<p>Nuevo informe negativo para España. El <strong>Greco</strong>, el Grupo de Estados contra la Corrupción del <strong>Consejo de Europa</strong>, ha publicado este viernes una actualización de los informes sobre la situación en nuestro país. El resultado es que España sigue sin cumplir de forma completa ninguna de las 19 recomendaciones que estableció en 2019. </p>
El nuevo documento del Greco, que España ha bloqueado hasta el 1 de agosto, mantiene que sigue sin cumplirse de forma completa ninguna de las 19 recomendaciones establecidas hace seis años
Nuevo informe negativo para España. El Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, ha publicado este viernes una actualización de los informes sobre la situación en nuestro país. El resultado es que España sigue sin cumplir de forma completa ninguna de las 19 recomendaciones que estableció en 2019.
El Greco muestra especial preocupación por la falta de avances en la lucha contra la corrupción en el seno del Gobierno y en los altos cargos de la Administración Central. En concreto, lamenta «la falta de determinación y resultados tangibles en relación con las recomendaciones emitidas respecto a las altas funciones ejecutivas del Gobierno central».
El organismo había celebrado previamente algunas mejoras en la lucha general contra la corrupción en todos los ámbitos de la Administración, pero pidiendo que se abordara con medidas concretas la «específica» situación de los puestos de mayor relevancia. No se ha hecho, concluye el informe tras examinar la información remitida a principios de año por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En general, la respuesta de España a las recomendaciones del Greco sigue siendo «insuficiente», y la mayoría de las medidas solo se han implementado parcialmente. El organismo contra la corrupción insta a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para poner en marcha las reformas y fortalecer los mecanismos anticorrupción en relación con los puestos públicos más destacados.
El informe llega cuando el caso Koldo sacude al Ejecutivo de Pedro Sánchez y tiene entre los investigados a José Luis Ábalos, ex responsable de Transportes, el ministerio con mayor presupuesto. La corrupción en adjudicaciones públicas centra las actuaciones en el caso Koldo y ha salpicado también a altos cargos como los ex responsables de Adif y de Carreteras. El perfil sobre el que el Greco pedía actuar.
Otro punto de fricción son las restricciones impuestas a la reincorporación a la empresa privada de cargos públicos, que según el Consejo de Europa deben «reforzarse». En particular «en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados». Subraya que la Oficina de Conflictos de Intereses «sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio», así como de capacidad sancionadora.
En la misma línea, las iniciativas para regular el funcionamiento de los lobbys «aún no se han materializado» y que «sigue pendiente» permitir el acceso público a las agendas que reflejan los contactos de los lobistas con los cargos públicos. Este punto destaca ahora en coincidencia con el caso Montoro, en el que se indaga la influencia en la legislación que tuvo del despacho vinculado al ex ministro de Hacienda.
El informe critica que sige paralizada la reforma de los aforamientos, también en el debate público reciente. Además de por haber afectado a la investigación del caso Koldo -está en el Supremo porque José Luis Ábalos continúa como diputado-, por el caso del «hermanísimo». La Justicia ha criticado las maniobras del líder del PSOE de Extremadura para intentar obtener el aforamiento antes de que le enviara al banquillo la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno.
El reporte examina también la situación de las medidas anticorrupción en la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los que detecta «avances», pero también «carencias persistentes». Es más favorable a la actuación del Instituto Armado, por el funcionamiento del Sistema de Integridad de la Guardia Civil y el Plan de Acción de Ética Profesional. Desde el Gobierno y su entorno se ha puesto en duda la actuación de la Guardia Civil, relacionándolo con sus investigaciones al Ejecutivo y su entorno.
El informe ahora conocido se aprobó el pasado mes de junio, si bien el Gobierno español estableció -es su prerrogativa- que no se pudiera divulgar hasta este 1 de agosto, algo que llevó al PP a afirmar que buscaba ocultar sus conclusiones en a operación salida. En informe anterior fue aprobado en diciembre de 2023, pero entonces el Gobierno tardó 16 meses en autorizar su difusión. Ese retraso ha hecho que la última actualización casi se haya solapado con la conocida en abril.
El nuevo informe supone una mejora en el balance global de las recomendaciones. En el anterior, 13 se había complido parcialmente y seis seguían sin cumplirse. Ahora la proporción es de 16-3. Ninguna de las 19 que recomendaciones que en 2019 el Consejo de Europa remitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez se da por cumplida. El informe ahora conocido se cierra con la petición del Greco de que el presidente Consejo de Europa escriba al ministro de Asuntos Exteriores para darle cuenta del incumplimiento y de la necesidad de «actuar con determinación» para obtener resultados concretos lo antes posible.
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