<p>A pesar de que la nueva financiación se concretó el pasado jueves en La Moncloa mediante una reunión entre <strong>Pedro Sánchez</strong> y el líder de ERC, <strong>Oriol Junqueras</strong>, fue el PSC de <strong>Salvador Illa</strong> quien estableció desde el primer momento como innegociable que el nuevo modelo pivotase sobre el principio de ordinalidad, el que fija que una comunidad autónoma no aportará más a la caja común de lo que recibe de las arcas del Estado. Ese fundamento, finalmente abrazado por el ministerio de Hacienda, será aplicado a Cataluña, pero no a todas las autonomías, según ha reconocido la propia vicepresidenta <strong>María Jesús Montero</strong>, privilegiando a este territorio y reconociendo su singularidad respecto a otras regiones.</p>
La primera oferta de Illa a Junqueras ya hablaba del mecanismo para premiar a las comunidades que más aportan y de limitar la posibilidad de rebajar impuestos como viene haciendo Madrid
A pesar de que la nueva financiación se concretó el pasado jueves en La Moncloa mediante una reunión entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, fue el PSC de Salvador Illa quien estableció desde el primer momento como innegociable que el nuevo modelo pivotase sobre el principio de ordinalidad, el que fija que una comunidad autónoma no aportará más a la caja común de lo que recibe de las arcas del Estado. Ese fundamento, finalmente abrazado por el ministerio de Hacienda, será aplicado a Cataluña, pero no a todas las autonomías, según ha reconocido la propia vicepresidenta María Jesús Montero, privilegiando a este territorio y reconociendo su singularidad respecto a otras regiones.
La voluntad de diseñar el nuevo modelo de financiación autonómica en base al principio de ordinalidad ya constaba en la primera propuesta que el PSC remitió a ERC para negociar la investidura de Illa. El documento -que los socialistas enviaron a los republicanos el 1 de julio de 2024 y al que ha tenido acceso EL MUNDO- señalaba que «el sistema de financiación tiene que garantizar el principio de ordinalidad, que establece la correlación entre las aportaciones de una comunidad autónoma y los beneficios que recibe».
Cabe recordar que la «financiación singular» para Cataluña fue uno de los puntos del acuerdo de investidura suscrito entre el PSC y ERC a cambio del apoyo de los republicanos para ungir a Illa president de la Generalitat. Y que, desde entonces, ERC y el Govern vienen negociando con el Gobierno central la aplicación de ese pacto, finalmente cerrada la pasada semana.
La apuesta del PSC por instaurar la ordinalidad como principio básico de la nueva financiación autonómica se explica porque los socialistas entendieron desde el inicio que ese era el modo de premiar y diferenciar a Cataluña del resto de autonomías sin sacarla del régimen común de financiación, como inicialmente pretendía ERC, cuando hablaba de adoptar un concierto económico a la vasca.
Teniendo en cuenta que Cataluña es una de las principales aportadoras al sistema, también pasaría a ser una de las que más recibiese si la ordinalidad se aplicaba, y en eso se centraron los negociadores del PSC, con la consejera de Economía, Alícia Romero, a la cabeza: en imponer a Montero ese precepto diferenciador que inicialmente rechazaba la ministra de Hacienda, especialmente por el castigo que podría recibir en las urnas como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía por favorecer a Cataluña, que ahora será la tercera autonomía que más recibe del Estado por ser también la tercera que más aporta.
La ordinalidad acabó finalmente referenciada del siguiente modo en el pacto de investidura entre el PSC y ERC, base del acuerdo posterior sobre la nueva financiación autonómica: «Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña tiene que respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas de escala de mayor a menor, tienen que mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben».
Según fuentes de la negociación con el Gobierno, el PSC se centró en batallar la ordinalidad mientras ERC peleaba por la «soberanía fiscal». Los negociadores de Illa consiguieron doblegar el brazo de Montero, pero no Junqueras, que pese a haber mantenido reiterados encuentros con Sánchez para pactar el modelo de financiación -tal y como reveló el domingo La Vanguardia– no consiguió que el Ejecutivo aceptara ceder todos los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana, empezando por el 100% del IRPF, motivo que explica por qué ERC considera inconcluso el pacto de financiación y se niega a sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat hasta que todo el IRPF pase a ser recaudado y gestionado por el fisco catalán.
El PSC también logró imponer otro de sus deseos al Ministerio de Hacienda: la limitación de la capacidad de las autonomías para implementar rebajas fiscales, que acompañará al nuevo sistema, según avanzó Montero el pasado viernes.
La primera propuesta que el PSC hizo llegar a ERC en julio de 2024 ya defendía: «Hay que establecer unos límites mínimos y máximos (horquillas) para los impuestos cedidos. Eso significa que, aunque las CCAA puedan mantener su autonomía fiscal, tienen que respetar unas reglas comunes para evitar grandes diferencias en la carga fiscal entre regiones». «Algunas CCAA han ido demasiado lejos en la competencia fiscal a la baja», añadía el documento de los socialistas, en velada referencia a la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso. «Madrid aprueba rebajas fiscales que alteran la competencia entre territorios […] Debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid», verbalizaría públicamente Illa el pasado agosto, mientras negociaba con el Gobierno las limitaciones fiscales a las autonomías finalmente pactadas y todavía no precisadas al detalle.
Así, mientras el PSC percibe haber acabado su labor, ERC sigue volcada en intentar amarrar la cesión de la gestión del IRPF y también en intentar convencer a Carles Puigdemont de que Junts no tumbe la financiación en el Congreso, oponiéndose a la tramitaciones legales necesarias que lleva aparejadas. El líder de ERC pidió ayer al jefe de filas neoconvergente que le conceda una entrevista para abordar el asunto. Junts amenazó inicialmente con vetar el nuevo modelo de financiación por no constituir un concierto económico y ahora invita a ERC a negociar mejoras en el texto a través de enmiendas para «transitar» hacia ese cupo a la vasca.
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