<p>El <strong>PIB </strong>de España crece muy por encima de la media de sus socios en la Unión Europea; sus previsiones de <strong>recaudación fiscal</strong> están en récords históricos; su población activa también, rozando por primera vez en la historia los 22 millones de afiliados a la <strong>Seguridad Social</strong>; y el país disfruta de la inyección extra de los <strong>fondos europeos</strong>. Sin embargo, pese a todo esto, asoman en un horizonte no tan lejano importantes nubarrones que urgen a aumentar sensiblemente los ingresos del Estado.</p>
La OCDE pide reformar el IVA e introducir impuestos al diésel o a las viviendas vacías para abordar las críticas necesidades de financiación que se abren
El PIB de España crece muy por encima de la media de sus socios en la Unión Europea; sus previsiones de recaudación fiscal están en récords históricos; su población activa también, rozando por primera vez en la historia los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social; y el país disfruta de la inyección extra de los fondos europeos. Sin embargo, pese a todo esto, asoman en un horizonte no tan lejano importantes nubarrones que urgen a aumentar sensiblemente los ingresos del Estado.
La rapidez con la que avanza la tendencia del envejecimiento de la sociedad en nuestro país (por encima de la media europea) ha sorprendido a la propia OCDE, que este miércoles alertaba sobre la presión que el mismo ejerce sobre los gastos del Estado en asuntos como la atención, el coste sanitario y, sobre todo, en las pensiones.
Según sus cálculos, el gasto asociado al envejecimiento en España se disparará 5,2 puntos de PIB, o lo que es lo mismo, cerca de 83.000 millones de aquí a 2050. La factura de las pensiones, en el mismo período, engordará unos 51.000 millones, un 3,2% del PIB del país.
Esto no supondría un problema si los ingresos del sistema crecieran al mismo ritmo, o por encima. Pero la OCDE da por seguro que la brecha entre ingresos y gastos del sistema español de pensiones, su déficit, va a seguir escalando en los próximos años si no se hace nada al respecto.
Las reformas planteadas hasta ahora, como el retraso progresivo de la edad de jubilación, la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la reforma del régimen de autónomos o la ampliación del período de cotización no cubren las necesidades futuras del sistema, según la OCDE. Las cotizaciones sociales, llamadas a sostener el grueso del gasto en pensiones apenas cubren hoy aproximadamente un 70% de la factura, por lo que el Estado se ve obligado a cubrir el otro 30% vía transferencias de otros impuestos. Estas transferencias, recuerda la OCDE, se han disparado en poco tiempo, pasando de 15.600 millones de euros en 2019 hasta los 41.600 millones en 2024, cerca de un 3% del PIB.
La AIReF proyecta, bajo las reglas actuales, un gasto medio en pensiones del 14,5% del PIB para el período 2023-2050, y en su primera evaluación de la regla de gasto en pensiones introducida en 2023 sostuvo que no es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, según apunta ahora la OCDE, la factura de las pensiones no va a parar de subir en las próximas dos décadas, escalando 3,2 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2050, y alcanzando un peso del 16,1% del total del PIB ese año.
«Esto generará un creciente volumen de pasivos implícitos que hoy no están financiados», advierte. El Aeging Report que la Comisión Europea publicó en 2024 fue todavía más allá, calculando un peso aún mayor sobre el PIB: del 17,3% en 2050.
«Dado que las pensiones ahora están totalmente indexadas a la inflación y no existe ningún ajuste automático por el aumento de la esperanza de vida, el sistema se encarece con el tiempo. Al eliminar el factor de sostenibilidad que vinculaba las prestaciones a la esperanza de vida en 2021, y al revalorizar las pensiones según la inflación, el sistema ha pospuesto el ajuste fiscal, pero ha amplificado su magnitud futura», sostiene el Estudio económico sobre España que el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, presentó ayer en Madrid ante al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Para hacer sostenible el sistema, la OCDE urge a España a plantear una reforma en profundidad del mismo, algo que actualmente no parece en la agenda del Ejecutivo, ni de ningún otro partido político por su propia voluntad. La OCDE espera que de esta reforma salga un sistema que tenga en cuenta el aumento de la esperanza de vida del país y que entre otras cosas, aumente el período de referencia para el cálculo de los derechos de pensión u otros mecanismos similares. Señala que sería conveniente que España eleve a 35 años el período cotizado que se toma como base para el cálculo de la pensión de jubilación. También es clave, añade, asegurar «un seguimiento regular, dinámico y prospectivo de las presiones sobre el gasto en pensiones».
La necesidad de incorporar fuentes de ingresos al sistema debe ser prioritaria, a ojos de la OCDE, pero con cuidado de no producir efectos desincetivadores sobre el propio empleo. Para ello propone acometer una reforma fiscal en nuestro país: «Existe margen para reequilibrar la estructura tributaria hacia impuestos menos distorsionantes», advierte.
La ratio de ingresos fiscales sobre el PIB de España se situó en un 37,3% en 2023 por encima de la media de la de los países de la OCDE que está en el 33,9%. Sin embargo, a juicio de la organización que lidera Cormann, el sistema fiscal español «impone una elevada carga sobre los impuestos al trabajo, lo que puede desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo, mientras que recauda menos por el consumo que sus homólogos de la UE y la OCDE».
Su recomendación para España es la de acometer una «reforma tributaria más integral» que reequilibre la estructura «hacia impuestos menos distorsionantes». Plantea abiertamente la necesidad de armonizar los tipos del IVA y reducir sus exenciones actuales, así como la equiparación de los impuestos especiales sobre el diésel y la gasolina y reforzar la fiscalidad energética y la existente sobre los vehículos. Todo ello, añade, «combinado con una reducción de las cuñas fiscales para las familias de bajos ingresos».
Entre otras figuras impositivas, la OCDE proyecta la posibilidad de establecer un impuesto a las viviendas vacías que sea gradual en función del tiempo que lleven en desuso y de la ubicación del activo, permitiendo a los municipios definir zonas de presión urbana y ajustar los tipos impositivos en consecuencia.
Con este sistema, la organización entiende que se garantiza una adaptación a las particularidades locales del mercado inmobiliario. Se calcula que en nuestro país existen unas 3,8 millones de viviendas vacías, ubicadas en su mayoría en zonas con escasa o nula demanda «debido a las limitadas perspectivas laborales o porque están alejadas de servicios y comodidades», acota la OCDE. El 33% de las viviendas totales de España, añade, se encuentran en localidades con menos de 1.000 habitantes y solo el 18% de las vacías se encuentran en ciudades medianas o grandes, donde vive el 53% de la población.
Pese a la mejora en los últimos años que la OCDE reconoce a las finanzas españolas, sigue viendo necesario abordar el reto de la consolidación fiscal para contener la deuda a medio plazo. En esa senda de ajuste es donde integra la reforma de las pensiones, pero también la de otras prestaciones, y la impositiva. El impacto de estas necesarias medidas de ajuste a ojos de la OCDE, sería equivalente al 0,4% del PIB, unos 6.800 millones.
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