Era un día grande en el Supremo de Estados Unidos. El alto tribunal celebraba este miércoles una audiencia conjunta para estudiar dos casos en torno a una misma pregunta de enorme calado para la economía global: ¿tiene el presidente Donald Trump la autoridad para imponer aranceles a partir de una ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés) y por la necesidad de reducir el déficit con decenas de socios comerciales y de alentar la fabricación made in USA?
Una mayoría de magistrados que incluye a los conservadores Gorsuch y Barrett parece dispuesta a negar al presidente la potestad para fijar gravámenes en virtud de una ley de emergencia
Era un día grande en el Supremo de Estados Unidos. El alto tribunal celebraba este miércoles una audiencia conjunta para estudiar dos casos en torno a una misma pregunta de enorme calado para la economía global: ¿tiene el presidente Donald Trump la autoridad para imponer aranceles a partir de una ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés) y por la necesidad de reducir el déficit con decenas de socios comerciales y de alentar la fabricación made in USA?
Aunque de fondo había otro interrogante de parecido alcance: ¿estarían los nueve magistrados dispuestos a darle la razón una vez más a Trump en su cruzada por ampliar sus poderes presidenciales sin contar con el Congreso?
De este miércoles se esperaba no tanto una respuesta a ambas preguntas como una impresión de por dónde podría ir la decisión de los magistrados, seis conservadores y tres liberales. Pues bien, tras una audiencia de más de dos horas y media, cabe concluir que una mayoría del Supremo se mostró escéptico sobre la autoridad de Trump para imponer los aranceles que ha impuesto a más de un centenar de países. Son tasas que van del 10% de una mayoría de capitales, al 50% de Brasil, y forman parte de la agresiva política comercial del republicano. También los hay para sectores como el automovilístico, el acero, el aluminio o el cobre.
Ese escepticismo de los jueces es, de momento, solo eso. Para saber la respuesta a ambas preguntas habrá que esperar a que el Supremo dicte sentencia, que se espera para antes de fin de año, y no, como es costumbre, en la conclusión del curso judicial, en junio próximo. Esas prisas se deben a que hay miles de millones de dólares de aranceles en juego (según el Departamento del Tesoro, se han recaudado 195.000 millones en aranceles hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre).
Si el fallo acabara siendo contrario a sus deseos, supondría un enorme golpe para el presidente de Estados Unidos, que considera esa sentencia como “una de las opiniones más importantes y trascendentales tomadas por el Supremo”, según escribió el domingo pasado en su red social, Truth. La noticia de que no tiene el caso ganado llegó el mismo día en que se cumplía un año de su victoria electoral tras una campaña que basó en buena medida en su pasión por los aranceles, y pocas horas después de recibir un varapalo político de los votantes de varios puntos del país, que dieron una serie de contundentes victorias a los demócratas en citas locales y estatales.
El principal argumento de los demandantes, una juguetera de Illinois y una importadora de alcohol de Nueva York, dos empresas que litigan en representación de otros particulares, a los que se sumaron varios Estados demócratas, es que esa ley utilizada por Trump no incluye la palabra “aranceles”, ni términos de ese campo semántico como “derechos aduaneros”, “impuestos” o “gravámenes”. También sostienen que la decisión del mandatario de resucitar la IEEPA infringe el concepto jurídico estadounidense conocido como la “doctrina de las cuestiones principales”, que exige que el Congreso utilice un lenguaje claro y directo para autorizar al presidente a decretar medidas económicas de gran alcance.
“La ley confiere poderes amplios al presidente, que tal vez sea el actor principal en los asuntos exteriores en Estados Unidos. Es solo una cuestión de sentido común”, argumentó atropelladamente John Sauer, procurador general, que defendió el caso de Trump y recibió una y otra vez los ataques dialécticos de las juezas liberales y los cortes impacientes de los conservadores, que no parecían demasiado cómodos con su nervioso estilo argumentativo.
Entre los magistrados de la mayoría conservadora, se mostraron particularmente escépticos Neil Gorsuch, que se preguntó si el Congreso no habría delegado demasiado poder en las manos de Trump desde su regreso hace 10 meses a la Casa Blanca, y Amy Coney Barrett, que en ocasiones ha ejercido de bisagra en un tribunal que está cambiando las reglas de la sociedad estadounidense a marchas forzadas con decisiones a menudo polémicas. Esta puso en duda el argumento de Trump de que los desequilibrios comerciales con otros países puedan ser considerados como “amenazas graves”.
Tasas e impuestos
La liberal Sonia Sotomayor afeó a Sauer, por su parte, que tratara de vender los aranceles como una cosa distinta de impuestos. “Y si son impuestos”, dijo, “corresponde al Congreso la potestad de imponerlos, no al presidente“. Sauer disintió con el argumento de que lo que hace Trump con las tasas a las importaciones no es gravar a los ciudadanos, sino regular el comercio internacional.
Sotomayor también pidió al procurador que le ayudara a entender por qué el Supremo debería dar ahora la razón a Trump, cuando durante la presidencia de Joe Biden la composición actual del tribunal decidió en varias ocasiones que este no tenía el permiso de tomar decisiones como la condonación de la deuda estudiantil, sin contar con el Congreso.
Y en vista de que Sauer recurría una y otra vez a la historia, la jueza Ketanji Brown Jackson señaló la paradoja de que IEEPA sea una ley firmada por Jimmy Carter para todo lo contrario: limitar el poder presidencial en materia de economía exterior. Surgió como reacción a los intentos de Richard Nixon, todo un referente para Trump en sus intentos de ampliar el poder ejecutivo.
Por la parte de los demandantes habló el abogado Neal K. Katyal después de 75 minutos de interrogatorio sin respiro a Sauer. Katyal recordó que la potestad para imponer impuestos se la dieron los “Padres Fundadores” al Congreso, y que la IEEPA se ha usado “múltiples veces” en los últimos 50 años para “decretar sanciones, pero nunca, ni una sola vez, para dictar política arancelaria”. Con ese viaje dialéctico al principio de la República estadounidense, el abogado pareció cortejar a los magistrados más conservadores del Supremo, firmes creyentes en la doctrina del originalismo, teoría jurídica que aconseja una lectura fidelísima de la Constitución para decidir sobre los asuntos del presente.
Katyal, que ha argumentado más de 50 veces ante el Supremo, quiso también distinguir entre aranceles, que sirven para recaudar dinero para el Estado, de los embargos o sanciones, que se emplean como instrumento de presión en la política exterior estadounidense.
Trump también ha vendido en repetidas ocasiones que él emplea los aranceles como herramienta para acabar con guerras no comerciales. No está aún claro si ese argumento calará en los escépticos entre la bancada del Supremo. Tras la celebración de la audiencia de este miércoles, empieza el proceso de discusión interna para acordar una de las sentencias más trascendentales no ya del curso judicial, sino de décadas de historia de política comercial de Washington.
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