El botín cabía en una mano. No hicieron falta hackers infiltrados en servidores occidentales, planos industriales robados ni complejas operaciones de espionaje. Bastaron unas ramas conseguidas a escondidas. De aquellos pequeños esquejes podían salir después decenas de miles de plantas idénticas a una variedad de arándano desarrollada durante años por una empresa española.
Una empresa española desarrolló una variedad de arándanos que acabó reproducida clandestinamente en un vivero chino
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El botín cabía en una mano. No hicieron falta hackers infiltrados en servidores occidentales, planos industriales robados ni complejas operaciones de espionaje. Bastaron unas ramas conseguidas a escondidas. De aquellos pequeños esquejes podían salir después decenas de miles de plantas idénticas a una variedad de arándano desarrollada durante años por una empresa española.
El robo terminó a miles de kilómetros de España, en un vivero de la provincia china de Yunnan, y ha acabado convertido en uno de los últimos casos de propiedad intelectual examinados por el Tribunal Supremo de China. Una disputa en la que la tecnología no estaba encerrada en un microchip ni escrita en un código informático: crecía dentro de una maceta.
La trama comenzó a destaparse en julio de 2024, cuando una empresa agrícola que operaba legalmente en China descubrió que un vivero comercializaba una variedad protegida bajo el nombre de «España 42». Detrás de aquella denominación se encontraba Plablue 1542, comercializada como Blue Maldiva, una variedad desarrollada por Planasa, compañía navarra líder en el sector agroalimentario y especializada en innovación genética vegetal.
Los vendedores ni siquiera se esforzaban demasiado por ocultar el origen del material. Según la documentación judicial, uno reconoció que las ramas habían sido obtenidas gracias a contactos que las consiguieron clandestinamente. La velocidad con la que funcionaba el negocio da una idea de su rentabilidad. El vivero se constituyó el 18 de julio de 2024. Apenas unos días después ya promocionaba las plantas a través de las principales redes sociales chinas. Sus instalaciones tenían capacidad para producir alrededor de 120.000 plantas por lote. Unas 20.000 correspondían a la variedad española.
El Tribunal Intermedio de Kunming, capital de Yunnan, condenó al vivero a pagar 144.000 yuanes de indemnización y otros 10.000 por gastos judiciales, unos 19.000 euros en total. La empresa recurrió. El Tribunal Supremo confirmó la condena. En la resolución difundida el pasado 14 de octubre, los magistrados subrayaron que el vivero había convertido la violación de derechos sobre variedades vegetales prácticamente en su modelo de negocio desde el momento de su fundación.
La indemnización parece insignificante comparada con las batallas multimillonarias por los semiconductores, la IA o las patentes industriales. Pero el caso resume otra carrera tecnológica mucho menos visible. Porque en un país obsesionado con la autosuficiencia y la innovación, algunos de los secretos que más dinero cuestan desarrollar están en el ADN de una planta.
Blue Maldiva es un buen ejemplo. Planasa ha desarrollado esta variedad buscando frutos de gran calibre, elevada productividad y calidad comercial. Los ensayos divulgados por la compañía en España y Marruecos han registrado producciones de entre 4,8 y siete kilos por planta, aunque el rendimiento varía en función de las condiciones de cultivo. Llegar hasta ahí puede exigir años de cruces, selección genética, ensayos de resistencia, adaptación a diferentes climas y una fuerte inversión en investigación. Las compañías recuperan después ese esfuerzo mediante licencias y derechos de explotación.
Ahí aparece la vulnerabilidad. Un microchip necesita fábricas muy sofisticadas para ser replicado. Una planta contiene dentro de sí misma las instrucciones para reproducirse. Un esqueje robado puede terminar convertido en miles de ejemplares que compiten con los originales sin pagar un solo euro a quien financió su desarrollo.
Uno de los más célebres casos de espionaje agrícola ocurrió en Estados Unidos, donde el FBI descubrió a ciudadanos chinos recorriendo campos de Iowa e Illinois para hacerse con semillas experimentales de maíz, desarrolladas mediante años de investigación genética para producir variedades comerciales más resistentes a las sequías y las plagas. El principal acusado fue Mo Hailong, empleado del conglomerado agrícola chino Dabeinong, que durante años participó en una operación destinada a trasladar a China unas semillas cuyo desarrollo había requerido millones de dólares. Mo fue condenado en 2016 a tres años de prisión.
Durante décadas, Washington y varias capitales europeas han acusado a China de haber apuntalado parte de su vertiginoso ascenso económico mediante espionaje tecnológico e industria, falsificaciones y apropiación de secretos comerciales. Pekín replica que su transformación tecnológica es fruto de décadas de inversión, formación de ingenieros y desarrollo propio.
Los casos han alcanzado distintos sectores. Por ejemplo, en 2018, un tribunal estadounidense declaró culpable al fabricante chino de aerogeneradores Sinovel de apropiarse de programas informáticos de la compañía AMSC utilizados para controlar turbinas eólicas. La Justicia estadounidense calculó las pérdidas en más de 550 millones de dólares.
El gigante asiático ya no es únicamente la gran fábrica que replica inventos extranjeros. Conforme sus empresas acumulan patentes, secretos industriales y nuevas variedades agrícolas, el país que durante años fue señalado por copiar necesita un sistema capaz de proteger también aquello que inventa. Ese cambio ayuda a explicar el endurecimiento de los tribunales.
En junio, el Supremo chino publicó nuevas directrices para resolver litigios relacionados con variedades vegetales, reforzando el uso de pruebas genéticas y de mecanismos de investigación técnica. El caso del arándano español forma parte de cinco sentencias divulgadas recientemente por el Tribunal. Otra de ellas afectaba a una variedad de maracuyá reproducida ilegalmente.
El arándano español resume las dos Chinas. La de los empresarios que todavía consideran más barato robar una innovación que pagar por utilizarla y la de un sistema judicial que empieza a comprender que, para convertirse en potencia tecnológica, también necesita castigar a quienes copian.
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