Estados Unidos fletó el pasado enero dos vuelos privados para deportar a Cisjordania a ciudadanos palestinos que estaban detenidos en las cárceles del ICE, la impopular policía migratoria de Donald Trump. El avión utilizado pertenece a Gil Dezer, un amigo personal del presidente con el que comparte proyectos inmobiliarios, según una investigación conjunta del diario británico The Guardian y el portal palestino-israelí +972 Magazine. La aeronave de este magnate engrosa una red opaca de vuelos privados empleados en la campaña de deportación masiva que la Casa Blanca ha impulsado desde la llegada de los republicanos, según los registros de Human Rights First (HRF), una entidad estadounidense que sigue los aviones de deportación impulsados por la Administración Trump.
El ICE fletó vuelos para expulsar vía Tel Aviv a hombres con trabajo, hijos o que habían tenido residencia legal en suelo estadounidense, de acuerdo a una investigación de ‘The Guardian’ y ‘+972 Magazine’
Estados Unidos fletó el pasado enero dos vuelos privados para deportar a Cisjordania a ciudadanos palestinos que estaban detenidos en las cárceles del ICE, la impopular policía migratoria de Donald Trump. El avión utilizado pertenece a Gil Dezer, un amigo personal del presidente con el que comparte proyectos inmobiliarios, según una investigación conjunta del diario británicoThe Guardian y el portal palestino-israelí +972 Magazine. La aeronave de este magnate engrosa una red opaca de vuelos privados empleados en la campaña de deportación masiva que la Casa Blanca ha impulsado desde la llegada de los republicanos, según los registros de Human Rights First (HRF), una entidad estadounidense que sigue los aviones de deportación impulsados por la Administración Trump.
El primero de los dos vuelos salió el 20 de enero desde un aeropuerto cercano a un centro de deportación en Phoenix, Arizona, con ocho pasajeros esposados a bordo. Recargó combustible en Irlanda y en Bulgaria y, finalmente, aterrizó al día siguiente en Tel Aviv. Desde allí, los pasajeros fueron trasladados a un puesto de control militar en las afueras del municipio de Ni’lin, en Cisjordania, donde fueron liberados tras haberles requisado antes la documentación personal y los teléfonos móviles. Un segundo vuelo con un número desconocido de palestinos aterrizó el lunes en Tel Aviv, también como aparente paso previo al posterior traslado al mismo territorio palestino ocupado.
Las alarmas saltaron el 21 de enero. El diario israelí Haaretz obtuvo una fotografía en la que se veían hombres en atuendo presidiario y cabizbajos, bajando de un avión privado por una escalinata, mientras una docena de agentes de seguridad vestidos con ropa de calle los esperaba abajo. Poco después, un residente de la zona donde fueron liberados se quedó “impresionado”. “Vi cómo un grupo de hombres caminaba hacia mi casa vistiendo como los presos [palestinos] en las cárceles israelíes”, explica Mohamed Kanaan, profesor de profesión. La aparición del desorientado grupo confundió también al vecino, que alega que “el ejército israelí no suele liberar detenidos en ese puesto de control”.
Kanaan recuerda los hechos en la investigación periodística publicada el jueves, que recoge lo sucedido aquel día, cuando Kanaan acogió a aquellos hombres en su casa durante horas hasta que pudieron contactar con sus familias. Algunas los daban por desaparecidos tras periodos largos de detención sin contacto con el exterior. “Una madre se puso a gritar y a llorar al teléfono”, relata.
Según los hallazgos de The Guardian y +972 Magazine, varios de los deportados habían tenido una tarjeta verde —el documento que en EE UU prueba la residencia permanente legal de los extranjeros—, llevaban años en el país o habían formado familias con hijos con las que ahora no pueden reunirse. “Todo lo que sé y todo lo que he vivido está en EE UU”, lamenta Maher Awad, uno de los deportados. Tiene 24 años y ha pasado casi una década estudiando y trabajando en Kalamazoo, Michigan. Allí deja atrás una pareja y un primer hijo que no ha llegado a conocer, pues nació cuando él estaba recluido en el centro de internamiento del ICE. Awad ahora se encuentra en Ramun, cerca de Ramala, de donde partió cuando tenía 15 años.
Sameer Zeidan, de 47 años, es otro de los expulsados. Vendía comestibles en el Estado de Luisiana, donde han quedado su mujer y sus cinco hijos, todos ellos con pasaporte estadounidense. “Toda su familia está allí”, lamenta su tío desde otro municipio cercano a Ramala.
“Misión especial de alto riesgo”
El avión en el que Awad y Zeidan viajaron hasta Tel Aviv —con dispositivos de inmovilización corporal y las manos atadas a la altura del estómago, según han narrado— es un jet privado de la marca Gulfstream GIV valorado en más de 20 millones de euros en el momento de su creación. Su propietario, Dezer, es un magnate inmobiliario y heredero de una empresa que ha hecho fortuna en Florida, en ocasiones impulsando proyectos junto a Trump, a quien ha aportado más de un millón de euros para financiar sus campañas electorales.
Dezer, que es miembro de una asociación que recolecta fondos para el ejército de Israel y cuyo padre tiene la ciudadanía israelí, ha asegurado a The Guardian que desconoce el uso que se hace de su avión —al que ha descrito en el pasado como su “juguete preferido”— cuando Journey Aviation, una empresa radicada en Florida y contratada con frecuencia por la Casa Blanca, fleta vuelos con su nave.
El ICE dice en su web que prevé la programación de “misiones chárter de alto riesgo” para repatriar a personas que no pueden ser expulsadas mediante aerolíneas comerciales por su lugar de destino “o debido a preocupaciones de seguridad o factores de riesgo”. La policía migratoria valora el coste de estos vuelos entre 6,000 y 22,000 euros a la hora. Fuentes de aviación consultadas por The Guardian dicen que volar a Israel y volver desde EE UU podría haber costado 400.000 euros; unos 50.000 por cada deportado en el primer vuelo.
Aunque el amigo de Trump se desmarque, su avión ha sido utilizado desde octubre en al menos cuatro ocasiones más para expulsar a ciudadanos hacia Kenia, Liberia, Guinea o Esuatini, de acuerdo a HRF, que acusa a Washington en su web de “llevar a cabo una agenda de deportaciones masivas sin precedentes” con “tácticas legalmente cuestionables e indudablemente crueles”. Savi Arvey, directora de investigación de HRF, señala en The Guardian que el avión de Dezer “es parte de un sistema opaco de aeronaves privadas que facilitan” deportaciones masivas, ignorando “de manera flagrante los procesos adecuados, separando familias y operando sin rendición de cuentas”.
Un caso sin precedentes conocidos
Michael Sfard, abogado israelí especializado en derechos humanos, no conoce precedentes a los vuelos llegados a Tel Aviv. Asegura a EL PAÍS que “ni tan siquiera a los casos humanitarios” se les permite aterrizar en el aeropuerto de Ben-Gurión antes de avanzar hacia Cisjordania. Sfard vincula la existencia de estos movimientos con “algún interés específico”, ya sea de Israel hacia esos deportados o para satisfacer a Trump. El Gobierno israelí no se ha pronunciado.
Tras el primer vuelo, Haaretz informó deque EE UU había pedido de manera expresa la deportación de esos individuos, y que la Shin Bet, la agencia de inteligencia israelí, lo aprobó porque sus perfiles no hicieron saltar los sistemas de seguridad.
A Awad lo detuvieron en su casa cuando había llamado para denunciar un robo. El arresto, aparentemente, tuvo relación con “una acusación de violencia doméstica” que tanto su pareja como él aseguran haber retirado con anterioridad. Al salir de la comisaría local, los agentes del ICE lo estaban esperando. No volvió a andar libremente hasta que llegó a Cisjordania, donde le “asusta” la violencia que engulle el territorio, y llora por las noches al ver a su hijo durante las videollamadas que hace con su pareja. En el caso de Zeidan, lo que le condenó fue no haber renovado su residencia después de haber permanecido un tiempo en prisión, hace una década.
Según +972 Magazine, que Washington no haya reconocido al Estado de Palestina lleva a los agentes fronterizos a clasificar a los palestinos en ocasiones como israelíes, jordanos o de países por los que hayan pasado de camino a EE UU. Eso dificulta su deportación, puesto que esos gobiernos se niegan a recibirlos. En el pasado, este dilema ha llevado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Estado a abstenerse de deportar a ciudadanos palestinos, alargando a menudo su periodo de detención. Ahora, la declaración a ese medio de un portavoz del DHS que se niega a comentar los vuelos a Israel sugiere un cambio: “Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo expulsaremos. Punto”.
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