleados a esperar instrucciones corporativas antes de entregar cualquier documentación sensible a jueces o fiscales. Además, supedita el respaldo legal de la plantilla al apoyo de sus superiores
El pasado 15 de octubre, el mismo día en que EL MUNDO reveló correos que acreditan la existencia de ‘enchufes’ teledirigidos desde la cúpula de Grupo Tragsa, la empresa pública activó un protocolo interno para blindar su estrategia jurídica en los juzgados. El presidente de la compañía, Jesús Casas, la había firmado con nocturnidad, pocas horas antes de que la información viese la luz. Bajo el título de Coordinación y colaboración en la tramitación de los procedimientos judiciales penales, el documento de 16 páginas va mucho más allá de un protocolo rutinario. Entre otras cosas, obliga a la plantilla a pedir instrucciones internas antes de entregar documentación sensible a jueces o fiscales, y supedita el amparo legal de la alta dirección a la aprobación del propio Casas.
El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, está en vigor desde el día siguiente a su publicación en la intranet de la compañía. Según recoge su disposición final, la norma tiene carácter retroactivo, pues «resultará aplicable a todos los procedimientos judiciales cuya fase de instrucción todavía no haya concluido». Tal sería el caso del fichaje fantasma de Jésica Rodríguez, que puso bajo la lupa a la compañía estatal tras admitir la exnovia de Ábalos que, en 2021, cobró durante meses en la filial Tragsatec pese a que no fue nunca a trabajar. El escándalo contribuyó a la condena del exministro a 24 años de cárcel y obligó a Casas a rendir cuentas en el Senado, donde negó su implicación en ningún proceso de contratación del grupo, extremo que desmiente la información recabada por este diario. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación: el pasado 9 de octubre ratificó la imputación de Rodríguez.
El rastro digital que ha dejado el citado protocolo evidencia cierta precipitación. El presidente lo rubricó pasadas las 20.30 horas y fue publicado a primera hora de la mañana siguiente erróneamente en su versión sin firmar, según ha podido confirmar este medio.
¿Qué implica exactamente la norma? En primer lugar, introduce un filtro corporativo sobre la documentación que sale hacia los tribunales. Si un juez, un fiscal o la policía requieren a un trabajador «documentación, información, registros, sistemas, comunicaciones, bases de datos, expedientes» del grupo o cuya entrega «pueda afectar a los intereses corporativos», éste tendrá que «ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica y recabar sus instrucciones antes de proceder a su remisión».
En la práctica, esto supone interponer una suerte de peaje antes de que cualquier archivo sensible pueda salir hacia los órganos judiciales. Además, otorga a la maquinaria jurídica de la empresa plena visibilidad preferente sobre pesquisas que puedan afectar a la sociedad estatal. Fuentes internas se preguntan en qué posición quedan los trabajadores interpelados por la Justicia si la información que se les requiere afecta al propio departamento jurídico o a Presidencia: «Estarán entre la espada y la pared». Entre esas «comunicaciones» figurarían, por ejemplo, correos internos como los que publicó este diario o la documentación relativa a la contratación de Jésica.
El nuevo marco también acota el derecho de la plantilla a una defensa jurídica costeada por la empresa. Y es que empleados y directivos investigados por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones solo serán defendidos por los abogados de Tragsa previo informe favorable de sus superiores directos. La escala sigue la jerarquía: los jefes de unidad territorial tendrán que dar el visto bueno a los responsables provinciales; mientras que, si el afectado forma parte del Comité de Dirección, «el informe será emitido por el presidente».
Este punto es especialmente relevante, por ejemplo, en el reenvío de currículos entre los distintos escalones de responsabilidad, donde la presión la trasladaban hacia abajo los superiores inmediatos. Como botón de muestra: era un miembro del comité de dirección quien reenvió varios de los currículos remitidos por el propio Casas. La norma tampoco prevé quién, eventualmente, tendría que avalar la defensa del propio presidente ni qué ocurre si la persona que debe firmar uno de estos informes está implicada en los hechos.
La empresa se reserva la baza del «conflicto de interés». Es decir, Asesoría Jurídica puede retirar la asistencia legal a un trabajador cuya versión contravenga «los intereses económicos, reputacionales o jurídicos» de Tragsa. Una cláusula que, llegado el caso, podría aplicarse a quienes alegasen ante el juez que actuaron siguiendo instrucciones de sus superiores, según fuentes legales.
El texto exige además comunicar «de forma inmediata» cualquier hecho que comprometa a la empresa y remitir copia íntegra de toda citación o requerimiento, incluso si es personal. El incumplimiento expone a trabajadores y directivos a «responsabilidades disciplinarias, laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza».
El mismo día que se publicó la norma, Casas se reunió con representantes de la plantilla en la sede de la empresa en Madrid. Se habló de los correos, en uno de los cuales el presidente calificó de «marroncillos» las indicaciones para acomodar a ciertos candidatos. Preguntadas al respecto, fuentes sindicales niegan haber sido informadas, ni entonces ni a posteriori, del citado protocolo jurídico que, denuncian, busca «instalar un clima de intimidación interna».
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