<p>No ha trascendido ni a la comisión del Senado que investiga el <i>caso Koldo</i> ni al propio comité de dirección de <strong>Tragsa</strong>. El presidente de la empresa pública, <strong>Jesús Casas</strong>, guarda con celo desde el pasado septiembre el <i>forensic</i> de la investigación interna que, supuestamente, iba a servir para depurar las responsabilidades del <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/11/19/691c6241fdddffe8658b4596.html»>fichaje fantasma</a> de <strong>Jéssica Rodríguez </strong>al más alto nivel de la cadena de mando del grupo estatal.</p>
La compañía justifica que el ‘forensic’ que iba a servir para depurar responsabilidades al más alto nivel por el fichaje fantasma de la exnovia de Ábalos no ha trascendido por razones de «protección de datos»
No ha trascendido ni a la comisión del Senado que investiga el caso Koldo ni al propio comité de dirección de Tragsa. El presidente de la empresa pública, Jesús Casas, guarda con celo desde el pasado septiembre el forensic de la investigación interna que, supuestamente, iba a servir para depurar las responsabilidades del fichaje fantasma de Jéssica Rodríguez al más alto nivel de la cadena de mando del grupo estatal.
El informe lleva más de dos meses terminado, pero su contenido ha quedado reservado a la unidad de compliance (cumplimiento normativo), que es la que lo ha elaborado, y a la propia Presidencia, a la que reporta directamente dicha unidad. Así lo confirman fuentes oficiales de la empresa que invocan a la ley de protección de datos para justificar que, hasta la fecha, no hayan dado salida al informe a pesar de que la comisión de la Cámara Baja sobre el caso Koldo sigue en curso.
El documento original permanece al resguardo del presidente. Una vez concluido, a los consejos de Tragsa y Tragsatec -filial a la que se incorporó la exnovia de José Luis Ábalos– y a la junta de accionistas se les informó de las principales conclusiones del mismo, pero ni siquiera el máximo órgano de gobierno del grupo tuvo acceso al forensic completo. El informe tampoco ha sido compartido con el comité de dirección de la empresa pública, que agrupa a los más altos cargos operativos del grupo, a los que solo se notificó que la investigación había concluido, según las mismas fuentes.
A principios de abril, Jesús Casas anunció ante el Senado que el mes anterior había ordenado ampliar la investigación iniciada en octubre de 2024 sobre la contratación de Jéssica Rodríguez. El objetivo de ese análisis reforzado era ampliar las pesquisas a «toda la cadena ascendente a partir de la gerencia hasta el máximo nivel», explicó el presidente. El resultado de esas indagaciones «de cumplimiento legal» que prometían aclarar todos los aspectos de la contratación es el citado informe de compliance que ahora el máximo ejecutivo de Tragsa se resiste a compartir.
Siete meses después de que Casas informara del proceso de compliance, en el entorno de la comisión del Senado empiezan a impacientarse por la opacidad con la que la empresa pública viene gestionando un informe clave para las pesquisas de la Cámara Baja.
En paralelo a las pesquisas sobre la contratación de Jéssica, quien según afirmó el propio Casas aparecía en documentos de la empresa como la «sobrina de Ábalos», Tragsa ha activado un protocolo para evitar enchufes en los procesos de contratación, como adelantó este medio. Una de las medidas más destacadas es que, a partir de ahora, el área de asesoría jurídica de Tragsa tendrá que verificar que los encargos que recibe de la Administración no sean «una mera instrumentalización para la cesión de trabajadores y de perfiles específicos». En definitiva, evitar que la empresa pública sea utilizada como un medio para colocar a dedo a ciertas personas.
En la práctica, la nueva batería de medidas atañe a la cúpula del grupo, a los responsables de las distintas subdirecciones y al conjunto de la plantilla. Muchos de los camabios de este plan de choque comenzaron a aplicarse antes, incluso, de que concluyera la investigación que ha liderado responsable de Cumplimiento (compliance officer). Se trata del encargado de la prevención, vigilancia y control del cumplimiento interno de las normas y de la prevención de riesgos penales de la compañía. Este está adscrito a la dirección de Auditoría Interna, que responde directamente ante Casas.
El trabajo de la unidad de cumplimiento es especialmente relevante en investigaciones internas derivadas de procedimientos judiciales que puedan acarrear responsabilidades penales para la empresa. En esta categoría se enmarca el fichaje de Jéssica Rodríguez, que cobró un sueldo público sin acudir nunca a trabajar, el cual salió a la luz después de que esta declarase el pasado febrero como testigo en el caso Koldo en el Tribunal Supremo. Por el momento, este episodio no ha conllevado ceses en los primeros niveles del organigrama de Tragsa.
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