<p class=»ue-c-article__paragraph»>«Tienen que saber que Cataluña es una tierra de acogida, pero que tiene una identidad nacional y una lengua». <strong>Jordi Turull</strong> lanzaba ayer esta advertencia a los extranjeros que alberguen la intención de establecerse en tierras catalanas una vez se haya hecho efectiva la delegación «integral» de competencias migratorias a la Generalitat. El secretario general de <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/junts-per-catalunya.html»>Junts</a> subrayaba, a continuación, que la ley acordada con el <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a> «permitirá tener las herramientas de Estado para hacer posible el <i>Catalunya un sol poble</i>», alegato uniformizador reiteradamente utilizado por el fundador de<strong> CiU</strong> y ex presidente nacionalista de la Generalitat, <strong>Jordi Pujol</strong>, para defender la necesidad de preservar la «cohesión social» en la región ante las sucesivas oleadas migratorias.</p>
Junts pacta con el PSOE que la Generalitat reclame el idioma a los inmigrantes para concederles la residencia con el pretexto de «proteger la cohesión de la sociedad de acogida»
«Tienen que saber que Cataluña es una tierra de acogida, pero que tiene una identidad nacional y una lengua». Jordi Turull lanzaba ayer esta advertencia a los extranjeros que alberguen la intención de establecerse en tierras catalanas una vez se haya hecho efectiva la delegación «integral» de competencias migratorias a la Generalitat. El secretario general de Junts subrayaba, a continuación, que la ley acordada con el PSOE «permitirá tener las herramientas de Estado para hacer posible el Catalunya un sol poble», alegato uniformizador reiteradamente utilizado por el fundador de CiU y ex presidente nacionalista de la Generalitat, Jordi Pujol, para defender la necesidad de preservar la «cohesión social» en la región ante las sucesivas oleadas migratorias.
Las tesis pujolianas quedan replicadas en la proposición de ley registrada ayer conjuntamente en el Congreso por el PSOE y Junts y que, en su exposición de motivos, defiende la necesidad de implantar «un nuevo contrato social para estas personas recién llegadas» que permita «proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura».
Fue el propio Carles Puigdemont el que ayer admitió sin ambages que el conocimiento de la lengua catalana será un «requisito» para que la Generalitat expida a los inmigrantes el «informe favorable» previo a la concesión del permiso de residencia; un trámite que también quedará en manos de la Administración autonómica tras la delegación competencial del Gobierno.
«El catalán es imprescindible para demostrar que estás enraizado en Cataluña», adujo el líder de Junts, para después poner en la diana a los miles de médicos que llegan de otros países para reforzar el déficit de personal sanitario de la comunidad autónoma. «¿Cómo podemos garantizar, si no, que un médico que viene de fuera podrá ejercer en Cataluña?», se preguntó. Actualmente, los galenos ya necesitan el nivel C de catalán para opositar, pero, de seguir esta política lingüística restrictiva que sugiere la ley convenida con el PSOE, necesitarían el catalán incluso para establecerse en la región y poder trabajar como interinos, algo extremadamente común en Cataluña.
Socialistas y neoconvergentes anticiparon en el comunicado que utilizaron para dar a conocer su acuerdo que, «en materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes en el ejercicio de las competencias delegadas». Ya en la proposición de ley, PSOE y Junts subrayan que el Estatut declara que la lengua catalana es la «lengua propia» de Cataluña y denuncian el «impacto» que la llegada masiva de inmigrantes está teniendo en la misma. La suma de ambos elementos permite inferir que se da vía libre a la Generalitat para condicionar la residencia a requisitos lingüísticos que fijarán el catalán como obligación excluyente. Aunque la aplicación de la ley orgánica que salga del Congreso dependerá del desarrollo normativo que realice el Govern que actualmente preside el socialista Salvador Illa, Turull ya avisó ayer de que Junts estará «vigilante» para comprobar si «desde Cataluña se actúa con mentalidad de Estado» en cuestión migratoria.
La proposición de ley que suscribe el PSOE emana de la nueva ponencia política de Junts, aprobada el pasado octubre y en la que los herederos de Convergència destacan la importancia de gestionar autónomamente la inmigración, «con mentalidad de Estado», «porque está en juego el futuro de nuestro país» y porque de ello depende «la viabilidad nacional» de Cataluña, al margen de su «cohesión social». «No es atrevido afirmar que, si no conseguimos cohesionar a toda la ciudadanía de Cataluña alrededor de nuestra lengua, independientemente del origen de cada uno, la supervivencia de la catalanidad está en riesgo», sostiene el documento, que lleva por título El País que queremos.
«¿En materia de derechos, qué va a pasar cuando a un extranjero que obtenga la residencia en Murcia se traslade a Cataluña? ¿Tendrá que renovar el permiso de residencia y se le introducirán unos nuevos requisitos lingüísticos? Es una barbaridad. Se está capando la movilidad. Es crear fronteras interiores para los extranjeros», considera el letrado Pepe Domingo, presidente de la entidad Impulso Ciudadano, que prepara una batalla legal contra la delegación de competencias migratorias a Cataluña.
Recuerda Domingo cómo ya recurrió la Ley de Acogida de Inmigrantes aprobada en 2010 por el tripartito que presidía José Montilla y que estableció que el catalán era la «lengua común» que los inmigrantes deben aprender en su proceso de integración. La normativa facilitaba la obtención del certificado de arraigo al inmigrante que acreditase que sabía catalán y establecía que sólo se le ofertaría formación en castellano a los extranjeros que antes demostrasen conocer el idioma autonómico.
El resultado del recurso fue que en 2017 el Tribunal Constitucional enmendó a la Generalitat y determinó que «la obligación impuesta al extranjero de alcanzar un determinado nivel lingüístico en catalán, como condición de acceso a las acciones formativas en castellano, es inconstitucional y nulo porque se aparta del objetivo común de integración social del extranjero en la sociedad española».
«El PSOE ya no tiene ninguna autoridad para criticar a Vox y a Aliança Catalana tras comprar el modelo xenófobo de Junts en materia migratoria», considera Domingo.
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