<p>El Reglamento del Congreso de los Diputados es ley y como tal puede cambiarse. Sin embargo, el <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/10/15/68ef5602e4d4d8d7198b457a.html»>«estupor»</a> del magistrado del <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html»>Supremo</a>, <strong>Leopoldo Puente</strong>, a cuenta de la permanencia en el escaño de <strong>José Luis Ábalos</strong>, representando a los ciudadanos y votando en su nombre las leyes, pese a estar imputando y recaer sobre él «sólidos indicios de criminalidad», le ha supuesto un chaparrón de críticas y reproches, principalmente por parte del Gobierno y del <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a>.</p>
Los ministros reprochan al magistrado Puente no respetar la separación de Poderes y Patxi López sentencia: «No necesitamos que los jueces opinen sobre las leyes»
El Reglamento del Congreso de los Diputados es ley y como tal puede cambiarse. Sin embargo, el «estupor» del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, a cuenta de la permanencia en el escaño de José Luis Ábalos, representando a los ciudadanos y votando en su nombre las leyes, pese a estar imputando y recaer sobre él «sólidos indicios de criminalidad», le ha supuesto un chaparrón de críticas y reproches, principalmente por parte del Gobierno y del PSOE.
Los socialistas ven en la perplejidad del juez, y en su sugerencia de «reflexionar» sobre la reforma del Reglamento, un intento de socavar la separación de poderes, una injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo y una pretensión de marcar el paso al Congreso.
El Gobierno y el PSOE lideran así la defensa de una norma férreamente garantista, recogida en el artículo 21 del Reglamento, que asegura al diputado la conservación plena de sus derechos y prerrogativas hasta que se cumplan tres condiciones: que la Cámara haya autorizado un suplicatorio pedido por el Supremo; que contra el diputado se haya dictado auto firme de procesamiento y, además, que se encuentre en situación de prisión preventiva.
En el caso de Ábalos, de momento sólo se da la primera condición por lo que conserva sus derechos como diputado. Así, el pronunciamiento del juez, señalando el «natural estupor» que produce el que alguien con tan graves indicios en su contra se mantenga en el escaño, provocó una airada reacción del Gobierno y sus ex compañeros socialistas que optaron por liderar la defensa de un blindaje que beneficiaría, como sucede ahora con Ábalos, a casos similares que pudieran registrarse en el futuro ya que, aún cuando los grupos parlamentarios aceptaran revisar el Reglamento, la hipotética reforma no sólo tardaría varios meses en ver la luz sino que, además, no podría aplicársele de manera retroactiva a Ábalos.
Desde el grupo parlamentario socialista, su portavoz Patxi López arremetió contra el juez Puente por entrometerse en las competencias del Poder Legislativo. «Los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas. En el colectivo de jueces hay elementos muy curiosos a los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando». López, además, rechazó la posibilidad de modificar el Reglamento «porque lo diga un juez».
El argumento de la separación de poderes fue la consigna que esgrimieron los miembros del Gobierno que se pronunciaron, entre ellos, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Con más profundidad se expresó el titular de Transportes, Óscar Puente, para quien el debate gira en torno a la presunción de inocencia. «¿Cómo se podría obligar a alguien que aún no ha sido juzgado ni condenado a perder la condición de diputado?», se preguntó.
En realidad, el juez sólo sugirió la posibilidad de abrir una «reflexión» y añadía: «No es, desde luego, la modificación de las normas competencia que corresponda a los miembros del Poder Judicial. Nos compete aplicar las promulgadas por quienes, en tanto representantes directos del pueblo soberano, tienen la facultad de hacerlo».
Pese a todo, el rechazo frontal también fue la posición del vicepresidente del Congreso de los Diputados, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien aseguró que la Mesa del Congreso «no contempla cambiar el Reglamento». En cualquier caso, la posibilidad de cambiarlo o no dependería de una mayoría de la Cámara y no de la decisión exclusiva de la Mesa dominada por dos grupos.
En sentido contrario se expresó, Águeda Micó (Compromís). En su opinión, el propio Ábalos debería haber renunciado «desde el minuto uno» y el Gobierno debería estudiar una reforma de los aforamientos para evitar que haya quien use el escaño «sólo para beneficiarse de la inviolavilidad y la inmunidad parlamentaria». Para ella sí es «una opción» plantear una reforma del Reglamento.
Desde el PP, se utilizó el debate para señalar al Gobierno. Feijóo «comparte» el «estupor» del juez pero no entró a considerar la necesidad de reformar el Reglamento. En su opinión, lo que causa perplejidad es contrastar las palabras de Sánchez definiendo a su Gobierno como «uno de los más decentes» de Europa, con la situación de sus máximos colaboradores, en alusión a Ábalos y a Cerdán, así como la actitud de los socios del Gobierno que pese a todo siguen apoyándole.
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