<p class=»ue-c-article__paragraph»>Indra ha conseguido una victoria pírrica contra el Servicio Estatal de Empleo (Sepe) y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra las exigencias de aportar más de 24 millones de euros al Tesoro por el <strong>despido de 530 trabajadores mayores de 50 años</strong> durante el ERE que ejecutó en 2015.</p>
El Sepe ha reclamado más de 1.000 millones a 102 empresas por los ERE que incluyen una cantidad elevada de mayores de 50 años en empresas con beneficios
Indra ha conseguido una victoria pírrica contra el Servicio Estatal de Empleo (Sepe) y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra las exigencias de aportar más de 24 millones de euros al Tesoro por el despido de 530 trabajadores mayores de 50 años durante el ERE que ejecutó en 2015.
Se trata de un conflicto entre el Ministerio de Trabajo y la empresa que data desde 2021, cuando el organismo dirigido por Yolanda Díaz cifró en 25,3 millones la factura que tendría que asumir la compañía de participación estatal por haber ejecutado un ERE seis años atrás que afectaba en gran medida a trabajadores de esta cohorte de edad.
En concreto, las salidas de la compañía de mayores de 50 representaron más de un tercio de las 1.530 de los despidos totales. Esta primera factura fue rebajada en 2023 por la Secretaría de Estado de Economía a 23,9 millones de euros, sin embargo Indra aspiraba a rebajarla en casi dos millones de euros adicionales al considerar que el tipo aplicado por el Sepe para hacer los cálculos de la indemnización no eran correctos.
El TSJM estimó formalmente parte del recurso de la tecnológica, pero en un elemento anecdótico: solo ha eliminado del cálculo a seis trabajadores que cobraron en paralelo el paro y la jubilación, lo que rebaja la factura en apenas unos miles de euros para Indra. En el resto del fallo, el Tribunal Superior de Justicia desestimó la principal tesis de la compañía y mantuvo el tipo del 95% aplicado por el Sepe para calcular la indemnización.
El Gobierno obliga a las empresas de más de 100 empleados con beneficios que despidan a una cantidad significativa de trabajadores mayores de 50 años en un expediente colectivo a contribuir al Tesoro por las prestaciones y subsidios que estos percibirán al pasar a estar desempleados.
Esta legislación se aprobó en 2011 y se conoce popularmente como la ‘Enmienda Telefónica’, ya que se hizo a raíz de la polémica por un despido colectivo impulsado por el operador en plena crisis económica que tensó su relación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por aquel entonces, y que terminó con la empresa sufragando los costes del ERE.
En su última memoria anual (2023), el servicio público de empleo cifra en 1.040 millones de euros los importes reclamados a más de un centenar de compañías en aplicación de esta legislación. Si Indra no prosigue el camino judicial y abona el pago se convertiría en una de las diez empresas que han desembolsado un pago mayor por estas circunstancias.
La ley contempla para el cálculo de las indemnizaciones no solo los despedidos durante el procedimiento colectivo, sino también los trabajadores de esta edad que hayan sido obligados a dejar la empresa en los tres años anteriores al ERE y el año posterior. En el caso de Indra, la cifra aumentaba en otros 178 empleados.
El frente judicial por el Ere de 2015 con el Gobierno no es el único conflicto en los tribunales que ha tenido Indra en los últimos años a raíz de los últimos despidos colectivos impulsados en la compañía. El último de ellos se produjo en 2020 y se saldó con la salida de 580 trabajadores de la empresa.
El acuerdo fue impugnado por varios sindicatos en un proceso que finalmente fue avalado por el Tribunal Supremo en 2022,. El alto tribunal también se vio obligado a pronunciarse con el mencionado ERE de 2015 y también en 2023 frente a un acuerdo para las condiciones laborales de la filial de Defensa que incluyó un plan de salidas voluntarias y fue impugnado por sindicatos minoritarios. En verano, la empresa anunció una reestructuración de su negocio internacional, pero aún se desconoce el impacto de la misma a nivel de personal.
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